“Pocas veces en la historia, una pandemia y una crisis de tal magnitud le dan la oportunidad a un Presidente de ponerse por encima de divisiones y conflictos, y llevar adelante reformas estructurales, con consenso pero también haciendo prevalecer su posición. Un paraíso para cualquier político. Pero esa oportunidad creo que ya pasó y no la aprovechamos”, reflexiona, tomando distancia, un viejo operador peronista.

Cuando el martes 3 de marzo se conoció el primer caso de coronavirus en la Argentina y dos semanas después se daba inicio a la cuarentena que hoy sigue vigente, una corriente de pensamiento creyó que ya nada sería igual después del virus, incluso, en la política.

La foto del presidente kirchnerista Alberto Fernández junto al jefe de gobierno porteño macrista Horacio Rodríguez Larreta, ilusionaban con una nueva era política, la de las tres “D”: “Diálogo, dedicación y diferencias”. Algunos entusiastas recordaban el abrazo de reconciliación entre Juan Domingo Perón y el radical Ricardo Balbín. Claro, estos dos últimos eran los máximos líderes políticos por aquél entonces, 1972. Fernández y Larreta aún no son líderes políticos; esa etiqueta la conserva y ejerce por un lado Cristina Kirchner y, por el otro, Mauricio Macri.

Pero el clima en la opinión pública y en las redes sociales, con un aislamiento que refleja hartazgo sumado a una crisis económica sobre la cual aún no hay respuestas – sí ayuda del Estado pero no cómo poner de pie la actividad económica- hacen que la lucha sanitaria encarnada por el Presidente, Larreta y el gobernador Axel Kicillof a esta altura sea sólo una excepción a las reglas de la política, que nunca cambiaron.

Para reseñar consensos en la política, suele citarse el Pacto de la Moncloa en España que data de 1977, a través del cual todas las fuerzas políticas acordaron un programa de saneamiento de la economía, con bases jurídicas y políticas. Pero el país ibérico ha dado otros ejemplos que marcan la distancia geográfica y de calidad institucional que existe hoy con la Argentina. Pese a los intentos a veces de trazar comparaciones –incluso erróneas- sobre cómo repercute la pandemia por igual en Madrid y en Buenos Aires, bajo la ficción de que las realidades de uno y otro país son similares.

En 1995 los partidos políticos españoles suscribieron al Pacto de Toledo, un acuerdo sobre la sostenibilidad del sistema de jubilaciones. Algo que en la Argentina es urgente, hace tiempo. Más envidiable aún, ese compromiso arrojó la creación de una comisión que se reúne cada 5 años para evaluar la actualización de aquél programa. El último encuentro fue en 2016. Mas allá de los términos y los fondos con que cuenta España por ser miembro de la Unión Europea, un entendimiento de ese tipo en la Argentina, por ahora es impracticable.

Por aquí la perspectiva es otra. Una serie de sucesos vinculados a decisiones del Gobierno, en algunas con clara incidencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner, fueron menguando cualquier posibilidad de consenso. Los sectores duros de Juntos por el Cambio también tuvieron su cuota-parte para que el clima de gestos, intercambio de elogios o trabajo conjunto entre oficialismo y oposición, prácticamente quedara en la nada o reducido a la pandemia.

La reforma judicial, con el anexo de la ampliación y modificación del funcionamiento de la Corte, fue el tema que terminó por reanudar una grieta que parecía seriamente amenazada por el diálogo. Antes, la fallida expropiación de Vicentin; decisiones judiciales favoreciendo –en algunos casos legales pero inoportunas- a ex funcionarios kirchneristas presos; iniciativas del cristinismo contra las empresas y los “ricos”, entre otras, fueron hecho que desgastaron la “unidad” tan pregonada por Alberto Fernández.

“Si vos frente a la pandemia convocaste a los especialistas, diversos infectólogos y también a los gobernantes de otro partido porque sabías que era algo demasiado grave para afrontarlo solo. Y tomaste decisiones en base a los que saben y junto a la oposición para tener espaldas por si algo salía mal. ¿Por qué no haces lo mismo con la Economía o con la Justicia?”, medita un intendente opositor.

Hay pocos temas como la reforma judicial con tantas coincidencias entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. De hecho, la propuesta anunciada por Alberto Fernández toma el proyecto Justicia 2020 del ex ministro de Justicia de Mauricio Macri, Germán Garavano. Si es así, ¿no hubiera sido más sencillo acordar antes con la oposición una reforma? Tal vez la Casa Rosada ya sabía que la creación del Consejo, promovido por Cristina, era una idea que iba a ser rechazada de plano por Juntos por el Cambio. Por eso el resultado fue un proyecto unilateral.

"La democratización de la Justicia que quería imponer Cristina la volteamos. Es probable que vuelva a suceder", advierten cerca de uno de los ministros de la Corte. En el tribunal saben que no le será fácil al Ejecutivo avanzar en una ampliación y posterior designación de jueces K, sobre todo porque en el último casos necesita de los dos tercios. Además, ¿quién va a querer aprobar en pleno año electoral una reforma de la Corte promovida por Cristina Kirchner, en su interés personal? Llevar la iniciativa hasta el final podría provocarle un duro revés al Gobierno, en plena campaña.

La reforma judicial es probable que termine siendo aprobada, de una manera ajustada, pero el costo político será muy alto para el Gobierno. Al igual que el traslado de 10 jueces. El oficialismo aduce que se hicieron sin el acuerdo del Senado. Pero en Comodoro Py aseguran que 6 de los 10 jueces serían ratificados por el Senado, no así, 4 de los magistrados: Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, Germán Castelli y Esteban Hansen, juez federal de Jujuy.

Hay dos casos que son emblemáticos. Uno, el más increíble, es el del juez Bruglia, trasladado del Tribunal oral federal n° 4 a la Sala 1 de la Cámara Federal. En ese proceso en 2018, tanto el Poder Ejecutivo a través del ministro de Justicia Germán Garavano, como el Consejo de la Magistratura, consultaron directamente a la Corte Suprema por su caso. El Tribunal en su acordada 7/2018 avaló el traslado y, además, afirmó que “no es necesaria la instrumentación de un nuevo procedimiento de designación”, esto es, por parte de la Comisión de Acuerdos del Senado.Ahora el kirchnerismo desconoce esa decisión y quiere tratar su pliego.

El otro caso es el del juez Pablo Bertuzzi, que fue propuesto a juez por Cristina Kirchner y aprobado por el Senado. En ese momento fue designado para el Tribunal Oral Federal numero 1 de La Plata. Tubo dos traslados sin acuerdo del Senado. El primero, firmado en 2010 por Cristina Kirchner desde el TOF1 de La Plata al TOF4 de Capital federal. El segundo, firmado por Mauricio Macri, del TOF4 a la Sala 1 de la Cámara Federal. Ambos fueron aprobados por el Consejo de la Magistratura. Nunca nadie impugnó nada, ni siquiera el kirchnerismo.

Claro. Hay un denominador en común entre los jueces Bruglia y Bertuzzi junto con el magistrado Germán Castelli. Castelli es juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 que juzga a Cristina Kirchner en la causa de los Cuadernos de las coimas, entre otros expedientes que preocupan a los K. Y Bruglia y Bertuzzi son los que confirmaron el procesamiento de la vicepresidenta en esa causa.