La Justicia Federal levantó la intervención de la obra social de la UATRE, restituyó a su directorio y liberó las cuentas de José Voytenco. El fallo representa uno de los hitos judiciales más relevantes en la historia del gremio rural y un duro revés para la estrategia del Gobierno sobre las obras sociales sindicales.
El juez federal Sebastián Casanello ordenó ampliar registros telefónicos, geolocalización y requerir documentación interna del Ministerio de Capital Humano en el marco de la causa que investiga la intervención de la obra social de los peones rurales.
Se trata de Manuel Quintar, ex ladero de Milagro Sala devenido en diputado jujeño por La Libertad Avanza. Es cercano a los Menem y puja por quedarse con el control de la convulsionada Obra Social de los Peones Rurales. Promociona el desembarco de Juan Ignacio Macedo Moresi, un funcionario que reporta y cobra tanto de OSPRERA como del PAMI.
La Superintendencia de Servicios de Salud declaró en crisis a las obras sociales de los taxistas de Córdoba y de los azucareros de Tucumán por irregularidades contables y financieras. Deberán presentar un plan de contingencia en 15 días. Ya son 14 las obras sociales declaradas en crisis, siete en procedimiento de baja y ocho intervenidas.
Se trata de Casandra, madre de Sergio Aguirre socio de Martín Menem. Se quedó con un negocio de software en la OSPRERA, la gigantesca obra social de los peones rurales intervenida por el Gobierno libertario. La empresa se creó poco antes de conseguir el contrato. Aguirre tomó el comando de facto de la institución.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó al interventor de OSPRERA y al Poder Ejecutivo abstenerse de avanzar con el desalojo de las oficinas compartidas entre la obra social y el sindicato. Desde la UATRE celebraron el fallo como un triunfo en defensa de la autonomía sindical.
Desde el Ministerio de Salud apuntan a las entidades de menos de 5 mil afiliados, bajo el argumento de dar mayor libertad a los afiliados. Pero detrás se encuentra un cambio de paradigma, favoreciendo el ingreso de capitales privados y los sistemas de reaseguro.
El sindicato denunció una resolución que elimina bonificaciones salariales y pidió su inmediata revocación.
Crece el escándalo en la intervención de la obra social de los peones rurales: denuncias de corte de prestaciones, falta de entrega de medicamentos, sueldos altísimos y vínculos políticos.
Los rumores sobre la intervención de la obra social de dos grandes gremios volvieron a poner a la Superintendencia de Servicios de Salud en el ojo de la tormenta. Ya fueron 8 las tomadas por la gestión Javier Milei. Se sospecha de su utilización para disciplinar opositores y para el armado de un esquema de negocios.
El Ministerio de Salud prorrogó por 180 días, la intervención de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores (Osprera). Lo hizo a través de la resolución 1587/2025 que se publicó en el Boletín Oficial. Además, en medio de la guerra con el gremio, extendió el plazo de su interventor, Marcelo Petroni
La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores denunció el cierre de 725 puntos de atención de Osprera, incluido el de nuestra ciudad.
El Gobierno intervino por decreto la obra social de la Uatre y falló en su intento de tomar el gremio; administra unos $14.000 millones mensuales y se desató una tensa batalla judicial.
El secretario de Trabajo presentó un pedido en la Justicia que afecta el liderazgo de José Voytenco, el actual jefe del gremio que está acorralado por una denuncia por lavado de dinero y la deuda de la obra social.
La situación se agrava con el nombramiento de 79 personas en cargos administrativos, cuyos salarios alcanzan cifras exorbitantes.
El líder de los peones rurales mandó una comunicación informal a todos los dirigentes del gremio. Acusó al Gobierno y la intervención de la Obra Social de los peones rurales por el fallecimiento de un trabajador. «Estamos denunciando esta situación en la Justicia e intimando a la intervención y al Gobierno Nacional», aseguró. La gestión libertaria lo tiene como principal apuntado.
La Policía Federal allanó las oficinas y secuestró el celular de Marcelo Petroni, interventor designado por el gobierno nacional en la obra social de los trabajadores rurales, OSPRERA. Se investigan los delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. La intervención había apuntado a José Voytenco, el denunciante, por un faltante cercano a los 100.000 millones de pesos.
La intervención fue inicialmente encabezada por Virginia Montero y luego por Marcelo Carlos Petroni, quienes reportaron serias deficiencias en la calidad y cantidad de las prestaciones, así como un faltante millonario cercano a los 100.000 millones de pesos.
En una reunión realizada en Mar del Plata, el gremio se declaró en estado de alerta y movilización.
El secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), José Voytenco, denunció que el gobierno de Javier Milei y ex dirigentes del gremio llevan adelante "un plan criminal coordinado con el fin de apropiarse de la conducción de la organización sindical".
La Delegación Entre Ríos de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) exigió “el fin de la intervención política” de la obra social OSPRERA, que pertenece al gremio, y “la restitución de las prestaciones médicas” para los trabajadores y sus familias.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, hizo la solicitud a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo al considerar que José Voytenco, líder de UATRE, realizó un congreso ordinario pese a la suspensión dispuesta por las autoridades laborales. Qué hay detrás de la medida.
El secretario general del gremo que reúne a trabajadores rurales y estibadores dijo que la obra social retrasa la entrega de medicamentos a pacientes oncológicos y con VIH, tampoco cubre los servicios y demora los reintegros. Además,denuncian la intromisión de un diputado de La Libertad Avanza.
José Voytenco, el secretario General de la UATRE, impugnó en instancias judiciales al interventor de la obra social OSPRERA. Se enfrenta con la gestión libertaria. Los acusa de “claro abuso de autoridad” e “intromisión”. Antes había señalado que el Gobierno buscaba intervenir, además, el gremio.
José Voytenco acusó al normalizador de la obra social de los peones rurales OSPRERA de «jugar» la interna del gremio de peones. Es porque recibió referentes de la oposición. El dirigente acusa al Gobierno de buscar intervenir el gremio. Sube un peldaño en su pelea con la gestión libertaria en el inicio de un año electoral.
El líder de la UATRE, José Voytenco, salió a acusar a la Superintendencia de Servicios de Salud por la falta de servicios y medicamentos en la obra social de los trabajadores rurales intervenida desde octubre. Desde el Gobierno lo cruzaron y dijeron que recibieron un déficit operativo de 4300 millones de pesos mensuales. Rumores de un 2025 con un Milei empoderado y otro perfil.
La medida de la Superintendencia de Salud generó bloqueos en las cuentas bancarias y una crisis sanitaria para más de 700.000 personas afiliadas.
Se trata de los de las obras sociales OSPILM y OSPL, que agrupan a personal ladrillero. La decisión quedó establecida en el Boletín Oficial y, en principio, será por 180 días. El horizonte del Gobierno es auditar y no se descarta que vayan al cierre.
La decisión fue publicada en el decreto 905/2024 del Boletín Oficial tras una auditoría dispuesta por la Superintendencia de Servicios de Salud en la cual se confirmaron múltiples deficiencias en torno a pagos, fondos y la propia administración
Son días turbulentos dentro del sindicato de trabajadores rurales UATRE y de su obra social OSPRERA, como cada tanto sucede desde que en 2017 murió el líder que armó ese sindicato, Gerónimo “Momo” Venegas.
Las medidas se dieron producto de un análisis estructural sobre el funcionamiento de las prestaciones de salud. Un total de 61 empresas fueron canceladas por no responder a los requisitos instaurados por la ley
La Justicia Federal dejó sin efecto el Decreto de Javier Milei y le ordenó a la Superintendencia de Servicios de Salud que le devuelva a la UATRE el control de la Obra Social de los Peones Rurales. Detectó irregularidades en los pasos para resolver su intervención e investigará a funcionarios de Javier Milei por el delito de Asociación Ilícita y Tráfico de Influencias.
Una decena de prestadoras recibió el hostigamiento libertario vía intervenciones directas o bien inspecciones aparatosas de hasta varios días de duración. Por ahora a salvo, los mayores gremios de la central obrera evitaron pronunciarse.
El Gobierno designó un normalizador la Obra Social del Personal Ladrillero. Se trata de una institución de salud conformada mayormente por monotributistas sociales. Designó al frente de Jorge Alonso, un hombre de perfil técnico que ya cursó otras intervenciones.
La Superintendencia de Servicios de Salud detectó que OSPERA, una de las más grandes del país, tiene una deuda prestacional de más de 43 mil millones de pesos y registró en un año 16.410 reclamos de afiliados. En octubre de 2023, la administración anterior del organismo estatal le otorgó $3.350 millones en concepto de “ayuda financiera”.