El primer contacto directo y frontal entre Alberto Fernández y los bonistas con títulos públicos emitidos bajo legislación internacional (y nacional), tiene más de un año. Fue en la primera semana de marzo de 2019, cuando el ahora jefe de Estado ni siquiera era candidato y sólo actuaba como uno de los principales asesores de campaña de Cristina Fernández de Kirchner. El encuentro fue cordial. Y hasta hubo algunas bromas. No parecían lo que en realidad eran en esos momentos: interlocutores que en aquellos tiempos se tenían mutua desconfianza, pero que, en las complicadas circunstancias del primer trimestre de 2019, se merecían una conversación sincera.

 

La reunión fue una invitación a un austero café, agua y algunas galletitas de agua en la oficina que un importante brocker argentino habilitó para la ocasión. De un lado estaba Fernández y un colaborador personal del luego Presidente. Del otro los representantes de cuatro de los fondos de inversión más importantes que habían apostado por el país durante el macrismo; y que, para esa época, no sólo estaban preocupados por las desventuras de su apuesta local (habían perdido fortunas desde abril del 2018). Su principal temor ya no era el saldo que les quedaría en rojo una vez que hubiera terminado el gobierno de Mauricio Macri. Sabían que, si el entonces presidente lograba la reelección, no habría dudas sobre la continuidad de la vigencia de los bonos.

 

En esos tiempos, hablar de reperfilamientos macristas era una utopía. La principal duda que tenían los acreedores era dura y concreta: ¿qué pasaría si el kirchnerismo volvía al poder? ¿Se reconocería la deuda o se la declararía ilegal? ¿Y si se reconocería, habría default? La duda fue lanzada, casi a coro, por dos de los fondos presentes en el encuentro: Blackrock, con fuertes tenencias en deuda emitida bajo legislación internacional; y Templeton, con papeles bajo leyes nacionales. La voz cantante la llevaba Templeton, la casa de inversiones estrella que llegó al país en el peor momento de la crisis durante 2018 y que, hasta ayer, calcula pérdidas que superan los u$s1.000 millones. Fue esta casa la que pidió la reunión. Luego, BlackRock y otros fondos pidieron sumarse, bajo la estrictísima condición del secretismo sobre todo lo que se hablara. Era explicable. El macrismo seguía de cerca la fidelidad que los bonistas y los actores del mercado de capitales debían rendirle, dado que aún se llamaba a si mismo el gobierno que había vuelto a poner al país en la órbita financiera mundial. Y en tiempos de campaña política, el entonces oficialismo no aceptaba dudas: debían ser públicos los apoyos al modelo macrista y las críticas al potencial regreso del kirchnerismo. No se aceptaban posiciones grises. Menos de los mercados.

 

Fue así que Templeton, BlackRock y los otros interlocutores fueron los que pidieron la reunión; suplicando para que el meeting se mantenga en secreto y en la más absoluta discreción. Se comprometieron además a no divulgar lo que se dijera en esa oficina del microcentro porteño. Iniciado el cónclave, y sin mayores vueltas, los financistas fueron a la única pregunta que les quitaba el sueño: qué pasará con sus tenencias de títulos públicos en el caso que Cristina Fernández de Kirchner vuelva a la presidencia. Más concretamente, si está en los planes de un eventual nuevo gobierno kirchnerista declarar unilateralmente un nuevo default. De la respuesta que obtuvieran, dependería si la decisión final de la aventura de estos fondos en el país terminaba en estas semanas, con pérdidas millonarias; o si cabría la posibilidad de esperar a ver si la inversión, en el largo plazo, terminaría siendo un negocio.

La respuesta recibida fue, algo, tranquilizadora. El entonces asesor de la casi segura candidata a la presidencia Cristina Fernández de Kirchner, afirmó que un futuro gobierno reconocería como "legales y vigentes" todas las deudas contraídas durante el gobierno de Mauricio Macri, incluyendo tanto las derivadas con el stand by con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como las colocaciones voluntarias de pasivos soberanos en los mercados locales y mundiales. Hubo una argumentación clave. Fernández reconoció a nombre de la ex jefa de Estado, que la situación de endeudamiento del macrismo, no podía ser relacionado con la situación de diciembre de 2001. Se mencionó que, en aquel tiempo, la declaración del default unilateral en la presidencia de Adolfo Rodríguez Saá incluía un conjunto de bonos que en un gran porcentaje habían sido contraídos durante la última dictadura militar; con lo que se justificaba políticamente una negociación amplia y dura. Como contrapartida, se reconocía que la nueva deuda fue contraída por un gobierno democrático asumido con el voto popular y luego del canje de deuda más grande de la historia mundial, protagonizado además en dos etapas del kirchnerismo. Este pasivo tenía entonces, a los ojos del kirchnerismo, una legitimidad que diferente con la del anterior default. Fernández le dejó en claro a los bonistas que en un eventual gobierno de Cristina Fernández de Kirchner; la deuda privada se respetará y bajo ningún punto de vista, se negará. Pero, también dejó firme otra sentencia: que se reconozca no implicaría que pueda haber algún llamado a renegociación de vencimientos; pero de manera voluntaria y de “buena fe” entre las partes. Obviamente no hubo mayores precisiones sobre la profundidad y velocidad de esas eventuales negociaciones, pero hubo insistencia en la frase “buena fe”.

 

Gran parte del tiempo de la tertulia, para sorpresa de los locales, se concentró en críticas de los fondos de inversión al gobierno de entonces. No fue algo sorpresivo. Sabía Alberto Fernández que los tenedores de deuda habían perdido fortunas durante los últimos meses.

El fondo Franklin Templeton, manejado por Michael Hasenstab, desembarcó como el séptimo de caballería durante las últimas semanas de Luis Caputo como ministro de Finanzas antes de su efímero desembarco en el Banco Central, quién los convenció de comprar unos u$s2.250 millones (el 70% den la emisión total) de un bono que sirvió para descomprimir uno de los llamados en esos tiempos “Supermartes de Lebac”. Fue el lunes 14 de mayo de 2018, un día antes de uno de los megavencimientos de Lebac que jaqueaban al Gobierno, cuando el fondo norteamericano trajo dólares frescos al país para convertirlos en la primera emisión de Botes nominados en pesos, y abastecer así la demanda de divisas que ese día aparecería por la tendencia de los fondos internacionales de salir de las Lebac y zambullirse en los dólares abastecidos por el Banco Central. El Bote, junto con otras colocaciones estrellas del actual gobierno, provocaron pérdidas megamillonarias en sus apostadores.

Las partes coincidieron en que la reunión había sido más positiva que lo esperado. Alberto Fernández llevó al bunker preelectoral del Instituto Patria la versión de los bonistas; y comenzó una cruzada personal ante lo más duro del kirchnerismo que buscaba venganza ante los tenedores de deuda. El entonces asesor afirmaba ante lo más border del Patria, que desde los acreedores no había ningún tipo de prejuicio, que en el caso de volver al gobierno no habría que esperar huidas ni fugas "golpistas" y que, en todo caso, las críticas eran más para el macrismo por no haber cumplido promesas. Fernández insistió en el instituto de campaña que les dejó en claro la posición que, si bien la deuda sería reconocida como legal, habría que estudiar algún tipo de reestructuración futura; que conviniera a las dos partes. No se sabe, hasta hoy, si los duros del kirchnerismo que circulaban por el Patria fueron convencidos por el embajador enviado por Cristina Fernández de Kirchner. Lo que sí quedó en claro, es que la ex presidenta expresó en el momento de designar al ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner como el candidato a Presidente, el hecho de haber sido uno de los protagonistas de la negociación del 2005. Y que su participación resultó una de las razones por las que consideró en mayo del 2019 que Alberto Fernández era el mejor candidato.

Al terminar aquella reunión de marzo de 2019 con los acreedores, Alberto Fernández lanzó ante sus interlocutores una frase que luego repetiría un año y cuatro meses después. "No somos el gobierno del default". La "onda" entre los interlocutores fue tan positiva en ese encuentro; que, durante los momentos más duros de la negociación llevada a cabo por el ministro de Economía Martín Guzmán, estos pidieron la intervención directa del ya Presidente. Y recordarle lo que les había hablado en aquel encuentro privadísimo en la city porteña.