Cambiemos firmó ayer por la tarde dictamen al proyecto para reducir el IVA a alimentos con apoyo del massismo y el Frente Progresista, mientras que el Frente para la Victoria y el Bloque Justicialista no aceptaron acotar el beneficio a escasos 300 pesos mensuales.

El oficialismo incorporó ese límite antes de la sesión de la Comisión de Presupuesto y sólo aceptó revisarlo cuando el Indec publique el valor de la canasta básica de alimentos, como viene prometiendo desde la asunción de Mauricio Macri.

La oposición se sorprendió por la modestia del beneficio. “Pregunté de dónde lo sacaron y me dijeron de la consultora Fiel. Pero averigüé y sólo puede haber sido el índice de indigencia”, se indignó Carlos Heller, ya sobre el final del debate.

Además, casi toda la comisión sugirió que, si el límite iba a ser de 300 pesos, era preferible agregarlos a los haberes de jubilados y beneficiario de planes sociales, antes que obligarlos a buscar comercios con pago electrónico para ahorrarse ese dinero. Pero no hubo caso.

La oposición también cuestionó que se obligue a usar la tarjeta de débito para recibir el beneficio, porque argumentaron que gran cantidad de jubilados no están acostumbrados a utilizarla cuando hacen las compras.

Aunque anticipó que acompañará el proyecto, el massista Marco Lavagna aclaró que no confía en su utilidad. “Si bien todos tienen la tarjeta con la cual cobran sus haberes, pocos la terminan utilizando para realizar las compras. La ley no tendrá efecto”, advirtió el economista.

Con su experiencia en Anses, Diego Bossio fue lapidario. “Sólo el 23% de los comercios del país tiene posnet y se concentra en las grandes ciudades. Si vamos exigirlo en cada comercio minorista debe financiarlo el Estado, porque se está beneficiando”, exigió.

Contó además que la gran mayoría de los jubilados retira su salario en efectivo y “lo gasta en comercios de proximidad”, o sea, no usa débito y por lo tanto jamás recibirá 300 pesos más.

Aportó otros detalles ignorados por el proyecto como las grandes cantidades de localidades chicas sin Bancos o el caso de los gendarmes retirados, cuyas jubilaciones les llegan por Correo, es decir no están bancarizados. “Con esta ley dejamos a todos los gendarmes afuera del beneficio”, alertó.

Siempre vehemente, Axel Kicillof confesó que cuando era ministro de Economía recibió un proyecto similar de los Bancos, interesados en expandir el consumo con tarjetas para obtener comisiones. “Estamos de acuerdo con darle un aporte a estos sectores, porque están golpeados por la inflación”, aclaró el ex ministro.

Pero no coincidió en obligar a los sectores más vulnerables “a tomarse un micro para buscar un comercio que tenga posnet. Y por 300 pesos”.

“Depositarle esa plata directamente a los sectores que queremos que la reciban y después vemos cómo bancarizar”, simplificó.

¿Porqué no empezamos por no abrir cuentas en Panamá sino queremos que evadan?, chicaneó Kicillof, que afirmó que cuando era ministro los bancos le acercaron el mismo proyecto que ahora impulsa el macrismo.

“Porqué no empezamos por no abrir cuentas en Panamá si no queremos que evadan?”, chicaneó el economista del FpV-PJ y sugirió que el proyecto puede ser en realidad una excusa para empujar a una bancarización compulsiva.

Algo de eso había: al mismo tiempo estaba sesionando la Comisión de Comercio para empezar a debatir un proyecto que obligue a cualquier negocio a usar dinero electrónico.

Kicillof recordó que al reducir el cobro de IVA se cae también la coparticipación que reciben las provincias, un tema que luego retomó su compañero de bloque Alejandro Abraham, oriundo de Mendoza. “Mi provincia perderá 500 millones de pesos”, aseguró.

Golpeado, Laspina se apuró a leer las modificaciones que había hecho sobre la marcha, sin aclarar con qué bloques había negociado. Antes dejó hablar a Néstor Pitrola, del Partido Obrero, a quien ni siquiera le había permitido enviar su asesor a la reunión previa.

“Estoy conceptualmente en contra, porque acá sólo se juntan los más desprotegidos con los sectores concentrados”, denunció Pitrola.

Acorralado, Laspina incorporó algunas modificaciones sobre la marcha como la promesa de incluir en el beneficio una tarjeta nueva que supuestamente está por anunciar el Gobierno, aunque no quiso anticipar de que se trata. Y sobre poner en cabeza del Estado la responsabilidad de que todos los negocios tengan posnet, sólo aceptó incluir un artículo generalista que obliga al Ejecutivo a “realizar acciones necesarias para reducir la incidencia del costo de sumar tecnología a los inscriptos en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes”.

Ante los reclamos, Laspina aceptó subir el máximo de ingreso para ser incluido en la devolución de IVA, pero no mucho: no la percibirán las familias que ganen hasta dos veces y media una jubilación mínima.