En el oficialismo esperaban que ley de blanqueo de capitales y de ejecución de juicios por actualización de haberes previsionales ingrese a la Cámara de Diputados en las próximas horas. Las dudas sobre ese texto, que se centraban en si los funcionarios podrán o no ingresar a la amnistía para fondos no declarados y si el proyecto incluirá la derogación de la ley que impide la venta de acciones en empresas privadas que integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses sin aval del Congreso, son las que terminaban de dirimir.

La intención del Gobierno de vender las acciones

en empresas de la Anses empezó a perder fuerza

El blanqueo de capitales, al menos en sus lineamientos gruesos, pasaría sin trabas por ambas Cámaras. Desde todo el arco peronista, que incluye desde el Frente para la Victoria (FpV) y el bloque Justicialista al grueso del Frente Renovador de Sergio Massa, hay voluntad de acompañar también el pago por demandas de haberes jubilatorios. Aunque hay aristas que pretenden revisar.

La intención del macrismo de enajenar las acciones que componen el FGS de a poco empezó a perder fuerza. La idea inicial era cumplir con la demanda del sector empresario y financiero de borrar al Estado de los directorios de empresas de la talla del Banco Macro, Mirgor, Grupo Clarín, Siderar, Gas Natural BAN, Molinos Río de la Plata o Telecom. Y la necesidad de obtener liquidez para pagarle a jubilados era una muy buena excusa para sacarlas al mercado. Pero al trascender lo complicado de conseguir los votos para derogar una ley que el Congreso sancionó hace apenas ocho meses, todavía se debate en el gabinete económico de PRO sobre qué hacer con este punto.

El ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, ya dijo que el proyecto oficial “no prevé la venta de acciones de empresas que mantiene la Anses”. Lo que no dijo es si la intención del Gobierno es derogar igualmente la ley que exige dos tercios de ambas cámaras parlamentarias para la venta de cualquiera de esas acciones, lo que dejaría a la Anses con la posibilidad de que, si el blanqueo es un fracaso y los fondos ingresados no alcanzan para pagarle a los jubilados, tener la facultad de liquidarlas sin negociar con la oposición.

El proyecto, al menos en el borrador que manejan unos pocos en Casa Rosada y el Ministerio de Hacienda y Finanzas, requerirá la mediación de un abogado para que los expedientes avancen. Lo que abriría la puerta a un multimillonario negocio por comisiones. Un negocio que, creen en la oposición, viene impulsado por el presidente de Boca, Daniel Angelici, el hombre del presidente Mauricio Macri en la Justicia Federal y vicepresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

El trámite para jubilados necesitaría intervención

de abogados, un negocio millonario por comisiones

Según los cálculos del oficialismo, el pago de juicios consumiría unos 25.000 millones de pesos este año y unos 75.000 millones más el año próximo, sumando la ejecución de fallos y la actualización mensual de haberes. Los más optimistas esperan la llegada de unos 50.000 millones de dólares de blanqueo, aunque basándose en experiencias similares en otros países, ya sostienen que con 30.000 millones de dólares el blanqueo ya sería “un éxito”. La carga impositiva sobre esos fondos irá del 5% al 10% este año, trepando al 15% para los que declaren el año próximo.

La intención del presidente de la comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (PRO), es dar inicio al debate el jueves, con una reunión informativa que incluya la presencia del titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, y del jefe de la AFIP, Alberto Abad.

Apoyo en general, a la espera de los detalles

El diputado por el Frente Renovador (FR) Marco Lavagna dijo que “nadie puede oponerse” a pagarle la deuda a los jubilados, aunque prefirió ser prudente y esperar a poder leer la letra chica del proyecto que el gobierno enviará al Parlamento.

“Por supuesto que en el título uno está de acuerdo, pero cuando veamos la letra chica allí realmente vamos a poder conocer el proyecto”, admitió el legislador massista. Lavagna dijo que “lo que sí se sabe es que habrá tres tipos de tratamientos distintos en función de la situación de cada jubilado: si hizo juicio y lo ganó, si todavía no lo ganó y si no hizo juicio”.

“Por eso hay que analizar para ver cómo termina siendo y fundamentalmente saber cómo se planteará el tema del financiamiento estructural del sistema”, advirtió. El legislador hizo especial hincapié en el anuncio del oficialismo al señalar que “se mezcló con el blanqueo de capitales y con la devolución del 15 por ciento a las provincias por la deuda de coparticipación. La verdad es que es una gran ensalada”. “Supongamos que sale el blanqueo y resulta un fracaso, ¿qué signifi ca, que no se le paga a los jubilados?”, inquirió.