El gobierno de Alberto Fernández suele reescribir a cada paso las ambiguas y picarescas máximas de Juan Perón. Si para el fundador del movimiento “los únicos privilegiados son los niños”, para la actual administración nacional el único gran privilegiado es Axel Kicillof, quien, aunque a algunos pueda parecerles, ya de infante no tiene nada. Salvo los beneficios.

La anunciada quita de los subsidios al transporte de colectivos de la ciudad de Buenos Aires expone una vez más las prerrogativas de las que goza el gobernador bonaerense, tanto como las muchas limitaciones de Fernández y el control vigilante y permanente de Cristina Fernández, de cuya matriz salieron ambos gobernantes impensados y de la cual ninguno se emancipó.

Ni siquiera en tiempos de escasez política y financiera (o precisamente por eso) el gobierno nacional puede dejar de rendirse ante las costosas demandas sin contraprestación que le llegan desde La Plata.

El flamante caso de los subsidios lo demuestra con elocuencia. De los $230.000 millones que destinó en 2021 el Tesoro nacional para el transporte del área metropolitana (ciudad de Buenos Aires más el conurbano bonaerense), solo el 4% fue para las líneas que transitan exclusivamente por las calles porteñas. Sin embargo, está previsto que el recorte solo afecte al territorio enemigo de Horacio Rodríguez Larreta. Al maquillaje de la austeridad se le hace difícil ocultar las huellas de la arbitrariedad.

El del transporte es el hecho más reciente de esa dependencia, pero no el único en una larga saga de uso discrecional de los recursos públicos en beneficio del gobierno de Kicillof. Tampoco el más complicado y de consecuencias probablemente más graves para Fernández, tanto en lo económico como en lo político.

La crítica situación de la seguridad y el narcotráfico en el distrito bonaerense ofrece ejemplos aún más significativos y de mayor riesgo para el gobierno nacional. El tema que ocupa uno de los primeros lugares entre las demandas de la sociedad acaba de exponer enormes deficiencias de la gestión de Fernández, los límites estrechos de su autoridad y el mal gasto de los escasos recursos con que cuenta el Estado nacional.

No se trata solo de la “sensación de inseguridad” que perciben los ciudadanos bonaerenses. Tampoco de las evidencias que arroja la casuística sobre el avance descontrolado del narcotráfico y el narcomenudeo, como quedó de manifiesto con la masacre de la cocaína envenenada y sus derivaciones. Basta con escuchar y leer las manifestaciones públicas del ministro de Seguridad provincial.

Según surge de un rápido compilado del voluminoso archivo que a diario engrosa Sergio Berni con sus declaraciones, la Nación solo le puso trabas desde el comienzo de su gestión, dejó solos a los bonaerenses y nunca coordinó acciones para poner freno al delito.

La lista de reclamos que en sus maratones mediáticas pasa el ministro de Kicillof, sin que este lo contradiga, solo exponen al Presidente como el socio débil (o inhábil) de una empresa disfuncional, con costos en todas las dimensiones. A pesar de todo, Berni sigue en su cargo y Kicillof continúa siendo privilegiado por la Nación sin necesidad siquiera de pagarle a Fernández con la prudencia y el silencio de su ministro. Tampoco con resultados en la gestión que lleven tranquilidad a los habitantes de la provincia que él dice gobernar.

Apenas un par de ejemplos sirven para demostrar la magnitud del problema y de la impotencia presidencial. El comienzo de la caída sin solución de continuidad de la imagen de Fernández puede datarse con precisión: 10 de septiembre de 2020. Ese día, el Presidente, en el pico de su popularidad por el inicial manejo de la pandemia del Covid-19, rompió la pax pandémica al quitarle más de 40.000 millones de pesos a la administración porteña para dárselos a Kicillof, sitiado por una rebelión policial.

Fernández dinamitó ahí el puente sobre la grieta, tan valorado por entonces, en el que se ubicaban los tres principales gobernantes argentinos para llevar tranquilidad a la población y hacerle frente al drama, más allá de diferencias partidarias.

Fue una inversión ruinosa que celebraron la vicepresidenta, La Cámpora y algunos intendentes del conurbano. Lograron recursos que para ellos son siempre escasos y se los sacaban al principal adversario. Apenas el pozo de un bingo vecinal. Especialmente para Fernández. Solo él pagó el premio. La inseguridad siguió rampante. Como el descontrol de la policía bonaerense.

La transferencia de esos multimillonarios recursos no terminó con los problemas que la inseguridad provincial le deriva a la Nación. Al costo político, el Presidente le sumó la destrucción de la confianza y del vínculo con Larreta, que derivó en otras batallas simbólicas y prácticas perdidas con el gobernante porteño y en un juicio ante la Corte por la coparticipación escamoteada que está en proceso. El enfrentamiento que el oficialismo mantiene y profundizó con el máximo tribunal ilusiona a la administración porteña. Si el fallo saliera en contra del gobierno nacional y antes de las elecciones de 2023, sería un delicioso plato (nada frío) con sabor a revancha.

Tampoco concluyó el pago del rescate de Fernández a Kicillof y Berni. El año pasado el Estado les cedió por fuera de lo presupuestado $30.000 millones (más de tres veces lo que aporta en subsidios a los colectivos porteños) para inversiones en equipamiento. En la ceremonia estaba Sabina Frederic como ministra de Seguridad nacional. Sin logros que mostrar ni popularidad, la antropóloga sería ofrendada tiempo después por Fernández en el altar de Berni.

Tras la catástrofe de las PASO, el Presidente eligió como sucesor de Frederic a Aníbal Fernández, por espalda política y presencia mediática. Nada que amedrentara al ministro provincial, que desde el primer día se ocupó de desafiarlo y descalificarlo. Como dos gallos de riña en medio de un velorio, nunca dejaron de tirarse picotazos, mientras la sociedad indefensa padecía horrorizada el recrudecimiento del delito y el avance narco, que mata a diario y corrompe todas las instituciones.

A pesar de todas las bravuconadas y el reparto de responsabilidades, la gestión de Berni nada ha cambiado lo que sucede en la fuerza de seguridad bajo su mando. Pese a las consecuencias que exceden a la jurisdicción provincial, tampoco parece ser que ocupe al Presidente. Otros problemas lo inhiben.

Como reveló ayer Gustavo Carabajal en LA NACION, la mitad de la banda del presunto dueño de la cocaína que mató a 24 personas está compuesta por policías. Nada que no supieran los vecinos de los barrios donde se comercializa la droga. Sobran testimonios sobre la presencia de agentes policiales que en lugar de prevenir y reprimir el delito cobran por protección. Berni y Kicillof no lo sabían o lo dejaban hacer. No hay más opciones. Pero todo sigue igual.

En tal contexto, el ministro provincial debería aclarar cómo es que sabe que en el AMBA se venden 200.000 dosis de cocaína por día. Si no es otro de los fuegos de artificio que suele lanzar ante los medios, como interpreta la mayoría de los expertos, obliga a preguntarse quién le proveyó la información con tanta precisión. ¿Habrán sido agentes de la fuerza a su cargo, que ocupan los dos lados del mostrador?

A pesar del impacto que la inseguridad tiene en el ánimo colectivo y el riesgo que entraña para la paz social, en el entorno de Fernández (Alberto), prefieren deslindar la responsabilidad. “El Gobierno tiene una política de seguridad y asiste a las provincias con fondos y fuerzas federales. Pero es responsabilidad de las provincias lo que ocurre en su territorio”. El Presidente tal vez no recuerde lo que pasó con el caso Blumberg cuando él era jefe de Gabinete.

Los problemas solo parecen agravarse. La permanencia de Berni y la continuidad sin freno de sus bravuconadas y descalificaciones al Presidente y sus ministros (sin diferencias de género ni trayectoria) cuestan cada vez más caras. Solo las limitaciones presidenciales pueden explicar que nada haya cambiado.

Aunque acaba de abrirse un lugar para la esperanza. El acercamiento del gobernador y el Presidente por el preacuerdo con el FMI y el viaje que disfrutaron por Rusia y China podría (o debería) tener alguna derivación. No para solucionar un problema que desvela a los argentinos, sino al menos para dar una señal de que no viven en un planeta distinto. Que estén en la misma vereda, por ahora opuesta a la de Máximo Kirchner y su madre, alienta a quienes cultivan la ilusión esquiva de la autonomía presidencial.

Si nada se modificara, para los propios sería muy complejo justificar la contradicción en la que está incurriendo otra vez Fernández, que solo volvería a justificar la esfinge que preside el Senado, su hijo que también ha decidido cultivar con dificultad el género epistolar y los intendentes bonaerenses, con el ahora silente jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, al frente.

La desigual quita de subsidios al transporte metropolitano puede explicarse desde lo electoral: en la última elección el oficialismo se mantuvo a flote gracias al aporte (aunque menguante) de los votos del conurbano. La primera y la segunda sección electoral le aportaron al Frente de Todos el 74% de los votos provinciales y uno de cada tres sufragios nacionales. La diferencia con sus rivales es notoria. Para Juntos por el Cambio el GBA tiene menos peso. Los cambiemitas obtuvieron allí el 63% de los votos provinciales y, sobre todo, solo el 22% de los nacionales.

Por eso, a pesar de las urgencias y las exigencias del FMI, el 96% del gasto en subsidios al transporte del AMBA que beneficia al GBA no aparece en el debate instalado por el Gobierno. Cuenta para eso con la anuencia parcial de algunos dirigentes de JxC, como Gerardo Morales, que no dejan pasar la oportunidad para acortar la ventaja que Larreta les lleva en la carrera presidencial. Apuesta riesgosa, aunque también es un desafío para el jefe de gobierno porteño, que prefiere eludir definiciones y evita entrar en conflictos. En el medio están los ciudadanos comunes con sus problemas.

La lógica presidencial, sin embargo, choca con el dejar pasar y dejar hacer respecto de la inseguridad bonaerense. En el conurbano se concentran las mayores necesidades, se amplifican los hechos delictivos graves y repercuten todos los escándalos en los que incurren los policías y los funcionarios (i)responsables.

Solo los privilegios de los que sigue gozando Kicillof, las limitaciones de Fernández y la sombra siempre acechante de Cristina Kirchner pueden explicarlo.