En ese contexto, la ausencia del gobernador (se encuentra de viaje por Italia) fue un condimento especial. Desde el entorno de Scioli ratifican que Casal es un hombre clave en la administración provincial y ayer fue el jefe de Gabinete, Alberto Pérez, el que salió a defenderlo públicamente. “Por supuesto”, respondió el jefe de ministros, cuando le preguntaron si estaba garantizada la continuidad de Casal al frente de la cartera.

La entrevista a Pérez no fue antojadiza: operaciones mediáticas orquestadas desde el kirchnerismo sostenían que, para el fiscal que investiga la muerte de los dos jóvenes ocurrida la semana pasada en José León Suárez, no hay elementos para suponer que allí actuó una banda organizada. En resumen, para los ultra K, “Casal miente”.

El domingo, el diputado kirchnerista Edgardo Depetris le disparó con munición pesada al ministro, al igual que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), dirigido por el periodista Horacio Verbitsky. De todos modos, se trata de rivales secundarios en esta pelea de fondo: el adversario principal es la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré.

La puja no es nueva. La semana anterior este diario confirmó que los incidentes en José León Suárez profundizaron una pelea que no es nueva. Es que Garré y Casal tienen opiniones opuestas sobre la mayoría de los temas, y eso hace que ante el primer inconveniente los choques se vuelvan inevitables.

“Es nuestro ministro de Seguridad, y estamos muy satisfechos, tanto el gobernador como los que lo acompañamos. Además, somos parte de un mismo equipo, hoy nos vamos a reunir por diferentes cosas que estamos planificando con el ministro”, comentó Pérez, en un claro intento por quitarle presión al tema.

Algunos recordarán a los díscolos Emilio Monzó y Santiago Montoya, que debieron abandonar la gestión bonaerense por diferencias con el expresidente Néstor Kirchner. En ese contexto, desde el entorno del gobernador sostienen que Cristina Fernández no es igual que su esposo y también creen que Scioli está en otra posición. Juran que esta vez no cederán ante las presiones del kirchnerismo.

Hechos salientes de una relación tensa

Desde que Nilda Garré asumió en el nuevo Ministerio de Seguridad, los cruces con su par bonaerense se sucedieron. Públicamente, hubo dos destacados: la postura contraria en cuanto a la baja de la edad de imputabilidad de los menores (la Provincia quiere llevarla a 14 años y para la Nación es una medida intrascendente) y la capacitación de los policías que surgió por las polémicas declaraciones del canciller Héctor Timerman.

Pero también hubo otras disputas que no se hicieron públicas. La medida de Garré de prohibir a las fuerzas federales que vayan armadas a las protestas sociales no fue replicada por la Provincia. Además, el desembarco de 6 mil gendarmes en el Conurbano fue mirado con desconfianza por las autoridades de la Provincia, que lo consideraron una suerte de “intervención” en la seguridad bonaerense.

Tampoco se aclaró nunca quiénes agredieron a los cuatro gendarmes que custodiaban un predio en Lanús. Apenas ocurrió, se lanzó una versión que indicaba que los disparos habían sido efectuados por efectivos de la Bonaerense. Públicamente, siempre se negó, pero el rumor quedó instalado.

Seguirán enviando a la Policía Metropolitana al exterior

Otra de las diferencias que surgieron la semana anterior en materia de seguridad fue la capacitación que reciben los efectivos. El canciller Héctor Timerman había cuestionado que la Policía Metropolitana se capacite en un centro estadounidense. Tras esos dichos, el ministro de Seguridad de la Provincia, Ricardo Casal, confirmó que efectivos de la Bonaerense también asisten a ese curso y mencionó que de la misma forma lo hacen los de la Policía Federal, bajo el mando de Nilda Garré.

Ayer, tras la polémica, el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, ratificó que la Policía Metropolitana seguirá capacitándose en el exterior y consideró como “muy positiva” su actuación, a un año de la creación del cuerpo.

Según Timerman, los cursos que toman efectivos de la fuerza en el exterior comprenderían “tortura” y “técnicas golpistas”. Pese a esto, Montenegro confirmó que se mantendrán esos viajes de capacitación. “Absolutamente. Es una payasada decir que no conviene capacitarse”, señaló el funcionario cuando se le preguntó por la continuidad de los estudios en El Salvador.

Al cumplirse un año de la creación de la Policía Metropolitana, por su parte, el ministro de Seguridad porteño realizó una “evaluación muy positiva” de su actuación. “En líneas generales, fueron todas muy buenas (intervenciones), de acompañamiento a la Justicia, otras de acompañamiento a los vecinos”, indicó Montenegro.

El funcionario explicó que “todo tiene que ver con cómo va una Policía integrándose con la sociedad de a poco. Va logrando su desarrollo territorial, ya está en nueve barrios, cuidando a más de 450 mil, 500 mil porteños que circulan por allí”, destacó.

El Gobierno puso a su hombre en el Consejo de la Magistratura

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, tomó ayer juramento a Hernán Ordiales como representante del Poder Ejecutivo Nacional en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Ordiales -hasta ahora secretario general del Consejo- asumió el cargo en lugar de Héctor Masquelet, quien renunció el 17 de diciembre de 2010, y así completa la integración del cuerpo. El nuevo representante del Ejecutivo en el organismo que elige y sanciona a los jueces trabajó en la comisión de Acuerdos del Senado y, desde la creación del Consejo, se desempeñó junto a los legisladores peronistas Ricardo Branda, Jorge Casanovas y Carlos Kunkel.

En tanto, el próximo jueves se realizará la sesión plenaria del Consejo, donde está prevista la elección de los nuevos presidente y vice del cuerpo. Actualmente, el académico Manuel Urriza, oficialista, ocupa la presidencia de manera provisional. No obstante, tras las últimas elecciones para la renovación de consejeros, el kirchnerismo vio menguado su poder de veto, que ostentaba desde que logró reducir de veinte a trece el número de miembros del organismo.

Además, ya dejaron de pertenecer al cuerpo dos consejeros defensores acérrimos de las posturas oficialistas: los diputados nacionales Diana Conti y Carlos Kunkel.

En rigor, el representante del Ejecutivo en la Magistratura suele ser el viceministro de Justicia, pero tras la salida de Masquelet -un hombre del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández- fue designado Alejandro Julián Alvarez, un militante de la agrupación kirchnerista La Cámpora, de 29 años, que no llegaba a los 30 años de edad ni los ocho de profesión de abogado que impone el reglamento del Consejo para ser nombrado.