El senador pampeano Carlos Verna figura en el extenso listado de testigos que deberán declarar, ante el Tribunal Oral Criminal Federal Nº 3 de Capital Federal, en el juicio oral y público por las presuntas coimas pagadas en el Senado para aprobar la reforma laboral que impulsó el gobierno de la Alianza en 2000.
Todos ellos están procesados por el delito de cohecho. Originalmente había otros dos senadores en la misma situación; el peronista Emilio Cantarero, que fue declarado inimputable por su estado de salud, y el radical José Genoud, que se suicidó en septiembre de 2008.
La citación a Verna, en una nómina de 330 testigos, fue confirmada ayer a LA ARENA por fuentes judiciales porteñas. El testigo, en un juicio de estas características, está obligado a decir la verdad y presta juramento ante el tribunal. Si miente puede ser condenado por el delito de falso testimonio, sancionado con entre uno y diez años de prisión e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo.
El ex gobernador, y referente de la Línea Plural, en una vieja entrevista con este diario, afirmó: "A mí no me consta, pero estoy seguro de que no puede convencer a nadie; para la gente todos cobramos sobornos".
A pesar de la convocatoria del Tribunal, Verna puede no concurrir al juicio porque goza de un "tratamiento especial", según el artículo 250 del Código Procesal de la Nación. ¿Por qué? Porque ese texto prevé que "no están obligados a comparecer (en persona) el presidente y vicepresidente de la Nación; los gobernadores y vicegobernadores de provincias; el jefe y vicejefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los ministros y legisladores nacionales y provinciales; los miembros del Poder Judicial de la Nación y de las provincias; los ministros diplomáticos y cónsules generales; los oficiales superiores de las fuerzas armadas desde el grado de coronel o su equivalente, en actividad; los altos dignatarios de la Iglesia y los rectores de las universidades oficiales".
El Código remarca que el senador podrá declarar por escrito, aunque siempre bajo juramento, pero también que "podrá renunciar al tratamiento especial". Habrá que ver cuál es la decisión de Verna.
Nombres con peso.
La Justicia consideró acreditado, prima facie, que el 26 de abril de 2000, el Senado convirtió en ley el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno aliancista a través de Flamarique, gracias al reparto de al menos 5 millones de dólares en coimas que salieron de la SIDE, según dijo Pontaquarto.
El Tribunal Nº 3 ya aceptó a los 330 testigos, entre los cuales figuran la presidenta Cristina Fernández de Kirchner; el secretario general de la CGT, Hugo Moyano; los ex presidentes Carlos Menem y Eduardo Duhalde; el ex vicepresidente Carlos "Chacho" Alvarez; los ex secretarios de Inteligencia, Sergio Acevedo y Hugo Anzorreguy; el actual segundo de la Secretaría de Inteligencia, Francisco "Paco" Larcher; los ex senadores Antonio Cafiero, Eduardo Bauzá, Ramón "Palito" Ortega, Graciela Fernández Meijide, Luis Barrionuevo y Jorge Yoma; el periodista del diario La Nación y de TN, canal del Grupo Clarín, Joaquín Morales Solá, y el chofer de la Secretaría de Inteligencia que habría llevado a Mario Pontaquarto con el dinero de las coimas, Luis Alberto Ruidía; los actuales senadores Ernesto Sanz y Ricardo Gil Lavedra; el diputado Héctor Recalde; los sindicalistas Armando Cavalieri, Víctor De Gennaro, Omar Viviani y Juan Manuel Palacios; ex funcionarios de la Alianza (Federico Storani, Rodolfo Terragno, Carlos Becerra, Leonardo Aiello y Darío Richarte); y el ex ministro del Interior, Carlos Corach, entre otros.


















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