Desde hace dos semanas, uno de los pilares de la discusión política en el país pasa por qué sucederá con los subsidios al transporte de pasajeros en colectivos en la Ciudad para las 32 líneas que se mantienen estrictamente dentro de los márgenes del territorio porteño. Se trata de la cuarta discusión en cuanto a competencias que mantienen el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Coparticipación primero, traspaso de la Policía después, clases el año pasado y subsidios luego forman parte del abanico de discusiones que terminaron en la Corte Suprema de la Justicia ante la imposibilidad de llegar a un buen puerto. Un dato no menor es que ese tipo de discusiones entre la Nación y las provincias forman parte de un historial que se repite independientemente del color político.

En épocas de ajuste, la Nación intenta sacarse competencias, las traspasa sin los fondos, se judicializa la cuestión y luego la Corte Suprema falla a favor de las provincias debido a que tanto en la Constitución y en la ley Cafiero se establece que deben ser llevadas a cabo sólo con los recursos. Así sucedió con el tema jubilaciones, con las competencias penales, con el control del juego y hasta Educación y Salud.

“El esquema es simple. Siempre y cuando se demuestre que hay voluntad de diálogo, la Corte no falla. Cuando se percibe que se cortó, es cuando emite un fallo obligando al Estado Nacional a restituir fondos con intereses y punitorios”, analizó una calificada fuente judicial conocedora de este tipo de causas. 

Por esa misma cuestión, el máximo tribunal empezó hace tiempo a aceptar mediante la Secretaría de Asuntos Originarios estas causas antes que haya un fallo en una instancia inferior. Si bien desde la sanción de la Constitución en 1994 hubo casos de disputas, en los últimos 10 años se intensificaron y tuvieron a la Ciudad como actor protagónico.

Aunque no fueron los únicos. En 2011 comenzó el traspaso de competencias penales a la órbita de la Justicia porteña pero sin los fondos. La Ciudad entonces amplió el espectro de cobertura de la Justicia local, pero en 2013 frenó el tercer convenio ante esa situación que se repetía. Desde los fallos judiciales en 2017 se transfirieron los fondos correspondientes y se avanzó hasta donde se pudo por la resistencia de los miembros de la Justicia Nacional.

Con el subte pasó algo similar, aunque no se llegó a la judicialización y se avanzó en un acuerdo ante ambas juridiscciones. Tres años después, en 2015, la Corte Suprema tuvo su primer fallo con respecto a las competencias que no era exclusivo de la Ciudad. Consideró que el Estado se quedó de forma errónea con impuestos que debían ingresar a las arcas jubilatorias provinciales y ordenó una modificación. El fallo beneficiaba a Córdoba y Santa Fe, pero la entonces presidenta saliente Cristina Fernández de Kirchner emitió una serie de decretos que establecía que debían compensarse a todas las provincias. aún cuando le quedaban apenas días de mandato y sin consultar a su sucesor.

Ya con el ex presidente Mauricio Macri en el cargo los conflictos entre provincias y la Casa Rosada siguieron. La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, avanzó con el reclamo ante la Corte Suprema por la actualización del fondo del conurbano. Cuando se sancionó la Constitución en 1994, Buenos Aires recibió un fondo compensatorio de USD 600 millones por los puntos de coparticipación que perdería y que había perdido antes cuando el ex mandatario Antonio Cafiero compitió por la interna presidencial del PJ en 1988. 

Ese fondo se pesificó y no se actualizó. Sólo con la firma del pacto fiscal y la actualización de ese fondo más la compensación económica es que Vidal retiró la demanda de la Corte Suprema. En ese sentido también Rodríguez Larreta recibió la compensación por el traspaso de la Policía que luego fue recortada, en dos ocasiones, por la administración de Fernández, en lo que se generaron dos demandas luego unificadas en una ante la Corte Suprema. 

Ya con el Frente de Todos nuevamente en el sillón de Rivadavia, no sólo sucedió el mencionado recorte. También estuvo la disputa por la Educación y las clases presenciales. Como con, valga la redundancia, la Constitución de 1994 se traspasó la potestad en Educación y Salud, el máximo tribunal consideró que era una competencia provincial en la que el Estado Nacional no tenía injerencia incluso dentro de una pandemia. Por eso falló a favor de la Ciudad. 

Ahora se suma un nuevo caso, por los subsidios a los colectivos. Son $14.000 millones en danza. Por estas horas la judicialización es casi una certeza.