El ministro de Economía, Martín Guzmán, tendrá una tarea difícil a la hora de redefinir el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en marzo. En el primer trimestre de este año se disparó el déficit primario devengado de la Administración Pública, según indica la ejecución del presupuesto. En ese período, el rojo creció 409,3% en términos reales.

Los datos correspondientes a la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) indican que el déficit primario llegó a $392.842 millones. El financiero, que incluye el pago de intereses de la deuda, trepó a $659.926 millones y subió 141,9% respecto del primer trimestre del 2021.

Se trata de números indicativos, ya que la oficina técnica del Poder Legislativo mide los gastos devengados mientras que al FMI le interesa lo que se denomina “base caja”, es decir, el dinero que entra y sale por mes. También la OPC mide solo la Administración Pública Nacional, que incluye la administración central, los organismos descentralizados y las instituciones de la Seguridad Social. En relación al PBI, en el primer trimestre la Administración Nacional tuvo un rojo primario de 0,55% mientras que el financiero fue del 0,92%.

Si se analiza el presupuesto en vigencia, el nivel de ejecución del gasto de la administración nacional es del 28%, con un total de poco más de $3 billones, respecto de un crédito vigente de $10,7 billones. Esta última cifra puede sufrir cambios en función de la adaptación que tiene que llevar a cabo el Gobierno de la proyección de gastos e ingresos en función de lo establecido en el acuerdo con el FMI.

Guzmán estará esta semana en Washington en la Asamblea de Primavera del FMI donde espera poder arrancar con las discusiones sobre la reformulación del acuerdo que el board del organismo aprobó en marzo, cuyas proyecciones ya quedaron desactualizadas e impactadas por efecto de la guerra en Ucrania.

El titular del Palacio de Hacienda deberá enfrentar a un FMI que le pedirá que “recalibre” las políticas previstas para alcanzar el equilibrio fiscal. Es decir, que mantenga el 2,5% de déficit primario de este año y que adopte nuevas medidas para lograrlo. De ser así, el Gobierno estaría obligado a conseguir mayores ingresos o a achicar gastos o ambas cosas, viendo el descalabro que generó el conflicto bélico en el precio del gas que importa la Argentina.

Analistas privados sostienen que el Gobierno podría este año compensar el mayor gasto en dólares que demandará la energía, con más ingresos en moneda dura que generará el aumento del precio de los cereales. Pero a nivel de pesos, las retenciones que le cobran a los exportadores no compensarían el aumento del gasto en moneda local que generará la suba de los subsidios a las tarifas. Los proyectos de ley de blanqueo para fugadores de dólares o la iniciativa que impulsa Guzmán para las rentas extraordinarias indican que el Gobierno trata de compensar estos desfasajes por el lado del incremento de ingresos antes que por un ajuste del gasto.

Al respecto, en los primeros tres meses del año, el gasto en subsidios creció 90% en términos reales respecto del 2021. Fueron $305.428 millones, de los cuales, la mayor parte se lo llevaron las ayudas a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, con el 86%. La OPC revela que el grado de cobertura de los costos de las tarifas eléctricas pasó del 43% en febrero del 2021 al 33% en el mismo período del 2022. En ese período el precio de generación creció 63%, mientras que el de distribución lo hizo en el 28%.

De no lograr que el Congreso apruebe nuevos impuestos, el Gobierno se vería forzado a bajar el gasto y algunos gobernadores temen que los recortes puedan pasar por las obras públicas.

Por otro lado, si se ven los números del programa con el Fondo, entre enero y marzo el ministro de Economía tiene que lograr un déficit primario base caja del Sector Público Nacional de $222.300 millones. A diferencia de la APN, el Sector Público incluye a las entidades financieras. En principio, la primera auditoría en mayo ante el FMI no corre riesgo y será aprobada, teniendo en cuenta el cambio de las condiciones financieras globales, pero la discusión quedará para lo que resta del año.