“Cuando ingresé al avión ya había una carga armada adentro. Tuvimos una demora al subir, y al llegar ya estaba esa carga”, contó en sede judicial el gendarme Omar Sande, integrante del Grupo Alacrán. La “carga” son las municiones que el gobierno de Mauricio Macri envió el 12 de noviembre de 2019 a Bolivia para apoyar el golpe de Estado contra Evo Morales. El avión es el Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina. La declaración de Sande abrió la ronda de testimoniales del grupo de gendarmes que viajó con las armas que fueron entregadas a los golpistas. Su declaración ante la justicia en lo Penal Económico, junto al del sargento primero Roberto Gómez (también “alacrán”), corrobora que hubo una coordinación por parte de distintas esferas del gobierno de Cambiemos para dar apoyo al régimen de Jeanine Añez con 70 mil balas antidisturbio y más de 500 granadas. Gómez, por ejemplo, dijo que aparte de sus propias armas “se llevó otro material” en el avión. Habló de “cajas blancas que decían Fabricaciones Militares”.

“Las declaraciones de los gendarmes a los que seguramente Macri, Bullrich y compañía pronto comenzaran a acusar también de ‘cuentapropistas’, confirman lo evidente, el contrabando de armamento para apoyar el golpe de estado en Bolivia, fue una decisión ordenada por las máximas autoridades del gobierno anterior. Sólo una orden presidencial puede generar semejante coordinación en una maniobra ilegal que comprometió  a la Gendarmería, la Fuerza Aérea, la Cancillería y varios Ministerios”, aseguró el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, a El Destape.

“A 10 meses del descubrimiento de la colaboración que el gobierno de Macri prestó a las fuerzas golpistas en Bolivia, hoy en el expediente tenemos el contrabando agravado más acreditado de nuestra historia judicial. Cuando presentamos la denuncia allá por julio de 2021 teníamos indicios y sospechas: hoy ya hay pruebas directas contra los responsables”, agregó.

En esta causa en la que están declarando los gendarmes están imputados el expresidente Mauricio Macri, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, el exjefe de Gabinete Marcos Peña, el exministro de Defensa Oscar Aguad, el excanciller Jorge Faurie, el exSecretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo, el exembajador en Bolivia Normando Álvarez García e integrantes de la Gendarmería, como el exjefe de la fuerza, Gerardo Otero.

Las testimoniales

El 26 de abril pasado comenzaron a declarar ante el juez Alejandro Catania los gendarmes del Grupo Alacrán que viajaron en el Hércules C-130 con las municiones que el gobierno Macri envió a Bolivia para brindar apoyar a las fuerzas Armadas y de Seguridad que dieron el golpe de Estado contra Evo Morales. Se trata del primer escuadrón de alacranes de los tres que fueron trasladados a Bolivia para proteger la embajada argentina y la residencia del embajador. Los integrantes de los últimos dos grupos ya declararon en el marco de la causa que investiga si existió un contrabando agravado por parte del gobierno cambiemita.

El primer gendarme de ese grupo en prestar declaración como testigo fue el sargento de Gendarmería Omar Sande, integrante de la Unidad Operaciones Especiales de Gendarmería Nacional. El segundo fue Roberto Gomez, quien declaró dos días después de Sande, el 28 de abril.

En su testimonial, Sande contó que al Hércules de la Fuerza Aérea “no se cargó otro armamento que el designado para la comisión”. “No vi que se cargara otro pertrecho además del designado. Cuando ingresé al avión ya había una carga armada dentro del avión. Tuvimos una demora al subir, y al llegar ya estaba esa carga”, dijo en alusión a las municiones que luego serían entregadas a los golpistas de forma ilegal. “En ese momento no sabía en qué consistía esa carga. Cuando lo vi, eran bultos, cajas, pertrechos de municiones, se notaba bien la caja, la etiqueta y el calibre. Las cajas eran de cartuchos de escopeta 12,70. No recuerdo si había otro tipo de municiones. Esa carga ya acondicionada supongo que jue cargada por personal de Fuerza Aérea”, dijo, en pos de achacarle responsabilidad a las Fuerzas Armadas. La referencia a la Fuerza Aérea es porque el Hércules C-130 pertenecía esa fuerza. Las balas antitumulto 12,70 son las que se entregaron a la Policía y Fuerza Aérea de Bolivia.

Los alacranes llevaban sus propias armas. “Cada uno se encargaba de cargar su bolso de ropa personal y su bolso de armamento”, explicó Sande bajo juramento de decir vedad. “Antes de partir cada uno tenía asignado armamento. En la unidad nos hicieron entrega de dicho armamento. Cada uno llevaba el armamento que utilizó allá”, añadió. Gómez, por su parte, indicó que “además se llevó otro material” en el avión. Habló de “cajas blancas que decían fabricaciones militares”, que trasladó Gendarmería al aeropuerto de El Palomar. Respecto a quien cargó ese material al Hércules C-130, Gómez también apuntó a la Fuerza Aérea: “Ellos acondicionan su aeronave”, aseguró.

“El responsable directo a cargo de las armas era el Jefe de Comisión”, señaló Sande. Y ratificó al igual que Gómez que en Bolivia no practicaron ningún entrenamiento de tiro, lo que da por tierra con el intento de la Gendarmería de hacer pasar el faltante de las 70 balas antidisturbios como consumidas en ejercicios de entrenamientos. Ya está más que comprobado que fueron entregadas a las fuerzas golpistas.

En otro pasaje de su testimonial, Sande también relató que fue notificado de la misión “aproximadamente dos días antes que iniciara el viaje” y “de forma verbal” por quien era su jefe, el segundo comandante Martín Hidalgo. Lo mismo dijo el gendarme Gómez: “La primera notificación fue vía contacto telefónico por el jefe de contingente, Hidalgo. Me dijo que fuera preparando las cosas porque nos íbamos al país vecino. Creo que fue dos días antes de partir, un día domingo”.

Los denunciantes apuntan a una reunión en la Casa Rosada del mismo 12 de noviembre de 2019. Sostienen que allí se pudo haber terminado de coordinar la maniobra para enviar armas a los golpistas.

Ese 12 de noviembre, que fue el día de asunción de la dictadora Jeanine Áñez en Bolivia y del envío del armamento por parte del gobierno de Macri, hubo diversas reuniones en la Casa Rosada. La hipótesis central es que en aquellos encuentros se terminó de cerrar la maniobra ilegal para abastecer de municiones a los golpistas. Las reuniones, tal como publicó este medio, involucran a Macri, al entonces canciller Jorge Faurie, a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y a los cuatro jefes de las fuerzas de Seguridad, entre otros funcionarios de aquel período. Todos imputados en esta causa.

Interrogado por la Justicia, el sargento Sande dio de detalles de cómo fue su traslado al aeropuerto de El Palomar el 12 de noviembre de 2019. E indicó que las armas que ellos llevaban encima se sometió a control aduanero. “El armamento destinado a la comisión fue verificado por personal de Aduana, así como también la munición designada para cada armamento que indiqué”, aseguró. Ese control no estuvo en Bolivia. Al menos, Sande no lo recuerda. “Al momento de arribar al aeropuerto El Alto, de La Paz, al descender la aeronave fuimos conducidos a una oficina donde nos hicieron migraciones, sellado de pasaportes, nos tomaron nuestros datos. Trámites aduaneros no recuerdo, solo fue ese acto”, dijo.

Respecto a cómo fueron los movimientos en La Paz, Sande afirmó que los gendarmes bajaron del avión sus propias armas. “Intervinimos en la descarga del armamento y del equipo individual que trasladamos para el cumplimiento de la misión”, señaló.

Según surge de la causa que tramita en Bolivia por "tráfico ilegal de armas" y de las pruebas aportadas en la causa que se instruye en los tribunales en lo Penal Económico de Argentina, las 70 mil balas antidisturbios y las más de 500 granadas se entregaron a la Policía Boliviana (que cargó su parte en una camioneta de la fuerza en el aeropuerto) y a la Fuerza Aérea de Bolivia (su parte quedó en el hangar). De hecho, en Bolivia ya fueron imputados por tráfico ilegal de armas quienes eran jefes de ambas fuerzas: Jorge Terceros Lara (FAB) y Vladimir Yuri Calderón (Policía).

Respecto a su traslado desde el aeropuerto a la embajada, el relato coincide con el prestado por los agentes de la policía boliviana que declararon en aquel país. En la misma sintonía que aquellos, Sande señaló que “fuimos trasladados por una comisión de la policía nacional a la Residencia del Embajador. Fuimos alojados allí conforme a la actividad que realizábamos”. El viaje fue “en un vehículo de la policía nacional”. En total, se habrían utilizado tres vehículos. En lo que hace a su regreso a la Argentina, tanto Sande como Góez explicaron que fue en un avión comercial y sin armas, que quedaron para el segundo grupo de alacranes que hizo el primer relevo.

Durante la audiencia de Sande se encontraba el abogado defensor de Patricia Bullrich, Julián Curi, y el letrado de Ruben Yavorski, Nicolás Vinuesa. En la de Gómez solo estuvo presente Vinuesa.

Durante todo el mes de mayo continuarán declarando ante la Justicia los gendarmes que fueron parte del grupo de "alacranes" que viajó a Bolivia con las armas que envió el macrismo a los golpistas.