MADRID.- Repsol dio ayer un paso más en su ofensiva judicial contra el Estado argentino para obtener el pago del "precio justo" que reclama por la expropiación del 51% de YPF: confirmó su denuncia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi, del Banco Mundial), y sumó así un nuevo frente de batalla a las demandas abiertas en los tribunales de la Argentina, España y Estados Unidos.

A pesar del potencial impacto de esta acción, una fuente del sector energético allegada al conflicto confió a LA NACION en Madrid que este avance "no significa" que la tensión entre la multinacional de origen español y la Casa Rosada haya alcanzado un punto de no retorno.

"Ellos [por Repsol] están convencidos de que todavía pueden cobrarle a la Argentina el dinero que les debe por la compañía expropiada en abril de este año. Y también lo quieren así, porque las cosas como están ahora no le sirven a nadie: Repsol sigue sin contar con el dinero que le corresponde, y la Argentina sin hacer pie con la YPF expropiada , ya que se le está haciendo muy complicado al gobierno de Cristina Kirchner conseguir inversión externa e ingresar al mercado de capitales", señaló la fuente.

La hipótesis de un acuerdo negociado a corto plazo que ponga fin a la disputa entre ambas partes también es fuertemente deseada por el gobierno de Mariano Rajoy. Así lo manifestó recientemente el secretario de Estado para Iberoamérica, Jesús Gracia Aldaz, a LA NACION.

Destacó tener "fe" en la posibilidad de que Repsol y la Argentina encuentren próximamente una salida.

El optimismo creció especialmente tras la Cumbre Iberoamericana celebrada en Cádiz el mes pasado. A pesar de que la presidenta argentina no concurrió al encuentro por problemas de salud, el gobierno español finalmente se esforzó por dejar en claro que aceptó el argumento utilizado por la mandataria para excusar su ausencia, e incluso aprobó la participación de quienes la reemplazaron en ese encuentro: el vicepresidente Amado Boudou y el canciller Héctor Timerman.

Esta pequeña pero sensible distensión en las relaciones también disparó en España rumores sobre posibles movimientos en el gobierno argentino en torno de su voluntad y deseo de cesar el desgastante pleito abierto el 16 de octubre, cuando Cristina Kirchner anunció la nacionalización de YPF.

Uno de ellos apunta a la falta de reacciones o desmentidas desde el entorno de la Presidenta sobre este presunto acercamiento o, también, sobre la posibilidad de una salida negociada. No obstante, ayer en la sede madrileña de Repsol, se apuntaba a lo más concreto hasta el momento: la continuidad de las acciones judiciales para asegurarse la indemnización por la parte expropiada de la compañía, que la defensa calcula en 10.500 millones de dólares más gastos.

En relación con la demanda presentada ante el Ciadi, que fue comunicada este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV), la petrolera dirigida por Antonio Brufau calificó de "discriminatoria" la expropiación impulsada por el gobierno argentino, dado que "sólo" afectó a la porción accionaria en manos de Repsol.

La presentación tiene dejos paradójicos. Sucede que en marzo de 2005, Gas Natural Ban (hoy Gas Natural Fenosa), controlada por Repsol YPF y La Caixa, fue la primera empresa de servicios públicos que bajó un juicio ante el organismo del Banco Mundial.

Los abogados de Repsol también protestarán en este litigio por la inexistencia de una tasación por parte de la Argentina. El Ministerio de Planificación argentino, que, de acuerdo con la defensa de Repsol, debió haber presentado su propia valuación de la parte expropiada de YPF, aún no dio a conocer cifra alguna. Este punto es particularmente sensible, ya que dificulta el comienzo de toda negociación y siembra dudas sobre la voluntad de pago por parte del gobierno argentino.

Otro argumento sobre el que se apoyará la defensa es el presunto "incumplimiento" del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y la Argentina, suscripto en octubre de 1991. Esta denuncia de violación de un tratado bilateral se suma, en el arsenal jurídico de Repsol, a la supuesta inexistencia de una "causa de utilidad pública" para la expropiación, más allá de que el gobierno argentino se escudó en el descenso de la producción petrolera.

La demanda ante el Ciadi fue presentada el 7 de mayo pasado, apenas tres días después de que las autoridades argentinas confirmaron formalmente la expropiación de YPF. Pero sólo ayer pudo tomar curso efectivo, ya que las normas del organismo del Banco Mundial exigen un período de negociación previa entre el demandante y el demandado de seis meses.

Disputa de largo aliento

En los próximos días, el Ciadi comunicará oficialmente si acepta o no la denuncia recibida de Repsol, y, de ser así, deberá notificárselo al gobierno nacional. A partir de ese momento, se iniciaría un largo proceso judicial que podría extenderse de tres a seis años, aunque siempre, como destacó ayer la petrolera de origen español, queda abierta la posibilidad -y la esperanza- de alcanzar un acuerdo que lo cancele.

El gobierno argentino no hizo referencias ayer respecto del litigio. En tanto, el ex secretario de Energía Enrique Devoto, que ocupó esa cartera durante la presidencia de Eduardo Duhalde, explicó que los procedimientos ante el Ciadi son de largo aliento. "Repsol acaba de hacer la presentación. Luego, el organismo tiene que llamar a los informantes por cada una de las partes", explicó el ex funcionario. Sin embargo, anticipa una disputa complicada para la Argentina en ese estrado internacional: "Si la justificación para la expropiación es el vaciamiento de la empresa, el país va a tener un problema, porque está claro que el Gobierno lo autorizó".

Las claves de la disputa

La pelea entre la Argentina y Repsol en el Ciadi

Expropiación

En abril, la presidenta Cristina Kirchner decidió la intervención de YPF y envió al Congreso un proyecto para nacionalizarla.

Argumento

El principal argumento del Gobierno fue el supuesto vaciamiento que Repsol hizo en la empresa, debido a la caída en la producción de crudo y gas.

Discriminación

Repsol sostiene que recibió un trato diferencial negativo. Casi todas las petroleras restantes con operaciones en el país bajaron la oferta.

Salida negociada

Pese al litigio, Repsol no descarta alcanzar un acuerdo fuera de los estrados. Reclama un pago de US$ 10.500 millones más gastos por el 51% que le sacaron de YPF.

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