En un mal momento político y económico, el Gobierno acudió nuevamente a gobernadores aliados para mostrar algún tipo de respaldo y tratar de instalar una agenda que no sea la de los escándalos de corrupción. En una llamativa mesa política, con Karina Milei en la cabecera y sin Manuel Adorni, sentaron al mendocino Alfredo Cornejo y al entrerriano Rogelio Frigerio. Por su lado, el ministro de Economía, Luis Caputo, recibió al tucumano Osvaldo Jaldo. Ninguno consiguió gran cosa. Mientras tanto, unos 150 intendentes de distintos puntos del país, apoyados por los gobernadores Axel Kicillof y Ricardo Quintela, buscaban hacerle llegar a Caputo un reclamo para que baje el precio de los combustibles y distribuya los fondos que recauda a través de impuestos destinados a financiar obras, en una situación que se vuelve cada vez más compleja.

Ya ni siquiera las encuestas de los consultores amigos le dan bien al Gobierno y todo indica que los tiempos políticos se aceleraron. La reunión de 150 intendentes nucleados en la FAM -principalmente del peronismo y la UCR bonaerenses-, con una lista de demandas para presentar en la mesa de entradas del Ministerio de Economía, dejó una postal inédita. Entre los pedidos, exigieron que el Gobierno actúe sobre el precio de los combustibles, que destine a obras los recursos del impuesto específico y que deje de ajustar a municipios y provincias. El deterioro de las rutas y la falta de obras de acceso al agua potable y saneamiento alimentan el malestar a nivel local: la primera puerta que golpea la gente es la de los intendentes. En segunda instancia, también la de los gobernadores.

Sin embargo, el Gobierno siempre encuentra gobernadores dispuestos a acercarse al calor del poder. Cornejo y Frigerio fueron aliados de La Libertad Avanza en las elecciones de octubre, aceptando listas conjuntas en las que cedieron los lugares de preferencia a candidatos libertarios. Este martes, ambos expusieron en la asamblea de la AmCham, donde elogiaron el ajuste macroeconómico. Frigerio, casi más libertario que Milei, planteó la necesidad de bajar impuestos como las retenciones y el impuesto al cheque. Luego pasaron por la Casa Rosada, convocados por el ministro del Interior, Diego Santilli, para una reunión en la que la cabecera de la mesa no la ocupó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sino la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. También participó el asesor Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina.

El objetivo fue la foto, con escaso contenido. Apenas se anunció que el Ejecutivo avanzará en el traspaso de rutas nacionales a las provincias para que las concesionen y deleguen su mantenimiento en privados, una línea que el Gobierno ya venía impulsando. Santilli, que también había pasado por el encuentro empresarial, se jactó allí del bajo nivel de transferencias a las provincias: “No llegamos ni al 22% de distribución de ATN, debe ser el gobierno que menos distribución ha dado en los últimos veinte años”.

Si se trataba de buscar amigos, quién mejor que el tucumano Jaldo quien, salvo en los meses previos a las elecciones legislativas, siempre se comportó como un oficialista convencido. “Mantuve una muy buena reunión con el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, en la que le entregamos la adjudicación de la obra de optimización del servicio de agua potable -Acueducto de Vipos”, anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, que destacó que el proyecto beneficiará a distintas localidades de la provincia. El mensaje llegó antes de que los intendentes fueran a golpearle la puerta con sus reclamos y en la previa de su viaje a Washington para participar de la asamblea del FMI. "El trabajo conjunto es el camino para llevar soluciones concretas", se autoelogió Jaldo.

Pero incluso los gobernadores más cercanos a la Casa Rosada, que reciben contados favores a cambio de sus permanentes gestos de colaboración, tienen motivos para preocuparse. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la disminución de transferencias a las provincias durante los 26 meses de gestión de Javier Milei alcanzó el equivalente a 17.735 millones de dólares. Las 23 provincias -con excepción de la Ciudad de Buenos Aires- sufrieron una reducción acumulada de 36 billones de pesos, a valores constantes de febrero de 2026. De ese total, el 57% se explicó por la caída de las transferencias no automáticas, mientras que el 43% restante correspondió a la baja en las transferencias automáticas. Con semejante nivel de ajuste, no hay provincia que pueda escapar de sus efectos.