Los frentes de conflicto entre Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández se vienen multiplicando día a día. A la polémica por la represión durante el funeral de Diego Armando Maradona se le sumó la sesión de Diputados para definir que el dinero de la Policía de la Ciudad se transfiera por una ley específica y no a través de la coparticipación porteña, como dispuso en su momento Mauricio Macri. Larreta hizo todo lo posible para frenar esa ley: incluso llamó al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti -el único mandatario, por fuera de los de Juntos por el Cambio, que no firmó una solicitada respaldando la quita a la Ciudad- para convencerlo de que retacee sus votos. A esto se suma una situación extra con los impuestos: Larreta se niega a firmar el consenso fiscal que propone el gobierno nacional porque hay una cláusula que lo obligaría a retirar la demanda que presentó ante la Corte Suprema y otra que le da de baja el nuevo impuesto a las Leliqs.

El Zoom habitual de Juntos por el Cambio del lunes estuvo casi enteramente dedicado a la coparticipación porteña y los enfrentamientos con la Nación. El ex presidente Macri hace tiempo que tomó una actitud socarrona con Larreta: por todos su poros dice "te lo avisé, no había que ser moderado con este gobierno". Macri siempre propuso una línea dura hacia Fernández, que el jefe de gobierno porteño, aún hoy, no parece aceptar. Incluso, cuando salió a responder la semana pasada, se limitó a decir que el gobierno nacional estaba "politizando" el tema.

No obstante, Larreta estuvo muy activo para intentar evitar que el Frente de Todos consiguiera quórum para votar la ley que fijará un monto para la Policía de la Ciudad y volverá la coparticipación porteña a los niveles previos al aumento de Macri (1,4 por ciento). Habló con todos los que pudo, incluso con Schiaretti, que fue el único gobernador peronista que no firmó la solicitada en respaldo a la decisión del presidente Fernández de recortar esos fondos y enviarlos a la provincia de Buenos Aires. Larreta no la tiene fácil: 19 gobernadores consideraron injusta la cantidad de fondos federales que recibía. Lo que recibirá con la iniciativa del Gobierno es 24.500 millones de pesos. En la Ciudad, consideran que necesitan más del doble.

La ley, ya avisaron, tendrá repercusiones en los bolsillos de los porteños. Larreta ya mandó un proyecto de Presupuesto 2021 "de contingencia" que recorta en obra pública, en servicios (como el contrato de la basura) y avanza con impuestos a las Leliqs y con un recargo de 1,2 por ciento a las tarjetas de crédito. Esos impuestos le generaron al jefe de gobierno un encontronazo con sectores empresarios. Desde la administración porteña insisten en que es culpa del gobierno nacional.

De hecho, la semana pasada el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, subrayó ante la Legislatura: “La quita inconstitucional de los fondos de coparticipación a la Ciudad equivale al 78 por ciento del presupuesto total de educación, o a la construcción de 213 escuelas primarias”. Calculó el recorte en 53 mil millones para 2021 con el decreto presidencial y, con la ley del Congreso, llegaría a 64 mil millones. Es por eso que ya anunciaron que, con esa norma, deberán ajustar el presupuesto: lo que significa más recortes y tal vez más impuestos. Todavía en la sede de Parque Patricios le prenden una vela a la Corte Suprema y a la posibilidad de que, ahora sí, intervenga.

Sin consenso

Pero hay otro conflicto en puerta. Hace meses que desde el Ministerio del Interior están trabajando en un nuevo consenso fiscal. Recapitulación: en 2018, el presidente Macri firmó con todas las provincias excepto San Luis un acuerdo por el que debían disminuir progresivamente sus impuestos. Alberto Fernández suspendió esa baja, debido a la crisis económica que venía de 2019 y, luego, debido a la pandemia. En el nuevo acuerdo, se mantiene la suspensión de la baja de impuestos. Ya el gobierno nacional convenció de que lo firmen a 22 provincias. Además de San Luis (que nunca firmó el de Macri), la única jurisdicción que quedaría afuera es la Ciudad de Buenos Aires.

¿Por qué motivo? Por una serie de cláusulas que contiene el nuevo acuerdo. La primera que Larreta no quiere firmar es la que lo obliga a, justamente, dar de baja la demanda por coparticipación ante la Corte Suprema. Lo que plantea el documento es que deben suspender todas las demandas judiciales al Estado nacional vinculadas a la coparticipación por el plazo de un año. En rigor, Macri les pidió lo mismo cuando llegó al gobierno, por lo que no se trata de una cláusula extraña. No obstante, Larreta tiene decidido no firmarla. "Habían puesto dos años y lo bajaron a uno, pero igual no lo vamos a firmar", señalan en la Ciudad.

Pero hay otros dos puntos que el jefe de gobierno no acepta: el segundo es el que fija que las transferencias de competencias se pagarán con recursos que saldrán de una ley específica y no de la coparticipación federal. Es decir, exactamente lo que el Congreso está discutiendo respecto del traspaso de la Policía. Y el tercero es que se le pide a las provincias que mantengan la eximición de ingresos brutos a las Leliqs. Es decir, precisamente lo contrario a lo que piensa hacer Larreta.

Había otra cláusula de "endeudamiento responsable", que limita la toma de deuda en dólares durante el próximo año. Larreta terminó aceptando la redacción de ese texto. Por lo pronto, la secretaria de Provincias, Silvina Batakis, continúa en negociaciones con el ministro de Hacienda porteño, Martín Mura. "A nadie le conviene que la Ciudad no firme", aseguran en Parque Patricios.

Si Larreta no firma, entraría de nuevo en vigencia el acuerdo que firmó en tiempos de Macri y tendría que empezar a bajar el impuesto de ingresos brutos, en tiempos de caída de la recaudación. No es muy probable que el mandatario haga esto. Lo que le queda es renunciar al pacto fiscal original, el de Macri. Pero esto lo dejará afuera de los convenios fiscales entre el gobierno nacional y las provincias. Por ahora la negociación continúa. Y los focos de conflicto, también.