Como primer movimiento en la “guerra” contra la inflación, el Gobierno confirmó este fin de semana la suba de dos puntos porcentuales de retenciones para el aceite y la harina de soja (pasaron de 31% a 33%) medida que las organizaciones del campo en alianza con los legisladores de la oposición buscarán bloquear en el Congreso. 

Fuentes de la Sociedad Rural Argentina confirmaron a elDiarioAR que se está organizando una reunión con legisladores nacionales para articular la estrategia, que se podría concretar el miércoles. Las cámaras agropecuarias consideran que lo anunciado por el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, es una medida “sin sustento legal”.

El argumento es que el Poder Ejecutivo ya no tiene facultades delegadas por el Congreso para decidir unilateralmente sobre temas impositivos, dado que el 31 de diciembre de 2021 venció la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública que lo habilitaba. Esa norma había sido sancionada en diciembre de 2019, no bien asumió el gobierno del Frente de Todos. 

El Ministro de Economía, Martín Guzmán, incluyó en el Presupuesto 2022 un artículo que prorrogaba esa potestad hasta 2024 pero, al ser rechazado el texto en el Congreso, este punto quedó en suspenso. Por su parte, el Gobierno apela a los artículos 755 y 756 del Código Aduanero, que faculta al Ejecutivo a establecer derechos de exportación, pero es un camino no exento de controversias judiciales.

De hecho, fuentes del sector agropecuario confirmaron a este medio que algunas sociedades rurales del país -por ejemplo las de Códoba, Jesús María y Río Cuarto- ya presentaron amparos en la Justicia con este argumento.

La oposición comparte esta postura, que quiere llevar también al ámbito legislativo. El debate se podría plantear en la comisión bicameral permanente de Trámite Legislativo, más conocida como la bicameral de DNU, donde los representantes del pueblo deben ratificar los decretos presidenciales. 

“Finalmente, por el decreto 131/2022, el Gobierno aumentó los derechos de exportación sobre la harina y el aceite de soja al 33%. Lo rechazaremos en el Congreso, ya que el Presidente ha ejercido facultades legislativas impositivas que no le fueron delegadas. Es inconstitucional”, escribió en sus redes el legislador radical Alejandro Cacace, que presentó un proyecto en ese sentido. 

Sin embargo, esta estrategia se topa con escollo administrativo. La Cámara de Diputados está virtualmente paralizada por por la disputa entre el oficialismo y Juntos por el Cambio por la integración de las comisiones, instancia clave para emitir dictamenes y hacer avanzar proyectos a la discusión en el recinto. De hecho la bicameral de DNU no tiene definida su conformación actual.

Por fuera del Congreso, la titular del PRO Patricia Bullrich difundió un video en el que, sentada en un tractor, acusa al Presidente de “volver a meterle la mano al campo”. “Quieren matar a la gallina de oro y quedarse con los huevos. Desde Juárez Celman, en Córdoba, mi compromiso es resistir esas medidas. Vamos por una Argentina productiva, no de parásitos”, dijo. 

Sin embargo, el propio gobierno liderado por el PRO tomó en 2018 la misma medida. En agosto de ese año, en plena corrida cambiaria, el entonces presidente Mauricio Macri eliminó el diferencial para los subproductos de la soja y elevó el porcentaje de retenciones al mismo nivel que el poroto sin procesar. Ese diferencial, que ahora vuelve a eliminarse, había sido reinstalado por Alberto Fernández en 2020. 

También la exgobernadora de Buenos Aires y diputada nacional, María Eugenia Vidal, eludió ese punto y se enfocó en la estrategia de resistencia. “No tienen facultades legales para hacerlo. Los esperamos en el Congreso”, escribió.