Cuarentena, crisis y control de precios: los intendentes salen a la cancha en la provincia

Cuarentena, crisis y control de precios: los intendentes salen a la cancha en la provincia

La cuarentena obligatoria está evidenciando en todo el territorio bonaerense que existe un fuerte compromiso de la grana mayoría de los intendentes con la salud y el bienestar de sus vecinos, lo que rompe todas las grietas y ratifica de forma permanente la conducción nacional de Alberto Fernández para enfrentar la crisis y desnuda también las miserias de algunos, que por suerte son las menos y reciben sanción casi de forma inmediata.

 

Lo primero que hay que destacar es la velocidad con la que la ministra de Gobierno, Teresa García, logró tender puentes con el team de intendentes de la oposición, apuntalada sin duda por la línea directa que tendió el presidente con los alcaldes del radicalismo, lo que permitió uniformidad de criterios para enfrentar la pandemia y acuerdos de empoderamiento territorial mientras se buscan nuevos acuerdos para resolver las cuestiones económicas.

En ese escenario la decisión del Ejecutivo nacional de transferir a los municipios el control de precios en almacenes y supermercados fue bien recibida por la gran mayoría de los gobernantes de los distritos bonaerenses, en el caso de los peronistas porque ya estaban utilizando una herramienta similar, en este caso a través de una medida tomada por el gobierno de Axel Kicillof, y en el caso de los referentes de la oposición porque les otorga una "paraguas" de actuación que todavía no tenían.

Apenas Javier Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento, multi denunciado por su gestión al frente de Vialidad Nacional durante la gestión de Mauricio Macri, se animó a salir al cruce de la decisión del Ejecutivo nacional, pero terminó quedando en solitario y casi en ridículo cuando sus pares rápidamente celebraron la medida y la calificaron como necesaria.

Y si bien es cierto que las "diferencias de criterio" se hacen notar en algunos distritos como Olavarría, que bajo la conducción de Ezequiel Galli se destaca por ser uno de los de menor cumplimiento del aislamiento obligatorio, fundamentalmente por la falta de controles, o en San Antonio de Areco, dónde Francisco Ratto considera que no es necesario fumigar para combatir el mosquito del dengue, esos casos son más bien las excepciones.

En Mar del Plata por ejemplo, el propio Guillermo Montenegro se puso al frente de los operativos conjuntos con Nación y provincia para impedir el acceso de veraneantes a esa ciudad, lo que le permitió desarticular varios intentos de ingreso entre el jueves y el viernes de pequeños grupos de irresponsables que pretendían pasar la Semana Santa en la “Feliz”.

Algo similar ocurrió en Monte Hermoso, donde el intendente Alejandro Dichiara, en este caso del justicialismo, se plantó y adelantó incluso a los habitantes de distritos vecinos que aunque tengan casa en esa ciudad balnearia se le iba a impedir el acceso. Medidas similar se tomaron en Pinamar, Villa Gesell y el partido de La Costa, siempre en coordinación con las autoridades nacionales y sin distingo de signo político.

Claro que en medio de la pandemia también es esperable que los jefes comunales deban enfrentar varias crisis locales, muchas de las cuales amenazan con provocar un efecto dominó sobre el resto de los distritos, como la situación económica más que delicada en algunas comunas o los desbordes policiales que ya se vivieron en Avellaneda y Quilmes.

En el distrito comandado por Jorge Ferraresi vale recordar la agresión innecesaria de un par de efectivos a dos menores de edad, increpados a los golpes por no cumplir con la cuarentena, lo que valió un fuerte repudio de las autoridades locales y una inmediata respuesta de parte del ministro de Seguridad Sergio Berni, apartando a esos efectivos.

Algo similar, pero con mayor impacto, ocurrió en Quilmes con la represión a trabajadores de Penta, lo que abrió un debate sobre cómo deben encauzarse las protestas sociales en medio de la cuarentena y qué rol tienen en ese caso los intendentes. La realidad es que pareció un contrasentido que la represión se viviera en el distrito que conduce Mayra Mendoza, víctima ella misma de varias represiones policiales cuando fue diputada nacional.

Pero sin dudas que el principal problema que deberán enfrentar los municipios en las próximas semanas serán económicos, por la brutal caída en la recaudación y la baja más que sensible en las transferencias de coparticipación, que ponen en riesgo las finanzas y el pago de salarios.

El primero en avisar que no podrá hacer frente a las obligaciones con los trabajadores fue el intendente de Necochea, Arturo Rojas, pero se espera que de a poco la mayoría de sus pares comiencen a blanquear una situación repetida en la que las cuentas de las comunas dependen de los envíos de fondos de Nación y provincia. Por el momento ya se anunciaron algunos planes de asistencia, la duda que se impone es saber si serán suficientes y qué salidas les quedarán a los distritos más pobres si la cuarentena se extiende más allá de finales de abril.

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