El Congreso continúa con la recolección de pruebas en el Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema y en estos días recibió documentación que complica a los jueces Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz en particular y a la Corte en general. Del primero, Maqueda, un mail donde reconoce que supervisó la Obra Social del Poder Judicial sin ninguna resolución o acto administrativo que lo designara, algo que confirma su responsabilidad en los desfalcos denunciados en la prestación médica de los judiciales pero no desliga a la Corte en pleno de la situación; del segundo, Rosenkrantz, la nota donde advirtió que comenzaría a intervenir en causas de sus ex clientes, revelada por El Destape en octubre de 2021. El rol de Maqueda en la Obra Social de los judiciales y la participación de Rosenkrantz en fallos de sus ex (¿ex?) clientes son dos de las líneas de investigación que sigue la Comisión de Juicio Político que preside la diputada Carolina Gaillard.

Supervisor

De Maqueda hasta su llega a la Corte es cuestionable. Lo designó el senador en ejercicio de la presidencia Eduardo Duhalde. El decreto tiene firma el 27 de diciembre de 2002 y se publicó en el Boletín Oficial recién el 30, pero el mismo 27 Clarín ya puso en tapa: “Maqueda, jurista del PJ de Córdoba, ya está en la Corte”. Raro.

La existencia de un mail donde Maqueda reconoce su rol en la Obra Social del Poder Judicial la deschavó otro cortesano, Ricardo Lorenzetti. En la acordada 28 del 2022, donde Horacio Rosatti buscó modificar el Estatuto de la Obra Social por enésima vez, Lorenzetti votó en disidencia, criticó esa nueva modificación de la estructura de la prestadora médica de los judiciales y, en el considerando 8, reveló ese mensaje de Maqueda.

Alertada de la existencia de este mail de Maqueda, el 16 de febrero pasado la Comisión de Juicio Político resolvió pedirlo. La diputada Gaillard le mandó una nota a Rosatti, presidente de la Corte, para tener una copia. Se la mandaron, con la aclaración de que “no implica, en modo alguno, establecer un precedente para futuras peticiones”. ¿De qué se atajan? ¿Por que, si los cortesanos creen que la Comisión de Juicio Político no puede pedirles comunicaciones internas, envían esta de Maqueda?

El mail de Maqueda dirigido a Rosatti, Lorenzetti, Rosenkrantz y la aún cortesana Elena Highton de Nolasco, es del 30 de agosto de 2021. Dice: “Desde el día de mañana, 31 de agosto de 2021, dejo de actuar en la Supervisión de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación; tal como se los adelantara a Uds. por zoom en reiteradas oportunidades. No presento una renuncia sujeta a aceptación porque no conozco ninguna Resolución o Acto Administrativo que me hubiera designado formalmente”.

Ese párrafo muestra varias cosas. Primero, que Maqueda efectivamente tenía la tarea de supervisar a la Obra Social del Poder Judicial. Segundo, que ejerció ese rol sin una designación oficial. Eso, según pudo averiguar El Destape, es común en la Corte, que divide tareas a su cargo entre sus integrantes. En este caso, eso complica a todos: a Maqueda por su responsabilidad directa y a Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti y Highton de Nolasco porque el control de la Obra Social es, de hecho, de la Corte en pleno.

En el mail Maqueda dice que “durante la primera Presidencia de la Corte Suprema de Justicia del Dr. Ricardo Lorenzetti me fue asignada la tarea de Supervisión de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación y continué con esta labor hasta el presente”. La primera gestión Lorenzetti comenzó en 2007.

Maqueda agrega que “es un ciclo cumplido y para mí terminado con luces y sombras. No es momento de un balance. Solo quiero recordar que estábamos con una Obra Social insolvente, anarquizada, con desfalcos y prestaciones médicas reducidas. Hoy contamos con una solvencia que nos dan 34.000.000.000 de pesos y cuatro millones de dólares”. ¿Como manejan todo ese dinero?

Un dato para poner en contexto: el martes pasado la Corte aceptó la renuncia de Aldo Juan Tonon como Director General de la Obra Social del Poder Judicial. En la resolución 511, disponible en la web de la Corte, acotaran que aceptan la renuncia “condicionada al resultado de las actuaciones administrativas y judiciales en trámite” y le recuerdan a Tonon que tiene 30 días hábiles para presentar su declaración jurada patrimonial. Maqueda firma la resolución junto a sus pares. Parece una advertencia.

Otro dato: el periodista Raúl Kollman publicó el año pasado en Página/12 que hay otra irregularidad en la Obra Social judicial que salpica a Maqueda: la designación de su sobrina María Guadalupe Burgos. Según informó Kollman, la sobrina de Maqueda declaró en una causa iniciada por los gremios judiciales por las irregularidades en la obra social y dijo que “a lo largo de 17 años firmó cheques por los pagos de la obra social, que son alrededor de mil millones de pesos mensuales, sin tener ninguna designación, sin ser contadora ni tener ninguna otra profesión y con escaso o ningún control”.

En el mail que complica a Maqueda, al que accedió El Destape, el cortesano dice que durante su Supervisión “se eliminaron prácticas corruptas que dieron lugar a sumarios administrativos y denuncias que terminaron con condenas penales a empleados y prestadores”. A los pocos meses su sobrina lo desmintió en sede judicial y esta semana renunció finalmente Tonon, que hizo tándem con Maqueda todos estos años.

“Mi experiencia de ejercer la Supervisión de la Obra Social sin tener poder de ejecución ha sido francamente negativa. Una pelea contra molinos de viento”, afirma Maqueda en el mail a sus colegas de la Corte.

La Comisión de Juicio Político ya cuenta con este documento que pone en aprietos a Maqueda pero también a los demás cortesanos.

¿Ex clientes?

El documento que complica a Rosenkrantz es el que revela que pasó de ser abogado de empresas a convertirse en abogado de empresas con despacho en el 4to piso del Palacio de Tribunales. Su existencia la reveló El Destape el 26 de octubre de 2021, cuando publicó que Rosenkrantz informó a sus colegas que comenzaría a intervenir en causas de sus ex clientes, algo ilegal.

La Comisión de Juicio Político que preside la diputada Gaillard ya tiene ahora el documento revelado por El Destape donde Rosenkrantz alegó que ya habían pasado 5 años desde que fue designado en la Corte, que había preferido “no intervenir para aventar cualquier posible percepción negativa sobre mi participación en ellas” (en referencia a causas de sus ex clientes) y sentenció: “intervendré en el futuro en tales causas”.

“Pongo en su conocimiento que he decidido intervenir en la presente causa” arranca la nota que Rosenkrantz les envió a Rosatti, Lorenzetti, Maqueda y Highton de Nolasco. “Si bien en autos está involucrada una parte (la empresa Claro) a la que el estudio jurídico al que pertenecí brindó algún tipo de asistencia legal mientras fui integrante de dicho estudio, no se configura ninguna causal de excusación”, dice Rosenkrantz. Argumenta que no intervino “en modo alguno -ni como letrado apoderado, ni prestando asesoramiento externo- en las cuestiones debatidas en la presente” causa. “Tampoco mi imparcialidad se ve afectada por razones de decoro y delicadeza” sigue Rosenkrantz. Alega también que en una causa donde la demandada era YPF, otro de sus ex clientes, la Corte rechazó una recusación en su contra. No distingue recusación de excusación. Detalles.

La nota termina así: “Aclaro que en otras causas anteriores en las que se configuraban circunstancias como las de la presente, preferí -hasta el momento- no intervenir para aventar cualquier posible percepción negativa sobre mi participación en ellas. Atento al tiempo transcurrido desde mi asunción como juez del Tribunal - más de cinco años- estimo que esa postura ya no se encuentra justificada. Por consiguiente, intervendré en el futuro en tales causas”. Es mentira: El Destape revisó los fallos de la Corte que involucraban a ex clientes de Rosenkratz previos a esa nota y encontró 21 casos donde violó la ley.

A los 7 días del “aviso”, el 28 de octubre de 2021, Rosenkrantz puso su firma en un fallo que rechazó un planteo de la AFIP contra Claro. No solo el “aviso” no se lo permitía: lo que dijo es falso. Por empezar, 22 de mayo de 2018 -más de 3 años antes- Rosenkrantz también firmó un fallo que involucraba a Claro, su ex cliente. No es que intervendría en el futuro, como dijo en su “aviso” ya lo había hecho en el pasado y, para peor, mientras era Presidente de la Corte.

Al igual que en el caso Maqueda con la Obra Social, esto complica a Rosenkrantz en términos individuales pero también a la Corte en pleno, ya que sus colegas avalaron que pusiera la firma en causas que involucraban a sus ex clientes. Y lo hicieron para que pudiera firmar el fallo que mantiene la cautelar que le permite al Grupo Clarín cobrar lo que quiera por el cable, internet y telefonía celular.

Todo esto que hace Rosenkrantz y que avalan los otros cortesanos es ilegal. La ley no establece un plazo para que un juez pueda intervenir en casos de sus ex clientes. La prohibición es para siempre. El Código Procesal, en su artículo 30, no pone un plazo de tiempo para la obligación de excusarse y en el artículo 32 establece que el que no lo haga incurrirá en causal de “mal desempeño”.

Mientras avanzaba el Juicio Político Rosenkrantz firmó más fallos que involucran a sus ex clientes, tal como reveló El Destape. Ya suman más de 60 los expedientes donde intervino de forma ilegal.

En detalle, en base al archivo de acceso público de fallos de la Corte, Rosenkrantz participó en decisiones sobre sus ex clientes en al menos:

• 5 fallos que involucran a Telecom
• 1 fallo que involucra a Artear
• 3 fallos que involucran a Supercanal
• 5 fallos que involucran a AMX (Claro)
• 3 fallos que involucran a la provincia de Corrientes
• 5 fallos que involucran a la provincia de Santa Fé
• 1 fallo que involucra a la Clínica Estrada
• 28 fallos que involucran a YPF
• 5 fallos que involucran al supermercado DIA
• 1 fallo que involucraba al Grupo América
• 3 fallos que involucran a Pan American Energy
• 1 fallo que involucra a Piero
• 1 fallo que involucra a PBB Polisur