Cinco fiscales están citados para el 21 del actual para aunar esfuerzos e investigar de forma conjunta los coletazos del Lava Jato en la Argentina. Se trata de los investigadores que, por ahora, tienen bajo la lupa distintas aristas del soterramiento del Sarmiento, tras las versiones que surgieron en Brasil sobre posibles pagos de coimas por Odebrecht en esa obra.

Según pudo conocer LA NACION de fuentes de Comodoro Py, los fiscales del fuero federal Franco Picardi, Federico Delgado, Gerardo Pollicita y Carlos Stornelli fueron convocados a un encuentro por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez, para coordinar acciones y garantizar el éxito de la pesquisa.

La punta del ovillo fue un cruce de mails entre Manuel Vázquez -presunto testaferro del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime- y Mauricio Couri Ribeiro -directivo de Odebrecht- en los que habrían gestionado el pago de una coima. Encontrados por la policía de Brasil, algunos asuntos de esos correos decían "reunión Sarmiento".

El proyecto ferroviario se licitó en 2006, durante la gestión de Néstor Kirchner. Al contrato lo ganó una unión transitoria de empresas (UTE) que, además de Odebrecht, integraron Iecsa (la constructora del primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra), la italiana Ghella y las españolas Comsa-EMTE.

El procurador Rodríguez y un grupo de contadores se dedican a bucear en el expediente de la megaobra. Está revisando 45 carpetas y espera más material. Son los documentos que acreditan el paso a paso de la contratación y los problemas de financiamiento que paralizaron los trabajos hasta el año pasado.

La premisa de la PIA es simple: si en Brasil hay fuertes indicios de sobornos, habrá que recorrer el camino inverso para encontrar los rastros de esos pagos en la documentación argentina. Si hubo coimas para direccionar la licitación, eso tiene que haber dejado huellas.

Una causa por la presunta coima se tramita en Comodoro Py, a causa de una denuncia de la legisladora porteña Graciela Ocaña, que investigan el juez Marcelo Martínez Di Giorgi y el fiscal Picardi. Según el cruce de mails, Vázquez hacía un reclamo por "problemas" para recibir una suma de dinero pautada. Como resultado se registró un giro por US$ 80.000 de la offshore Klienfeld Services hacia Pribont Corporation SA, de Montevideo.

La pesquisa determinó que el dinero de Pribont desembocó en otras dos sociedades: Cyaes y Caesa, señaladas como firmas "fachada" de Jaime. En esa causa se esperan las respuestas a los exhortos enviados a Brasil y los Estados Unidos.

Denuncias opositoras

El juez Sebastián Ramos y el fiscal Gerardo Pollicita investigan el último capítulo de la obra del soterramiento. Este expediente se inició cuando Cristina Kirchner, en medio de una indagatoria, pidió que se investigue si el gobierno de Macri cometió algún delito al autorizar, por decreto, un presupuesto de US$ 3000 millones para culminar el postergado proyecto. Para la ex mandataria, el contrato estipulaba que los adjudicatarios buscaran financiamiento privado.

Hay, sin embargo, un decreto de 2008, firmado por Cristina Kirchner, Sergio Massa y Julio De Vido, que estipuló que "las turbulencias financieras internacionales" hacían inconveniente el crédito privado, por lo que se ordenaban "las adecuaciones presupuestarias y de crédito público necesarias para atender el pago de la obra". El fiscal Pollicita, que tiene delegada la pesquisa, está evaluando todos los antecedentes de la obra.

A estas causas se sumó la reciente denuncia de la diputada nacional Margarita Stolbizer, en la fiscalía de Carlos Stornelli. Ese fiscal realiza una investigación preliminar del capítulo argentino del Lava Jato y ya pidió información al Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Un nuevo coletazo llegó días atrás, cuando el diario brasileño Estadao informó sobre cinco correos enviados entre ejecutivos de Iecsa y Odebrecht en los que habrían aludido al presunto pago de US$ 20 millones en el marco soterramiento.

Desde Iecsa negaron haber participado en cualquier negociación espuria. Informaron que desconocen "la vinculación de las eventuales irregularidades que pudieran haberse desprendido" del Lava Jato y enfatizaron que están "a disposición de la Justicia". Al momento no recibieron ninguna citación judicial. La constructora del primo del Presidente está en proceso de venta. Pronto se definirá la puja entre los dos grandes interesados en Iecsa: el grupo Mindlin y la china CCCC.

Otro de los fiscales que tiene el ojo en el soterramiento es Delgado, que instruye la causa que investiga a Gustavo Arribas, el jefe de los espías. En su último requerimiento pidió que se incorpore al caso el decreto de Macri que autorizó ampliar el presupuesto público para la obra, porque consideró que "es un dato que se enlaza con la tesis que se investiga" en su expediente.