Cuando Napoleón invadió Egipto hubo una crónica muy interesante que les llamó la atención a muchos historiadores occidentales. Se trata de la visión que tenía un cronista egipcio llamado Al-Jabarti sobre lo que estaba pasando en ese momento en su país. Cuando él ve la llegada de Napoleón se lamenta porque empezó una secuencia de desgracias. Y la primera desgracia fue, para él, que ese año no se realizó la peregrinación a La Meca. Este historiador egipcio cuenta la visión escandalosa que tenían sus conciudadanos de los franceses que invadían Egipto. Al-Jabarti observó que tenían costumbres extrañísimas: por ejemplo, no usaban velo; orinaban al aire libre; los hombres elegían a las mujeres que querían y las mujeres a los hombres que querían; también lo espantó que usaran papel higiénico. Pero hay algo que les llamó la atención para bien. Un soldado se levantó contra su jefe y, a diferencia de lo que pasaba entre los egipcios, fue juzgado en un juicio justo. Napoleón llevó a Egipto una cantidad de prodigios de la ciencia y de la tecnología de entonces, pero lo que llamó la atención a ese cronista fue un rasgo cultural, civilizatorio, político: se le podía oponer una verdad al poder; el débil fue juzgado y mereció un juicio justo. Es un tema central hoy en la Argentina. De esto se está discutiendo.

Pertenecemos a una tradición que, desde hace tres o cuatro siglos, está basada en la siguiente idea: somos personas libres que cedemos parte de nuestra libertad para constituir un Estado que nos administre mejor, pero que preserve más nuestra libertad, que nos permita ser más libres. Para eso delegamos parte de nuestro libre albedrío para tener una Justicia en común, una seguridad, un sistema de salud, un sistema educativo. Pero, como sabemos que ese Estado puede desbordarse y venirse en contra de nosotros, caer sobre nuestras libertades, establecemos una cantidad de dispositivos que nos salven de eso. Uno es la libertad de prensa, la posibilidad de criticar libremente al poder; la otra, una serie de garantías sobre la libertad económica; y otro de los dispositivos que inventó la sociedad occidental para preservarse es la independencia del Poder Judicial. Eso que admiraba Al-Jabarti, la posibilidad de un juicio justo para el débil, para quien no tiene poder.Estos temas, que están garantizados por la Constitución Nacional, están puestos en tela de juicio en la Argentina, desde hace por lo menos una década. Hay un conflicto ideológico que se proyecta sobre la política. Un país empatado acerca de si estos deben ser los valores o las reglas que nos deben regir.

A medida que la crisis económica, muy alentada por la cuarentena, pone en tela de juicio, hace resquebrajar determinadas seguridades, nos coloca en una emergencia material la discusión sobre estas reglas y valores se vuelve más intensa. La pregunta es hasta dónde una economía más autoritaria no requiere de una política más autoritaria.En el centro de esta cuestión aparece un tema aparentemente intrascendente, técnico, pero que por el contexto en el que emerge condensa toda esta discusión. Es como si en un hecho anecdótico se concentrara el destino de toda la sociedad: me refiero al caso de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli. Es una discusión técnica acerca de si están ocupando sus lugares correctamente, porque fueron trasladados desde otros tribunales. Los tres tienen una peculiaridad: dos de ellos ya juzgaron y sancionaron a Cristina Kirchner. Uno de ellos, Castelli, forma parte del tribunal oral que la va a juzgar en el caso de los cuadernos.

Cristina Kirchner como presidenta del Senado y como líder inapelable de la mayoría los desplazó, siguiendo un procedimiento que está cuestionado en la Justicia pero, además, desobedeciendo una acordada de la Corte, de 2018. Cuando aparecen estas anomalías institucionales ocurren rarezas. Cuando una sociedad sabe acordadas de la Corte con nombre y número se trata de una sociedad bastante enferma, porque quiere decir que se están cuestionando cosas muy elementales, que en otros lugares se desconocen, porque no se discuten. La presidenta del Senado, el Consejo de la Magistratura, la ministra de Justicia y el Presidente ignoraron una acordada de la Corte y los reemplazaron. Para ponerle el sello a este problema, la vicepresidenta no presidió la votación.Los jueces fueron a la Justicia. El caso está en la Cámara Contencioso Administrativa. Tiene tres miembros la Cámara: el juez Pablo Gallegos Fedriani, que se excusó porque también es un juez trasladado; Jorge Alemany y Guillermo Treacy, quien forma parte de esa Cámara a partir de un concurso que en su momento fue anulado por la Justicia. Vemos que todo el campo está minado, donde uno mira de cerca, hay fisuras.

La Cámara viene con bastante lentitud tratando este tema. Por ejemplo, el viernes pasado pidió por oficio al Senado que le envíe la versión taquigráfica de la sesión donde se desplazó a los jueces. Raro porque esa versión está online. Los jueces, ante la urgencia de verse desplazados, le reclamaron a la Corte que tome el caso con un per saltum. El procedimiento del per saltum fue reglamentado en la Argentina y es, con lógica, excepcional. Supone pasarse por encima todo un procedimiento, que es que un tema en discusión pase por la primera y segunda instancia hasta que finalmente llega a la Corte. Estos jueces quieren que se aplique el per saltum, que fue aplicado solo una vez en el tiempo en que esa institución está reglamentada, que fue justamente con la famosa "democratización" de la justicia que pretendía Cristina Kirchner, por la cual ataba el Consejo de la Magistratura a la elección presidencial.

Esto es importante porque va de la mano con otros temas. Por ejemplo, la pretensión de remover al Procurador General de la Nación, al jefe de los fiscales, que es el que da instrucciones o puede dar instrucciones a los fiscales que van a acusar al kirchnerismo, a Cristina, o a cualquier otro funcionario también del gobierno de Macri en los tribunales orales. El Procurador puede reemplazar fiscales, les puede decir "esta acusación la mantenemos o la bajamos", ejerce un enorme poder sobre los que acusan. Todo va adquiriendo los rasgos de una operación para buscar impunidad.

Por eso todo el mundo mira a la Corte. Porque ocupa un rol estratégico. Es la que dice qué dice la ley, es la que dice cuándo el gol es gol. En culturas institucionales que entienden este rol estratégico, la presencia de un juez virtuoso o no virtuoso en la Corte puede ser conmocionante. Lo estamos viendo hoy en Estados Unidos por la muerte de Ruth Bader Ginsburg, que era una jueza ejemplar. Muy probablemente demócrata, pero admirada hasta por Trump. Esto es lo que simboliza la Corte, por eso todo el mundo se está fijando en ella a ver cómo juega en esta encrucijada institucional donde se condensan tantos significados.Pero, además, se mira por una segunda razón: porque el Senado (con Cristina Kirchner a la cabeza, Alberto Fernández al obedecerle, y el Consejo de la Magistratura al proponer que se revisen estos procedimientos y la situación de estos jueces) no se está burlando de Bruglia, Bertuzzi y Castelli solamente. Se está burlando de la Corte, que es la que ya en una acordada definió que la situación de esos jueces es correcta. Y no sabemos dónde va a terminar esta burla hacia la Corte. Si se limita a esa acordada o, seguirá, hasta poder reemplazarlos a los jueces, si es que algún día la vicepresidenta obtiene los dos tercios en el Senado, para los cuales le faltan cuatro votos. Es decir que la Corte, defendiendo esta situación, también se defiende a sí misma.Lo que está en tela de juicio es la forma en que limitamos al poder. La forma en que nos garantizamos nuestras libertades frente al que manda. El sistema institucional que nosotros adoptamos tiene dos mecanismos para hacer eso. Uno ya lo mencionamos, la división de poderes y, centralmente, la justicia independiente. Hay otro mecanismo para limitar el poder del que manda y garantizarnos determinado espacio de autonomía o libertad: la división del poder territorial, el federalismo. Es otra institución agredida. A la Ciudad de Buenos Aires se le quitaron recursos por un decreto sin siquiera pedir la autorización de la propia ciudad, como es de práctica, porque hay un convenio entre ambas.Hay un cuestionamiento a la autonomía del Poder Judicial, que es uno de los instrumentos que nos damos para defendernos del poderoso, y hay otro cuestionamiento a la autonomía territorial de algo que la Constitución prácticamente establece casi como una provincia, que es la ciudad de Buenos Aires, declarada autónoma en la Constitución del '94.

Hubo una reunión el jueves, a raíz de la infinita cuarentena, de la que participaron Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. El Presidente le explicó a Larreta: "Mirá, tuve que hacer lo que hice porque Martín Guzmán me dijo que no había más plata y teníamos que darles plata a los policías que estaban levantados en la provincia de Buenos Aires. Y Silvina Batakis, la secretaria de provincias del Ministerio del Interior, también me vino a decir que no había más plata. Lo único que podemos hacer es sacarle plata a la ciudad de Buenos Aires". Y le sacó plata a la Ciudad de Buenos Aires. Esto es interesante porque para el resto de las jurisdicciones, sobre todo si son peronistas, cuando falta plata se emite. Es decir: para los míos, emito; para los que no me votan, los obligo al ajuste. Porque lo que hay en la ciudad de Buenos Aires hoy es un ajuste. Muchos economistas dicen esta es la gran oportunidad para que el Gobierno repiense las finanzas provinciales. No. En el único caso que se están pensando las finanzas de una jurisdicción es en el caso de CABA. Curiosamente, es opositora en términos electorales. Y, curiosamente, está siendo gobernada por uno de los más verosímiles candidatos a competir con Fernández, o con cualquier candidato del Frente de Todos, para las elecciones de 2023.

Esto de la falta de dinero se va a ir multiplicando y es un tema muy importante ver cómo el Estado lo resuelve. Por ejemplo, acaba de quebrar Osplad, la obra social de los docentes, manejada por aliados de Roberto Baradel. Gran problema para Ginés González García y para el Superintendente de Salud: mirar qué pasó ahí y dónde están los recursos. Entre otras cosas, porque es una obra social con poco gasto, porque muchos de los afiliados tienen otra obra social o son empleados provinciales. Estamos hablando de Osplad, ligada a Ctera, que es el corazón gremial del kirchnerismo.El conflicto de la ciudad, entonces, también va a la Corte. Este es otro rasgo curioso que está adquiriendo la política. Todos los temas políticos terminan en la Corte, porque la política ha perdido la capacidad de negociación y resolución.También es curioso: Alberto Fernández le pidió a Rodríguez Larreta que no mande el reclamo a la Corte. Pero, ¿cómo hace el jefe porteño si no va a la Corte para justificar después que se ve obligado a aumentar los impuestos? Otro tema importante, entonces: lo que va a tener que resolver la Corte es si la ciudad es, o no, una provincia y, por lo tanto, si lo que hizo Fernández puede replicarse con otras provincias, en un avance muy importante del Poder Ejecutivo sobre el federalismo.Entonces, avanza el Senado sobre la Justicia y avanza el poder central sobre las provincias. Pero estas no son las únicas tensiones. La ruptura con Larreta, al igual que el traslado de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli significó que esa avenida por la que quería transitar Fernández para salir de la polarización en la que está la Argentina, sobre todo desde los gobiernos de Cristina Kirchner, se bloqueó. Incluso Santiago Cafiero llegó a decirle a un colaborador cercano al jefe porteño que con esta situación se anuló una política de ellos, muy importante, por culpa de Cristina.Por otro lado, detrás del levantamiento policial aparecen otras tensiones que se están agudizando. Basta mirar a los policías que desplazó Berni y, si se mira con lectura política, se va a ver que son policías ligados a intendentes del conurbano a los que Cristina Kirchner les atribuye, por lo menos, haber tolerado y después haber alentado esa sublevación policial que hubo en la provincia. Ahí está Alejandro Granados como uno de los culpables del kirchnerismo y también Juan Zabaleta, intendente de Hurlingham. ¿Hubo alguien que desde Olivos alentaba la manifestación? Funcionarios provinciales creen que sí. Quiere decir que empieza a haber una visión paranoica en la interna kirchnerista y gente ligada a Cristina Kirchner que supone que Alberto Fernández junto con intendentes del conurbano son parte de una conspiración.¿Qué es lo importante de todo eso? Que toda esta situación se proyecta sobre la economía. ¿Esta política puede ayudar a resolver una crisis económica como la que tenemos, la cual se inscribe en un problema de larga duración, es decir, de 10 años de estancamiento? 

En ese plano se da una dificultad enorme con un Gobierno que emite muchísima moneda y que promete emitir más. En el mejor de los casos, en el presupuesto que Martín Guzmán mandó al Congreso se dice que hay que emitir un billón de pesos para cubrir el déficit de 4,5 puntos. Y estamos hablando del paraíso de Guzmán y no de lo que necesariamente va a pasar. Sin embargo, ¿que podría hacer? Porque no puede no emitir. Es muy difícil imaginar fuentes de financiamiento distintas de la emisión.Ahí es cuando se vuelve importantísimo el horizonte que plantea el Gobierno respecto de cómo va a salir de un problema que es aparentemente inevitable. Ahí es cuando el conflicto político trabaja muy en contra de la posibilidad de salir de la crisis y de recuperarnos con alguna velocidad. El Gobierno habla sobre esto y dice que, en realidad, no es que sobren pesos sino que faltan dólares. Pero toma medidas que daría la impresión que van a hacer que falten más dólares.

Muchas medidas que vemos del Gobierno van en contra de las exportaciones. Es decir, en contra de que haya más dólares. Y empieza a haber empresas afectadas por esto como, por ejemplo, el caso de Falabella. La empresa le explicó al Gobierno que ellos venden ropa y tratan de estar con la estación y que como no hay dólares y hay que administrar las importaciones de una manera muy lenta la indumentaria de verano llega en invierno. El Gobierno les preguntó por qué no fabrican la ropa en el país y la respuesta fue obvia: "Porque no somos fabricantes". Daría la impresión que en el Gobierno no entienden muy bien el problema en el que están metidos. Ahora vemos que también se suspende la financiación del Ahora 12 para la compra de celulares. En alguna medida hay que celebrarlo porque pone de manifiesto que todo lo que nos venden como gran proyecto de industria nacional en Tierra del Fuego para producir teléfonos es en realidad un negocio de importación.Veremos cómo sigue esto y qué efecto tienen estas medidas cambiarias en el futuro.Por ahora ya tuvo un primer efecto. La decisión de que las empresas que tienen deuda en dólares no puedan pagarlas motivó una reunión vía Zoom entre Wilbur Ross, el secretario de Comercio de Estados Unidos, el ministro de Producción, Matías Kulfas, el secretario en cuestiones estratégicas, Gustavo Béliz, y cuatro empresas americanas. Ross, que es un hombre de Trump, es decir, con pocas sutilezas, les indicó que con este tipo de medidas el acuerdo con el FMI en lo que depende de Estados Unidos va a ser muy difícil. Aparece otra cuestión de mediano plazo.

Por otro lado, sigue la judicialización de todo. El DNU que transformó las telecomunicaciones en servicio público está en la Justicia. Lo llevó Alberto Pierri y este fin de semana el Grupo Clarín, que es Telecom. Hay mucha gente enojada en Telecom, sobre todo dos personas: Sebastián Eskenazi, muy gravitante en la vida de Alberto Fernández durante todo el tiempo que estuvo fuera del poder y ahora se queja de que el Presidente no le atiende el teléfono, y Jorge Brito. Ambos son cercanos a David Martínez, socio de Clarín en Telecom. Hay un malestar político entonces con Alberto Fernández y con Sergio Massa, que era el garante de que ese tipo de decretos no iban a pasar.Pregunta final: ¿Frente a toda esta crisis la única que hace política es Cristina? ¿O la sociedad argentina tiene recursos como para equilibrar al poder? Justamente este interrogante es el que está detrás de la coparticipación de la ciudad y de la situación de los tres jueces, Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Por eso hay gente que en las manifestaciones lleva carteles que dicen Bruglia y Bertuzzi. Ellos jamás soñaron con eso.Cristina Kirchner ya se llevó puesto al Poder Ejecutivo, y ahora vemos que desde el Senado también lo hace con la Justicia. Esto es lo que está en discusión esta semana, por eso estamos mirando a la Corte.Los abogados repiten una historia de Federico de Prusia. La historia cuenta que un granjero obstruía la visión del palacio del rey con un molino. Federico le ofreció pagarle para quitar el molino, y el granjero no quiso. Le ofreció más plata. Y tampoco quiso. Amenazó con expropiarlo. Y el granjero apareció en el palacio. Federico El Grande pensó que el granjero se había rendido. Pero no: traía una medida en su favor de un juez de Berlín. Dicen que Federico dijo: "Me alegra que queden jueces honestos en Berlín". Veremos si nos alegramos de que haya jueces honestos en la Argentina.

Por: Carlos Pagni