La Justicia le dio algo más de oxígeno al Gobierno y rechazó abrir la feria judicial para tratar una medida cautelar que pueda bloquear el decreto que habilitó a los familiares de funcionarios y exfuncionarios a participar del blanqueo de capitales. Cualquier decisión -como paso previo a que se pronuncien sobre su constitucionalidad- pasará para febrero, con lo que el Ejecutivo logró sortear (por ahora) el cerco judicial que también tuvo su réplica en Comodoro Py, en una causa que tiene a Mauricio Macri como imputado. La Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal le denegó al diputado del Frente Renovador, Felipe Solá, el pedido para resolver durante el receso. Idéntico camino seguirá la otra demanda que se tramita en paralelo.

"Los argumentos esgrimidos para fundar la solicitud de habilitación de la feria judicial no revisten -en este caso- suficiente entidad como para disponer la medida excepcional requerida", aseguró la jueza Rita Ailán, titular del juzgado federal N°4, que trabaja durante la feria. El pedido ingresó la primera semana de enero, por solicitud de Solá que ingresó una demanda para que se declare la inconstitucionalidad del Decreto N° 1206 que con las firmas de Macri, el extitular de Hacienda, Alfonso Prat Gay y el jefe de Gabinete, Marcos Peña extendió a familiares de funcionarios la posibilidad de ingresar al blanqueo, algo que había sido vedado cuando la norma fue aprobada por el Congreso. El diputado massista exigió una medida cautelar que frene la aplicación del decreto que continúa vigente. Ailán recibió la opinión de la fiscalía en contrario de abrir la feria, lo que era mirado con expectativa como un posible revés judicial contra la Casa Rosada en pleno receso. 

"La habilitación de feria tiene carácter excepcional cuando exista la posibilidad de hacer ilusorio el presunto derecho invocado por el presentante como consecuencia de la demora en resolver las cuestiones planteadas", sostuvo la jueza en su fallo en el que aplicó la clásica forma que rechaza que pueda haber una continuidad durante enero de las causas que comenzaron a tramitarse al filo de fin de año. "Asimismo, debe tenerse en cuenta que además de la urgencia en la solución, debe referirse a asuntos que se hayan suscitado durante la feria o en un momento inmediatamente anterior a ella", agregó. En este caso, no vislumbró un peligro que no pudiera aguardar un pronunciamiento durante febrero. 

"Toda vez que la demora impuesta por el receso judicial de enero en la tramitación de estos actuados no entraña un riesgo cierto e inminente de frustración de derechos", justificó su posición sobre el amparo planteado por Solá. En paralelo, la agrupación AJUS (Abogados por la Justicia Social) interpuso un planteo similar apenas se publicó el decreto en el Boletín Oficial. Los letrados fueron por un camino distinto: solicitaron por la vía ordinaria la anulación de casi todo su articulado y que se los declare inconstitucionales. Esa causa recayó en la propia Ailán, y terminó por unificar su trámite con la presentación posterior del massismo. Ahora, hubo un revés para Solá que tendrá su réplica en la causa de Ajus, que espera en el casillero anterior la opinión del fiscal. Si habilitaba la feria, la jueza debía tomar una definición inmediata sobre la cautelar, lo que ahora tendrá que ser atajado por ella misma a partir de febrero. 

La firma del Decreto N° 1206 había motivado la apertura de una investigación en los tribunales federales de Comodoro Py, a pedido del fiscal Guillermo Marijuan. En la denuncia a cargo del juez Ariel Lijo y realizada por la legisladora de Libres del Sur, Victoria Donda, se investiga si Macri y los funcionarios pudieron haber cometido un delito con la firma de esa resolución, criticada desde todos los frentes y defendida por el oficialismo. Pero esa denuncia también tiene su melliza, el juez Sebastián Ramos tramita un expediente idéntico por la presentación hecha por la diputada del Frente para la Victoria, María Emilia Soria. En ese caso, se aportó la nómina de medio centener de empresas offshore que están siendo ventiladas en el marco de la causa Panamá Papers y atribuidas a diversos integrantes del clan Macri o del grupo Socma. En lugar de definir una imputación en ese caso, el fiscal Gerardo Pollicita dispuso abrir una investigación preliminar y pedir las versiones taquigráficas del Congreso sobre la discusión parlamentaria de prohibir acceder al blanqueo a los familiares de funcionarios. Solá dijo públicamente que el propio Presidente llamó a Sergio Massa para flexibilizar ese obstáculo del texto final de la norma.