Después de meses de silencio, la ministra de Justicia Marcela Losardo salió este sábado a hablar del lawfare. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter. Luego hubo un reposteo del propio presidente Alberto Fernández. Sus palabras son la reacción a las críticas que se redoblaron luego de que el fiscal Carlos Stornelli, procesado por espionaje en otra causa, lograra capturar la investigación sobre la construcción de la estructura ilegal de espías.

Fue el jefe de Estado quien convocó este sábado a la mañana a sus oficinas de Olivos a las ministras de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo; y de Seguridad, Sabina Frederic, y a la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra. Luego del encuentro, Losardo salió a postear un descriptivo hilo sobre la situación del lawfare –o, en castellano, acoso judicial– en el país.

“Es muy difícil hacer una mejor democracia y una república más sólida con jueces que acuden en socorro de sus mandantes políticos o corporativos. Es imperioso abordar cambios que le devuelvan a la Justicia el prestigio que unos pocos jueces y fiscales le han hecho perder”, comentó el presidente este sábado por la tarde, al retuitear el hilo de la ministra, socia de su estudio de abogados.

Losardo comenzó su intervención en la red con un gráfico en el que muestra que un 48% de los encuestados tiene poca confianza en la Justicia, mientras que el 39,1% tiene “nada”. Si bien la ministra no da cuenta de dónde sacó el gráfico ni qué encuestadora hizo la medición, Tiempo confirmó que los datos surgen de una investigación que hizo la consultora Hugo Haime. “Hoy sabemos que hubo jueces que acordaban y preanunciaban sus fallos con el presidente de entonces, que jugaban al tenis con él mientras perseguían a sus opositores con argucias legales. Y que siempre se han negado a hacer público su patrimonio”, dijo la integrante del Gabinete nacional sobre hechos que se conocen desde hace varios años.

Además de la acción del Poder Judicial y los servicios de inteligencia, la ministra señaló la responsabilidad de otra de las tres patas que conforman el lawfare: los medios de comunicación hegemónicos. “Es más que evidente que quienes gobernaron el país inmediatamente antes que nosotros consolidaron una justicia que los protege y les evita el deber de rendir cuentas por sus inconductas públicas. La ‘Mesa Judicial’ existió y dio los resultados que sus miembros buscaban. Todo ello ocurre con la anuencia de un conjunto de medios que tapan aquellas inconductas. Y que justifican que el juzgamiento de las mismas quede en manos de los fiscales y jueces que se han asociado a los propósitos de aquel gobierno”, comentó la funcionaria.

“Ver que un fiscal procesado, que participó en delitos atribuidos a un irregular agente de inteligencia y que está sospechado de presionar con fines de persecución política, sea hoy el encargado de investigar el espionaje del gobierno al que sirvió, causa una profunda indignación”, observó Losardo.

La funcionaria no mencionó cómo atacará el problema que describió. Y pidió más “conciencia” ciudadana. “Si la sociedad argentina no asume la gravedad que representa que el sistema judicial, tras la falsa invocación de su independencia, siga adelante con tan nocivas prácticas, solo acabará enfrentándose a una nueva y tremenda frustración”.

Hasta el momento, la acción concreta del Ejecutivo fue el proyecto de reforma judicial que lleva la firma del presidente, tiene media sanción del Senado y no se trató en Diputados.

Femicidios 

Fuentes oficiales confirmaron a Tiempo que la reunión de Fernández con las ministras fue el preludio del anuncio de la creación del Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, estructura que será creada a partir de un decreto presidencial. Se encuentra en redacción por parte de Gómez Alcorta, Frederic y la propia Losardo, en el marco del Programa Interministerial de Abordaje Integral de las violencias extremas por motivos de Género.

Hasta el momento, la única alta funcionaria que criticó de manera directa a la cúpula del Poder Judicial, es decir, a los cinco integrantes de la Corte Suprema, fue Gómez Alcorta. También fue la única integrante del Gabinete que salió a hablar en los medios tras el femicidio de Úrsula Bahillo. Los supremos se niegan a cumplir con la Ley Micaela, que estipula que deben recibir por parte del ministerio de Gómez Alcorta la capacitación contra la violencia de género.

Por lo pronto, tras el femicidio de Úrsula, desde las bases del Frente de Todos, comenzaron a llover las críticas por la falta de avance en una reforma profunda e integral del Poder Judicial.

Las investigaciones judiciales nacidas del llamado lawfare pertenecen a la Justicia federal y las causas por violencia de género son tratadas en la Justicia ordinaria de las provincias. Es por eso que el presidente emitirá el decreto de la creación del Consejo contra los femicidios. En tanto, el Frente de Mujeres de La Cámpora convocó a una movilización para este miércoles 17 frente a Tribunales en demanda de una “reforma judicial feminista”.   «

Para el abordaje integral de los femicidios

Según anunciaron fuentes oficiales, el objetivo del Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios será “desarrollar un ámbito de coordinación interinstitucional que garantice un abordaje integral, eficaz y articulado por parte de los distintos organismos involucrados de la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de prevención, investigación, sanción, asistencia y reparación de ese tipo de delitos”.

Lo integrarán funcionarios de los ministerios de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, y de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Se invitará a participar a las máximas autoridades del Ministerio Público Fiscal de la Nación, del Poder Judicial y del Poder Legislativo nacional.

También formarán parte las autoridades en materia de seguridad, género y justicia de las provincias y la Ciudad; cada uno de los Ministerios Públicos Fiscales de todos los distritos; y cada uno de los Poderes Judiciales de las provincias y de la Ciudad.

 

Por Gimena Fuertes