Los subsidios energéticos en debate: ¿qué se debe hacer con las tarifas y el costo de la energía?

Los subsidios energéticos en debate: ¿qué se debe hacer con las tarifas y el costo de la energía?

Lo que está en juego es ni más ni menos que el corazón del acuerdo con el FMI. Según lo que se resuelva tras las audiencias públicas con las tarifas, el organismo dará su veredicto.

Los subsidios energéticos están en el ojo de la tormenta. El próximo 17 de febrero el ENRE realizará una audiencia pública para analizar la suba de las tarifas de la electricidad, mientras que el Enargas ya escuchó a los principales actores del sector del gas y ahora debe tomar una decisión. Lo que está en juego es ni más ni menos que el corazón del acuerdo con el FMI, que exige al Gobierno nacional un abrupto recorte de los subsidios energéticos para concretar la declamada disminución del déficit fiscal y así lograr la renegociación de la deuda contraída por la gestión de Mauricio Macri. Según lo que se resuelva tras las audiencias, el FMI dará su veredicto. Por este motivo, en las más altas esferas del poder político hoy solo se debate qué hacer con estos subsidios

Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) indicó que en 2021 los subsidios destinados al sector energético (gas y electricidad sumados) ascendieron a $ 1.046 billones, equivalente a dos tercios del total y cerca del 80% de todo el déficit primario. Esa cifra a un tipo de cambio promedio de $105 revela que el año pasado se destinaron unos u$s11.000 millones a la energía. En el 2021 los subsidios crecieron 137%, lo que implicó una erogación adicional de $606.112 millones.

 

Del total de subsidios, Cammesa lideró las transferencias recibidas con $695.000 millones (unos u$s7.300 millones), lo que representó un aumento de 115,4%, ocupando el 66% del total de los fondos ejecutados. La estatal IEASA (ex Enarsa) utilizó $141.892 millones, con un aumento del 205%.

 

A través de los diferentes subsidios a la oferta se destinaron $277.000 millones (unos u$s2.927 millones) a la producción de gas natural, principalmente por el Plan GasAr, que incentivó muy fuertemente la actividad en Vaca Muerta. Sin embargo, el plan de desarrollo del shale gas establecido en la Resolución 46 del gobierno anterior también implicó un gasto por $73.440 millones. Los subsidios totales al gas crecieron un 220% en un año.

El proyecto de Presupuesto 2022 que cayó en desgracia estimó un gasto en subsidios energéticos para este año $ 873.397 millones. Inicialmente ya se preveía un recorte, pero el contexto internacional y local cambió drásticamente. El texto fue redactado en septiembre pasado, cuando el dólar blue no había escalado a $220, la inflación anual prevista era del 33% para este año y no había una sequía histórica que disminuyera 30% la generación hidroeléctrica. Ni si quiera existían las tensiones entre Ucrania y Rusia por el gas europeo, ni el barril de petróleo había llegado a los u$s90. En septiembre pasado ni se pensaba en que Bolivia tendría menos gas para vendernos, que enero marcaría un pico de consumo récord de energía en el país para desabastecer el stock a las centrales térmicas, ni que el GNL llegaría a rondar los u$s28 el millón de BTU, casi cuatro veces lo que se pagó en el invierno pasado. Hoy el contexto es diferente: el precio de la energía se encareció en el mundo y se triplicó -como mínimo- para la Argentina. Entonces, ¿qué se hace con los subsidios?

 

Antes de participar de la audiencia del ENRE, Adeera, que nuclea a 49 distribuidoras de energía eléctrica de origen público, privado y cooperativo y presta servicios a 14 millones de hogares en todo el país, reveló que el 50% de los argentinos paga facturas por el servicio eléctrico por debajo de los $1.500, mensuales, lo que equivale al 4,5% del salario mínimo vital y móvil. "Mientras que la demanda de energía eléctrica mantiene un crecimiento sostenido en todas las categorías de usuarios, las distribuidoras afrontan los costos del servicio con ajustes menores a la inflación en todas las provincias", aseguran.

 

En el caso del gas, según dijo la subsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Maggie Videla, en la audiencia del Enargas, el actual esquema de subsidios que cubre el 70,9% del costo total de la demanda prioritaria y si no aumentan las tarifas se necesitará una partida presupuestaria adicional de $81.000 millones en 2022 para mantenerla. El Presupuesto desgraciado solo preveía una partida de $135.000 millones para el gas, unos u$s2.573 millones, mientras que el resto se debería cubrir con más tarifas o más subsidios. La propuesta del Ministerio de Economía sería que el Estado pase a cubrir el 44,4% del costo total, y así no harían falta partidas adicionales.

 

Si la decisión es guardar los dólares, las facturas de gas de los hogares se deberán incrementar entre el 37% y 47%, según los distintos niveles de consumo. Si el Estado nacional decidiera eliminar todos los subsidios al gas, las boletas de los clientes residenciales tendrían que aumentar entre un 94% y 126%. Pero nada es tan sencillo.

 

El FMI pretende un recorte de subsidios energéticos y que no superen el 1,9% del PBI de 2022, o sea, que bajen u$s3.500 millones y no pasen los u$s7.500 millones. Sin embargo, la mayoría de los especialistas y analistas coinciden que ese deseo también caerá en desgracia por la suba de los precios internacionales de la energía.

 

Días atrás Ámbito reveló que en una sola semana Cammesa ya adquirió 18 barcos de gasoil y siete de fuel oil por u$s800 millones para llenar las centrales térmicas sin gas natural durante la temporada preinvernal, y que además IEASA ya compró el primer cargamento de GNL a u$s27,24 el millón de BTU. Además, Bolivia todavía no definió el aumento del precio ni las cantidades que podrá suministrar en los próximos meses. El deadline para conocer el nuevo tarifario es el 30 de abril.

Según la última estimación de la Secretaría de Energía, en 2022 se pagarán u$s23,70 el GNL y u$s7,46 el gas boliviano, dos precios por demás optimistas. Eso implicaría que para satisfacer la demanda nacional habrá importaciones de GNL por casi u$s4.000 millones y compras a Bolivia por u$s1.000 millones. A esos u$s5.000 millones de base se le agregan los costos del fuel oil, gasoil, el crudo extranjero que destilan algunas refinarías sin calidad de producto, los incentivos al plan GasAr que hoy se paga a razón de u$s4,84 el millón de BTU y otros regímenes de producción de hidrocarburos y energías renovables, el sostenimiento de YCRT, el precio cuidado de las garrafas, y demás gastos energéticos.

 

Alberto Calsiano, jefe del Departamento de Energía de la UIA, cree que los subsidios podrían llegar a u$s14.000 este año. “No existe la idea de que generar, transportar y distribuir la energía lleva un costo adentro, ya sea que lo haga el Estrado o los privados, y que ese costo lo paga el usuario o la sociedad a través de los subsidios. Hoy se pagan $5.000 de televisión por cable y $600 de electricidad, no puede haber tanta diferencia”, señaló.

 

Para el economista Julián Rojo, del Instituto Gral. Mosconi, el 20% de aumento promedio en las tarifas no alcanza. “Ese aumento implica aproximadamente que se incrementen un 50% el precio de la energía eléctrica y el gas, sin tocar los cargos de distribución y transporte. En ese caso los subsidios crecerán un 15% hasta los u$s12.700 millones respecto de 2021 y representarían el 2,7% del PBI”, alertó.

 

El ex secretario de Energía Emilio Apud no solo consideró el 20% insuficiente, sino que también desechó el 30% promedio que tiene intenciones de ajustar Martín Guzmán. “Para reducir el déficit del sector o los subsidios que lo sostienen al 1,9% del PBI que permitiría alcanzar el acuerdo con el FMI, las tarifas de luz y gas en promedio tendrían que subir un 90% más la inflación en 2022, es decir, no menos de 150% en este año”.

 

Hoy los usuarios pagan en promedio el 30% del valor del gas y el 25% de la electricidad. La pregunta sigue dando vueltas: ¿qué hacemos con los subsidios energéticos?

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