Cristina de Kirchner promulgó anoche la ley que modificó el domicilio de pago a bonistas que ingresaron al canje. Lo hizo con una puesta bastante previsible: casi por sorpresa, a menos de 15 horas que el Congreso lo convirtiera en ley y en medio de aplausos y vítores, todos requisitos imprescindibles para seguir alimentando el aire de epopeya antibuitre que el kirchnerismo le quiera dar al tema.

"Es un día muy especial", arrancó cuando todos pensaban que el mensaje de la tarde continuaría deslizándose entre los beneficios de comprar y de poder financiar con tarjeta (sin interés y en 12 cuotas) la compra de un secarropas.

"A mí me tocó vivir no como presidenta de la República sino como senadora sentada en mi banca un 31 de diciembre con un Parlamento que aplaudió el default, cuando se anunció que no se iba a pagar la deuda externa", siguió en el tramo más jugoso de sus explicaciones y luego vino el giro: "Estamos en una situación inversa, a 180 grados de aquel momento. Ahora el Parlamento argentino asegura el pago y la Presidenta promulga la ley que lo garantiza".

Un poco después deslizó al auditorio una frase que hizo temblar hasta a los más leales sentados en filas 1 y 2, como suele suceder en esos actos: "No pueden pasar tantas cosas negativas, porque si no la gente estaría suicidándose en masa".

Con la firma del decreto de promulgación de ayer, rápido, casi en tiempo récord para reforzar los aires de urgencia, el Gobierno activó realmente el cronograma de cambio de jurisdicción, con salida de Nueva York y cualquier otro territorio donde llegue el brazo de Thomas Griesa, para intentar demostrar la intención de pago a los bonistas reestructurados. Los peligros de cada uno de esos pasos son evidentes, inclusive para quienes redactaron la ley.

• La ley autoriza al Poder Ejecutivo a remover al Bank of New York Mellon como agente fiduciario contratado por decreto para el pago a bonistas en el canje de 2005. El primer paso, entonces, será darle forma legal a esa rescisión de contrato que, de acuerdo con la misma ley, se hará por incumplimiento de las obligaciones del BoNY, lo que no libra al país de futuros juicios que pueda hacerle esa entidad al país por la ruptura contractual

• Tras ese paso el Gobierno debe comunicarle fehacientemente a los bonistas que el Bank of New York Mellon ya no es el pagador. En medio de esa operación, el Gobierno debe nombrar a Nación Fideicomisos como nuevo agente de pago. Para eso se creará una cuenta especial de Nación Fideicomisos en el Banco Central con el nombre de "Fondo Ley - Pago Soberano de Deuda Reestructurada". En esa cuenta se autoriza al Poder Ejecutivo a depositar los fondos correspondientes a cada vencimiento de bonos. Allí es donde depositarán el vencimiento de bono Par en dólares que opera el 30 de septiembre. Son u$s 200 millones que, mientras estén allí depositados rendirán una tasa del 7% anual, impensable en cualquier otra jurisdicción.

• Al mismo tiempo, los tenedores de bonos que ingresaron al canje que no acepten el pago en Buenos Aires, de acuerdo con la ley podrán entonces desde hoy designar a un nuevo agente fiduciario que garantice "un canal de cobro", alejado de la garra Griesa. Esto es lo que Cristina de Kirchner les repitió discurso tras discurso: que los bonistas ofrecieran el lugar del mundo donde quieran cobrar siempre que el embargo de Griesa allí no fuera aplicable.

• Hay otro capítulo que desde hace tiempo revisan tanto abogados de bonistas como bancos de inversión que buscan quedarse con una parte de este negocio aparecido en medio de la crisis. La ley que Cristina de Kirchner promulgó ayer establece que si los bonistas piden cambio de jurisdicción el Gobierno puede llamar a un nuevo canje regido esta vez por jurisdicción francesa. Y, como se hizo en 2005 con Nueva York, esta vez se prorroga la jurisdicción a Francia, país considerado confiable por su legislación interna profusa en límites a fondos buitre y sentencias extranjeras.

• En lo que hace al canje de bonos (ya que la ley continúa más abajo con otras disposiciones, como el hacer realidad el viejo anhelo de la izquierda rebelde de analizar la legitimidad de todo lo hecho sobre la deuda argentina desde 1976 hasta ahora), también se dispone facultar al Gobierno para que vuelva a ofrecer el canje a los holdouts obviamente en las mismas condiciones que en 2005-2010. En realidad, esa facultad es más que redundante: el año pasado, cuando el Gobierno hizo votar al Congreso una ley de segunda reapertura del canje para dar una señal a la Justicia estadounidense en medio de las complicaciones del juicio de los holdouts, el Congreso con acuerdo de Cristina de Kirchner incluyó una cláusula por la que el proceso de reestructuración de la deuda argentina quedaría cerrado sólo cuando así lo dispusieran las Cámaras. Es decir, el canje sigue abierto desde ese momento.

Ese cronograma de mudanza del domicilio de pago de la deuda desde Nueva York genera dudas y amplifica la idea que el Gobierno no tiene intenciones de modificar su oferta a los holdouts después de diciembre, lo que prolongaría el default sin fecha.

Hay otros puntos que inquietan. El radical mendocino Enrique Vaquie le expuso en el debate en comisión a Carlos Zannini, y lo repitió luego en el recinto, un punto que el propio secretario general de la Presidencia terminó reconociendo como una debilidad, lo que es mucho atendiendo las condiciones de este debate.

"Si hacemos algo con Nación Fideicomisos ante el apuro por el pago del 30 de septiembre incumplimos con los que entraron en el canje", dijo entonces Vaquie.

No sólo él teme por la cuestión, también el mercado mira de cerca este punto desde que comenzó el debate de la ley. El tema es que en el reglamento de colocación de los bonos del canje en 2005 se establecieron, por decreto firmado porNéstor Kirchner, las características que debía tener el fiduciario que reemplace al BoNY en caso de cancelación del contrato, como ahora está haciendo el Gobierno.

Allí se estableció que el nuevo agente fiduciario debe tener experiencia en manejo de deuda, un capital social de al menos u$s 50 millones y tener una agencia abierta en Nueva York o Columbia. Para que quede claro, el incumplimiento de estos requisitos también supone un quiebre de las condiciones que se garantizaron a los bonistas que ingresaron al canje, tanto como la cláusula RUFO. Nación Fideicomiso tenía al 31 de diciembre de 2013 unos u$s 14 millones de capital y no tiene oficina en Nueva York o Columbia como exige el contrato. Pero para abundar más en los problemas hay otro ítem: en los causales de default listados en 2010 aparece el incumplimiento de contrato con el fiduciario.

"Sigue siendo teórico que todos los bonistas pudieran cobrar en la Argentina. Están los que no pueden cobrar aquí porque tienen alguna restricción estatutaria en EE.UU. Nosotros les estamos regalando en bandeja una causal de default. Nos estamos trayendo el problema a Nación Fideicomisos y haciéndole un favor a Griesa", insistió Vaquie.