El Consejo de la Magistratura no fijó un plazo al aprobar la auditoría para los juzgados federales penales de todo el país, un relevamiento que Mauricio Macri había reclamado dos días antes en la reunión de Gabinete. Los integrantes del organismo quedaron en definirlo luego de elaborar un plan de acción, aunque el Gobierno ya estimó el tiempo conveniente de acuerdo con el interés público del tema y sus necesidades políticas: buscará resultados en cuatro meses, antes de fin de año, con el objetivo de desplazar a los magistrados que “se apartaron de la ley y obstaculizaron el avance de los expedientes” –en palabras de los funcionarios- y a la vez tomarlos como un “diagnóstico” para impulsar reformas en la Justicia en 2017, con la campaña electoral ya en marcha.

El Presidente había dicho ante los ministros que “la opinión pública está sobre la Justicia” y que el órgano encargado de designar y controlar a los jueces “tiene que cumplir con su función”. Para confirmar su firme intención de que el Consejo aprobara la auditoría, propuesta en abril por el Colegio de Abogados de la Ciudad y apoyada por organizaciones de la sociedad civil, José Torello –jefe de asesores y hombre de su confianza- apareció en el plenario en el momento de su tratamiento. El relevamiento incluirá precisar el plazo promedio de duración de las causas, las actuaciones, los tiempos en las Cámaras, los casos elevados a juicio y otros aspectos. Desde 1996 hasta esta semana, el período que abarcará, unas 2.400 causas por denuncias de corrupción o lavado de dinero involucraron a funcionarios públicos, estimó un integrante del Consejo. El promedio de duración superaría los 10 años.

“Había mucha pasividad en el Consejo y ellos se dieron cuenta. Pero esto no es una caza de brujas. Se abrirán los procesos disciplinarios que correspondan”, dijo a Clarín uno de los integrantes del Gabinete más dedicado a esta cuestión, negó que funcione como una presión a los jueces y camaristas, y adelantó que la demora en sí misma difícilmente reúna los dos tercios necesarios para una remoción: “Hay que ver hasta qué punto los consejeros tienen la decisión y el valor de avanzar. Es más factible ante claras maniobras para obstaculizar determinados expedientes”. De cualquier modo el juicio político no aparece como el único camino para el eventual desplazamiento de jueces –Sebastián Casanello, Daniel Rafecas y Rodolfo Canicoba Corral, los principales en la mira; también los camaristas Eduardo Freiler y Alberto Ballestero-: el Gobierno prefiere el atajo de la renuncia, como pasó con Norberto Oyarbide. “Es un mejor camino. Cumple con la finalidad y permite que el Consejo se focalice en otros casos”, ratificó un alto funcionario, más allá de los reclamos de Elisa Carrió y otros integrantes de Cambiemos en la salida de Oyarbide.

En cuanto a las críticas sobre la intención de abrir vacantes en Comodoro Py para nombrar jueces afines, Macri se adelantó en la reunión de Gabinete: “Nos están mirando mucho. Ojo que cada designación muestra lo que estamos haciendo”. Y bajó la línea de replicar los casos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en la Corte, que el Gobierno pudo presentar como punto positivo que no tenían relación con el Presidente.

“También tendrá el valor de ser un lindo indicador del funcionamiento de la Justicia, provocará impacto. Y funcionará como un diagnóstico para promover soluciones a problemas estructurales”, dijeron a este diario fuentes cercanas al ministro del área, Germán Garavano. El Gobierno apostará a utilizar los resultados de la auditoría para enviar un proyecto de reforma al Congreso en los primeros meses del año próximo, ya en medio de la disputa electoral. Entre las líneas preliminares mencionaron cambios para simplificar la etapa de instrucción, recortar los recursos de apelación en esa instancia y los motivos de nulidad de elevación a juicio. ¿Se mantendrá en ese momento la presión pública aludida por Macri para avanzar? En la Casa Rosada estimaron que entre fin de año y principios de 2017 podrían ir a juicio parte de los ex funcionarios y empresarios kirchneristas como Amado Boudou, Lázaro Báez, José López y Julio De Vido (por la tragedia de Once). “Creemos que sí, vemos un clamor de la gente por Justicia. Aunque la situación económica repunte, hay una demanda por la corrupción, por la inseguridad y por el narcotráfico”, aseguró un miembro del Gabinete.