Eugenia Muzio

Las empresas están convencidas de que el Gobierno libertario ofrece una oportunidad para mejorar sus negocios, pero aún esperan las prometidas reformas estructurales para concretar sus inversiones y advierten que la seguridad jurídica es clave. Por un lado, la gestión por decreto le quita “seriedad” a los cambios que buscan en materia laboral y previsional; por el otro, temen que Javier Milei aplique la guillotina a sus interlocutores más virtuosos y que después de las elecciones el presidente se “enamore” del poder, dejando de lado los proyectos de profundidad.

Esa es la conclusión a la que llegaron representantes del sector privado consultados por PERFIL, luego del evento con foco en Recursos Humanos que organizó el estudio de abogados Marval O’Farrell Mairal este jueves. Ni letrados, ni representantes corporativos tienen pista sobre cómo serán las iniciativas que el Gobierno demora en enviar al Congreso y que dejará para después de octubre. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, amigo de la casa, tampoco lo detalló, aunque dejó claro el cambio de rol de su órbita estatal: “La Secretaría venía con una dinámica histórica y compleja, donde el pensamiento era de que era la Secretaría del trabajador”.

“El trabajo viene siendo visto como una mercancía. Ahora hay que hacer una transición, (porque) las dimensiones son más amplias”, señaló y se refirió a un sistema laboral dinámico en el que el trabajador “tiene que demostrar que es útil” para el empleo.

El reemplazo de las indemnizaciones, la duda de las empresas y la justicia

Desde que el decreto 70/2023 se aplicó y la ley de Bases se sancionó, tanto la conflictividad legal como sindical “se resolvió automáticamente”, planteó Jorge Barrera, director de Personas en la empresa de juegos de azar Codere. “Un empleado te llamaba para renunciar con algún reconocimiento de la antigüedad, te intimaba con la ley 2407, aplicaba despido indirecto y, a la larga, terminabas conciliando. Eso se ordenó automáticamente y es positivo. Con la cuestión sindical, las empresas no hemos tenido mucho que hacer”. sostuvo.

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El punto en el que el sector privado encuentra un alerta es en el fondo de cese laboral, aprobado en el paquete normativo, pero aún no aplicado por la falta de consenso y diseño del reemplazo a la indemnización. “No puede vulnerar ningún derecho inscripto en el artículo 14 bis de la Constitución, tiene que tener una salida jurídica y no la que la política imponga, porque sino va a dar más problemas que soluciones”, apuntó Barrera en uno de los paneles.

A su turno, el secretario judicial de Asuntos Laborales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Carlos Cerutti, coincidió y destacó que los fondos de cese laborales existentes, como los del rubro de la construcción, “están llenos de juicios, porque las empresas no hacen su aporte”. “Se quiere trasladar el modelo de la construcción, pero las pymes tienen relaciones laborales más largas”, planteó.

La guillotina y emocionalidad de Javier Milei

Durante uno de los ratos de distensión que hubo en el evento, el comentario de un director corporativo era que el ida y vuelta con el Gobierno está canalizado por la parte ejecutiva y económica en las figuras del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; Cordero, sobre quien destacó el “tono de diálogo”; y, en términos políticos, con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Pero la emocionalidad del presidente es un factor que inyecta duda sobre la continuidad de esas relaciones entre el Estado y el sector privado.

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El acto de cierre de campaña de Manuel Adorni en la Ciudad de Buenos Aires del miércoles, con un Milei efusivo y avivando a la multitud, fue el ejemplo que pusieron ante PERFIL fuentes empresariales para ilustrar el estado anímico que temen que se desinfle cuando pase el período electoral y no encare las reformas, o que se exacerbe al punto de la ruptura del diálogo. Lo comparan, en el primer punto, con el exmandatario Mauricio Macri que, luego de ganar las legislativas de 2017, no logró aplicar la reforma previsional y dejó de lado el resto de los cambios profundos. El círculo rojo quiere un león, pero manso.

El problema del empleo, por fuera del conurbano bonaerense

En la misma línea, el director de la consultora ABECEB, Dante Sica, planteó que “la agenda de desregulación de Sturzenegger es la agenda de competitividad” del sector privado frente a la apertura comercial y la reconfiguración del comercio tras la guerra arancelaria entre China y Estados Unidos. Según el exministro de Producción, “Argentina tiene un problema de calidad del trabajo, porque genera casi tantos informales como formales en los últimos 15 años y tiene un marco regulatorio de la segunda revolución industrial”.

Para Sica, los cuatro sectores estratégicos que hoy miran los líderes internacionales son la minería, la energía, la tecnología e innovación y la agroindustria. Nuestro país tiene los cuatro rubros, pero su planteo es que faltan reformas estructurales para poder aprovechar el potencial exportador y productivo. Pero los nuevos convenios colectivos y cambios no saldrían de los centros urbanos más importantes. “La negociación se dará por fuera del conurbano. Falta trabajo en Neuquén, en Río Negro, en el norte”, afirmó.

En el mundo corporativo también entienden que si La Libertad Avanza obtiene la mayoría de los votos en octubre y logra un Congreso favorable o de mayoría automática tampoco transmitirá mucha seguridad. “Lo que importa es el consenso, que las reformas sean sostenibles en el tiempo”, indicó una voz del sector a este medio.