Por Alejandro Rebossio

"Sepamos lo que implica 'voltear un presupuesto'", citó este viernes por Twitter el ministro de Economía, Martín Guzmán, al economista y diputado Martín Tetaz, de Juntos por el Cambio. "Significa rechazar la programación macroeconómica que viene siendo la base de las negociaciones con el FMI (Fondo Monetario Internacional) para refinanciar la deuda absurda y dañina de 44.000 millones de dólares que tomó el mismo espacio político que hoy 'volteó' el presupuesto. Y claro, afecta las negociaciones", reconoció el jefe del Palacio de Hacienda.

Verano del 22

No era lo mismo que Guzmán fuera a negociar con el Fondo mostrándole un presupuesto aprobado por el Congreso, con una previsión de déficit fiscal primario (antes del pago de la deuda) del 3,3% del PBI, que ir con las manos vacías y que el organismo insista en su argumento de que hay que bajar ese 3,3 % porque considera que no hay forma de financiarlo. En cierta manera, el rechazo del presupuesto 2022 implica un barajar y dar de nuevo. Ahora la directora gerenta del FMI, la búlgara Kristalina Georgieva, y los negociadores técnicos con la Argentina, la norteamericana Julie Kozack y el venezolano Luis Cubeddu, se tomarán sus vacaciones hasta el lunes 10 de enero y esperan que, al volver a la sede en Washington, la Argentina les presente otros números para el año próximo.

"Cerrado por vacaciones hasta el 10 de enero. Esperando el plan", destacó una fuente con diálogo con Kozack, subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental, y Cubeddu, otro funcionario de carrera que nada tiene que ver con el gobierno de Nicolás Maduro y que conduce la misión a la Argentina. Además, el 3 de enero se sumará otro economista más a la negociación: el ex presidente del Banco Central brasileño en el gobierno de Michel Temer, el ortodoxo Ilan Goldfajn, deja su cargo en el Credit Suisse para asumir como director del Departamento del Hemisferio Occidental, en lugar del argentino-mexicano Alejandro Werner, responsable técnico del polémico préstamo récord que le concedió el FMI al gobierno de Mauricio Macri en 2018.

Precisamente, este miércoles el directorio del Fondo -donde están representados todos los países pero pesan más las potencias como Estados Unidos, China, Japón y Alemania- tiene agendado tratar la evaluación ex post del crédito considerado "excepcional", por su volumen, a la Argentina. Todos los financiamientos extraordinarios son sometidos a estas autocríticas dentro del organismo. No será una excepción el de nuestro país, cuestionado por su monto y por haber financiado en parte la fuga de capitales, a contramano de lo establecido por los estatutos del FMI. Pero tampoco hay que esperar demasiado de estos pésames. Por ejemplo, cuando el Fondo revisó su actuación de 2001, prácticamente sólo se autocriticó por haber sostenido demasiado tiempo la convertibilidad y no haberle cortado antes el financiamiento a la Argentina, según recuerda quien era entonces el director del Departamento del Hemisferio Occidental, el argentino Claudio Loser.

Tres diferencias

Pero volviendo a la negociación presente, otra fuente con acceso a los técnicos del organismo ratifica que el diálogo queda suspendido por vacaciones. "Paréntesis hasta el 10 de enero", coincide, después de la misión técnica argentina a Washington de hace una semana y de la videollamada de este viernes entre el presidente Alberto Fernández y Georgieva, en la que reconocieron su sorpresa por el rechazo del Congreso al presupuesto. La misma fuente señala que quedan tres diferencias por resolver para llegar a un acuerdo que evite el impago de la deuda en marzo próximo y prorrogue durante diez años lo que vence entre 2022 y 2023: cómo se financiará el déficit, cómo bajará la brecha cambiaria y cuánto crecerá la economía. En cuanto a la primera, el FMI no sólo cuestiona el financiamiento con emisión monetaria sino que también desconfía de que la Argentina vaya a contar con tanto acceso a créditos de organismos multilaterales -de los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros- como prevé Guzmán. No cuestiona directamente el 3,3% de meta de déficit sino que, como lo considera no financiable, por eso sugiere más ajuste. Como es su costumbre. En segundo lugar, opina que el acuerdo con el FMI en sí no bastará para revertir las expectativas y disminuir así el valor del dólar en los mercados paralelos, como plantea el presidente del Banco Central, Miguel Pesce. Por último, considera que la economía argentina crecerá en 2022 un 2,5%, no 4%, como calcula el ministro, y, por tanto, la recaudación tributaria sería menor y el déficit, mayor. "Va para mucha ida y vuelta en enero y febrero", anticipa la fuente.

Un tercer informante con diálogo con el FMI quita dramatismo al rechazo legislativo del viernes pasado: "Tampoco el Gobierno podía defender sus números si el Congreso pasaba el presupuesto". Y agregó: "Para mí lo más relevante es la postura del Frente de Todos porque fue Máximo (Kirchner) el que dinamitó el resultado". La fuente duda del apoyo del jefe del bloque de diputados oficialistas a la negociación con el Fondo. Mientras, el organismo pide un consenso político tanto interno en el Frente de Todos como con la oposición para acordar.

Puede que los burócratas del Fondo se tomen vacaciones, pero mientras tanto el gobierno de Fernández deberá trabajar a toda velocidad para avanzar con los números para presentar dentro de tres semanas. Además, crece el apuro dentro del Gobierno por iniciar el proceso para aumentar las tarifas de electricidad y gas y así concretar el mayor recorte previsto en el volteado presupuesto 2002, el de los subsidios. En las empresas del sector calculan que para que el incremento rija desde abril próximo y, por tanto, la disminución de subvenciones se extienda por tres cuartos del año, en lo inmediato el Ejecutivo debería iniciar los trámites para llamar a audiencias públicas donde se discutan las alzas. Si el proceso se retrasa y el aumento queda para la mitad de año, menor será el recorte de subsidios que el Gobierno requiere para cuajar las cuentas públicas.

En las compañías tienen poca información de cómo viene el proceso, pero saben que los funcionarios que antes se resistían a aumentar en 2021 ahora reconocen que debe haber una mayor suba en 2022. Se trata del subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, y el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal. Ahora sí hay una decisión política tomada a favor del alza. La referente de los "Federicos", la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la aceptó como parte del acuerdo con el FMI y del plan económico en un país con 50% de inflación anual. Basualdo y Bernal junto con el secretario de Energía, Darío Martínez, y la interventora del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Soledad Manin, deberán definir cómo se aumenta y si se podrá técnicamente instrumentar la segmentación de tarifas y subsidios de acuerdo con los ingresos de los hogares. Las opiniones están divididas en las firmas privadas que prestan el servicio.

Las dudas

Unas fuentes comentan que la tarifa se establecerá de acuerdo con tres criterios: el consumo energético de cada familia, si recibe un plan social o una jubilación mínima de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y el monto de los ingresos laborales y financieros, dato que no puede salir de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por cuestión del secreto fiscal. Para afinar esos parámetros, el Gobierno ordenó a los clientes reempadronarse, pues muchos tienen el servicio a nombre de antiguos ocupantes de sus viviendas o de los propietarios a quienes se las alquilan. Pero por ahora sólo un porcentaje ínfimo de usuarios se ha reempadronado, advierten en una empresa. Muchos no quieren hacerlo porque temen quedar en una categoría más alta. En otra firma aseguran que no quieren recibir datos tributarios porque temen posteriores demandas por violación del secreto fiscal y por eso esperan que el Gobierno se limite a informales cuánto le cobrará a cada uno. Todo una complicación técnica. Por lo pronto, las firmas sólo cuentan con la información del consumo de los usuarios y de si perciben un plan social o una jubilación mínima que justifique que reciban la tarifa social. Les falta justamente una categorización de los clientes por sus ingresos. La duda es qué escalas habrá y a cuánto se le aumentará a cada una. ¿Seguirá congelada la tarifa social? ¿Aumentarán el universo que la recibe e impondrá un tarifazo al resto? ¿Cuánto subirá para la clase media? ¿Cuánto a la media alta y alta? ¿Cómo separarán a una de otra? Preguntas que por ahora carecen de respuesta.

Las mismas fuentes consideran que sería injusto segmentar por barrios porque hay algunos en los que viven personas de diversa condición social. Sostienen que en la categoría alta sólo podrían incluirse a Puerto Madero y los countries, por ejemplo, lo que resultaría insuficiente. La idea es que esos clientes de ingresos medio altos y altos se queden sin subsidio alguno y enfrenten un verdadero tarifazo. Total son personas que pueden pagarlo y que además, en general, nunca votarán a favor del Frente de Todos. Por último, las fuentes advierten de que en un país con tanta informalidad hay clientes que ingresan mucho en negro y que terminarán pagando menos tarifa de lo que les corresponde.

Otros informantes consideran que es improbable que se segmente por ingresos y opinan que al final se lo hará por barrios. "Intentarán sumar barrios hasta completar el 10% de los usuarios y a esos los dejarán sin subsidio", explican. Pasarían a pagar más del triple por la luz y el gas. Al restante 90% se les aplicaría un alza menor al aumento salarial, como prometió públicamente el secretario Martínez. Es decir, si la inflación ronda el 50%, como prevé el mercado, y los sueldos al menos le empatan, las tarifas subirían entre 30% o 40%, especulan. Pero como la previsión del ministro Guzmán es que los precios suban sólo 33%, entonces la electricidad y el gas se encarecerían menos que eso, quizá alrededor del 20%, un nivel más digerible socialmente en un principio. Pero si la inflación termina mayor que lo presupuestado, entonces podría haber correcciones ulteriores.

En una conversación privada entre empresarios y el consultor energético Nicolás Arceo, este les explicaba que sus pretensiones de elevar la tarifa 20 puntos porcentuales por encima de la inflación eran "políticamente imposibles". Que lo mejor a lo que podrían aspirar era a estar cerca de la inflación y que el Gobierno, más que recortar subsidios, lo máximo a lo que puede aspirar es evitar que crezcan. Por lo pronto, en las compañías no se ilusionan con ningún aumento porque también durante 12 años de kirchnerismo hubo mucho diálogo al respecto y ninguna concreción. Tampoco le creen a Guzmán, que en septiembre de 2020 había anunciado que las tarifas aumentarían en 2021 como la inflación y después sólo las subió 10% por presión de Cristina Kirchner, Basualdo y Bernal.