El oficialismo abrió un nuevo foco de conflicto con empresarios e inversores. A las idas y vueltas por los permisos de importación, la posible estatización de la hidrovía, las acusaciones a los productores de alimentos y los exportadores de carne y la incertidumbre sobre el cambio de reglas para el biocombustible, sumó ahora las empresas de medicina prepaga.

Cristina Fernández de Kirchner expresó en distintas oportunidades su deseo de reformular el sistema de salud, que tiene tres actores principales: el sector público, las obras sociales y la medicina prepaga. Su verbo favorito es “integrar”, cuyo significado remite a lograr que una cosa se incorpore a algo para, entonces, formar parte de ella. ¿No existe, acaso, un sistema de salud “integrado” por estos tres agentes?

Como las ambigüedades de su discurso no se saldan en diálogos donde se pueda analizar un proyecto, nadie sabe exactamente qué quiere decir y hasta dónde pretende llegar. ¿Estamos frente a la posibilidad de que las prepagas y las obras sociales terminen en manos del Estado, como en su momento ocurrió con los fondos jubilatorios? ¿O sólo se trata de estatizar las prepagas y de recortarles poder a los sindicatos sobre las obras sociales?

Para la Unión Argentina de la Salud (UAS), que nuclea a las empresas de medicina prepaga, el objetivo del kirchnerismo es la estatización. El senador Oscar Parrilli, vocero de Cristina Fernández y presidente del Instituto Patria, sostuvo –en las mismas declaraciones en que vinculó a las compañías del sector con la “fuga de divisas” que supuestamente favoreció el gobierno de Mauricio Macri– que “de lo único que se trata es de mejorar la relación entre estos tres sectores, hacerlos más eficientes, dar mejores servicios, y obviamente esto va a redundar en una baja de los costos”.

La referencia a los costos no fue gratuita. Hace unos días, la UAS recurrió a la Justicia para exigir un aumento cercano al 10 por ciento en sus servicios. Según la ley 26.682, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) determina la actualización de las cuotas.

En octubre pasado, un informe técnico de la SSS reconoció un incremento de los costos del 30 por ciento. Pero aunque en principio se les autorizó un aumento del 25 por ciento, entre diciembre y febrero únicamente se concretó un alza del 14 por ciento. No sólo quedaron retrasadas sino que desde entonces no se han podido reajustar los valores de las cuotas, a pesar de que la inflación se aceleró.

La UAS relaciona ambos puntos y concluye que no se está buscando una estatización de derecho, con base en un proyecto de ley, sino de hecho: ocurrirá cuando terminen de asfixiar a las prepagas financieramente.

¿Un Estado ineficiente podría administrar un mejor sistema de salud si fuera el único operador? El desastre sanitario y económico provocado por la gestión de la pandemia es un claro ejemplo de que el planteo resulta sin sentido.