El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti y el gobernador bonaerense Axel Kicillof obtuvieron el respaldo de intendentes del conurbano en su plan para contener la inflación y retrotraer los precios de 1.430 productos de consumo masivo al 1 de octubre. Los gestos y señales dan cuenta que la convocatoria quedará restringida, apenas, a los municipios en los que interviene el Frente de Todos. Es que los intendentes opositores de Juntos observaron con desconfianza el congelamiento, y comunicaron un abierto desinterés por participar de la medida.

El primer indicio se produjo ayer a la tarde, cuando Axel Kicillof convocó a todos los intendentes del conurbano bonaerense asuman un rol activo en la fiscalización de la canasta de precios en los supermercados y góndolas. Buscaban coordinar el cumplimiento de la resolución, con el apoyo de los inspectores municipales. Desde el entorno del gobernador Kicillof aseguraron a Infobae que la invitación de todos los intendentes del conurbano, incluyendo a los opositores. Pero en la reunión en Salón Dorado de la Casa de Gobierno de La Plata solo participaron referentes del justicialismo y del Frente de Todos, además de los funcionarios del gabinete bonaerense y de la secretaría de Comercio Interior.

Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, fue uno de los primeros dirigentes de Juntos en pronunciarse en rechazo a la medida: “Yo no voy a participar de ningún control de precios “militante”. Necesitamos un plan serio para bajar la inflación y crear trabajo. No movidas para distraer a la ciudadanía en tiempos electorales”.

Una a una, las voces de la oposición comenzaron a escucharse. En sintonía con Valenzuela, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, anticipó que “los intendentes de Juntos no estamos dispuestos a participar de un control de precios militante, ni a que nos usen como una herramienta más de su campaña”. “Si ellos creen que la solución es dar platita y controlar los precios, que no cuenten con nosotros”, resaltó en declaraciones a Infobae.

Desde Lanús, Néstor Grindetti confirmó que el municipio tampoco realizará ninguna campaña de vigilancia en supermercados y comercios de cercanía en los barrios del distrito. “No tenemos facultades para controlar precios, ni clausurar y conceptualmente tampoco lo comparto”, indicó el contador en declaraciones radiales.

Con distinto énfasis y nivel de rechazo, los jefes comunales de “Juntos” coinciden en que aplicar sanciones y fiscalizar es una medida de “corto plazo”, que no resuelve la presión inflacionaria que el mes pasado registró 3,5% mensual y en términos alcanzó el 52,5 por ciento.

Algunos equilibraron con una postura más moderada. El histórico intendente de San Isidro, Gustavo Posse, consideró que desde los gobiernos locales se puede prestar algún tipo de colaboración, pero advirtió que “la inflación está ligada a una suficiente o insuficiente oferta de bienes y de servicios en relación a la demanda”. “Depende de eso y de la estabilidad que ofrezca un gobierno”, argumentó.

Julio Garro, jefe comunal de La Plata, resaltó a este medio que si bien “siempre hay voluntad de acompañar y de trabajar en conjunto en la búsqueda de soluciones”, la duda está puesta en la orientación de la política económica. “Lo que no tenemos es certeza de hacia dónde quieren ir y cuál es el plan, porque estás son recetas que ya se aplicaron muchas veces en nuestro país y nunca funcionaron”, dijo. En el interior bonaerense se comparte un diagnóstico similar. Desde Mar del Plata, el intendente Guillermo Montenegro señaló que “por el momento no hay ningún pedido formal” pero afirmó que “está claro que esta medida es un parche” y que la inflación “no se controla a través de un decreto”.

Si bien es unánime el desacuerdo con el oficialismo en el manejo de la inflación, los dirigentes opositores plantean interrogantes sobre la eficacia de un control de precios desde los municipios. Consideran que ese objetivo, desde las herramientas de los gobiernos locales, no se puede cumplir. O en el mejor de los casos, tienen un alcance restringido.

“Se puede colaborar con información de precios durante un tiempo. No más”, sostuvo Posse. “He visto muchos de éstos intentos en distintas etapas y momentos del país, pero todos fracasados. La metodología claramente no es viable y no logra solucionar el problema de fondo”, agregó Grindetti. “Es irrealizable. No tiene que ver con la voluntad de un municipio”, remarcó Montenegro en declaraciones radiales.

Ante la consulta si se sumarían a una posible fiscalización, en el municipio de La Plata están esperando evaluar los alcances de la convocatoria, ya que informaron que desde el área de Defensa del Consumidor podría colaborar para las acciones que se definan. En Tandil, en cambio, se plegarán a lo que defina el espacio de Juntos en la provincia, pero que hasta el momento “no había ninguna decisión tomada”.

Con el diálogo obstruido por el contexto electoral, el escenario más probable es que la fiscalización quede renga en algunos distritos, sin haberse iniciado formalmente en el territorio bonaerense. Sin apoyo empresario, que evalúa medidas judiciales y amenaza con un posible desabastecimiento, ni de la oposición, el objetivo de ponerle un freno a la inflación durante 90 días arranca con incertidumbre y obstáculos. El intendente de Ensenada, Mario Secco, uno de los más orgánicos a la vicepresidenta Cristina Kirchner, polemizó con sus adversarios de Juntos. “Los intendentes de la oposición aplauden a los imperios que aumentan los precios”, fustigó.