La primera acción fue el envío anticipado a la fecha límite del Presupuesto de Gastos y Recursos para 2014, y su tratamiento acelerado con aprobación de la prórroga de la Ley de Emergencia Económica, del Impuesto al Cheque y a las Ganancias por dos años, para asegurarse superpoderes por dos años –es decir, hasta fin de mandato–, el 25 de septiembre ya tenía media sanción por parte de la Cámara de Diputados y el 23 fue promulgada por el vicepresidente en ejercicio de la presidencia de la Nación, Amado Boudou.

Sin embargo, por las urgencias, virtualmente no hubo debate, pese a que a juicio de los bloques opositores y de gran parte de los economistas profesionales los supuestos macroeconómicos de crecimiento, inflación y saldo de la balanza comercial lucen exageradamente irreales, y no son compatibles con la propuesta, finalmente aprobada por mayoría, de continuidad de la Ley de Emergencia Económica.

Incluso, no se agregaron los cambios de suba del mínimo no imponible de Ganancias para la denominada cuarta categoría, en particular en lo vinculado con la actualización automática, para evitar que se tribute por subas nominales de las remuneraciones, las cuales en muchos casos se ubicaron en el pasado por debajo de la tasa de inflación real.

También, rápidamente se reaccionó a favor de responder a las demandas de combatir la inseguridad en la vía pública, con un acto el 1 de septiembre que el gobernador bonaerense Daniel Scioli encabezó junto al ministro de Seguridad, Arturo Puricelli, y el número dos de esa cartera, Sergio Berni, para anunciar el envío de más de 4.000 gendarmes para reforzar la seguridad en el conurbano bonaerense.

Tras esto, desde Gendarmería Nacional explicaron que la afectación de efectivos que van a trabajar en el conurbano bonaerense "es un refuerzo al Operativo Centinela ya instalado desde 2011", sostuvieron. Y luego se reforzaron partidas del Presupuesto por $300 millones y se enviaron también efectivos a otras provincias con conflictos, como Neuquén y Río Negro. Pero no dio a luz un plan integral de combate del delito organizado, sea por el narcotráfico, barras bravas o delincuentes comunes.

Paralelamente, en el área económico-financiera, el Banco Central intentó acelerar el ritmo de suba de la paridad cambiaria, en una clara señal de frenar la pérdida de competitividad de la producción nacional, principalmente de la industria y de las economías regionales, e incluso de los productores sojeros que distan más de 500 kilómetros de los puertos de salida al resto del mundo. Pero no lo sostuvo.

Se intentó acelerar el ajuste cambiario, pero no se sostuvo

Así, de un ritmo anualizado de 28% hasta julio saltó a 36% en agosto y aún más en septiembre, pero luego aminoró otra vez a 30%, apenas un par de puntos por arriba de la tasa de inflación real. La explicación de referentes del área económica, como los diputados Roberto Feletti y Carlos Heller, fue que la política cambiaria no mira los precios internos, sino el comportamiento de las monedas de los principales socios comerciales, en particular Brasil.

Además, la autoridad monetaria buscó reducir las tensiones inflacionarias a través de la contracción del ritmo de creación primaria de dinero de casi 30% y más hasta julio, que pasó a 27,6% en la primera mitad de octubre, fenómeno que redundó en suba de un punto y medio de las tasas de interés para las colocaciones a plazo fijo. Sin embargo, el rendimiento medio inferior a 20% anual se mantuvo por debajo de las expectativas de inflación de 28%, pese a que se redujo la liquidez de los bancos al perder fuerza el incremento de los depósitos privados, a 33,6% anual, en tanto el otorgamiento de préstamos se intensificó en un punto a 38,3% anual.

Reconocimiento de la restricción energética

El 29 de agosto el presidente y CEO de YPF Miguel Galuccio, junto al titular de Chevron para América Latina y África, Alí Moshiri, anunció formalmente el acuerdo firmado con Chevron para avanzar en la puesta en valor de las abultadas reservas de petróleo no convencional, en la provincia de Neuquén, con una inversión de u$s1.000 millones sobre u$s37.000 millones del plan de máxima y u$s12.000 millones de mínima pautado para el cuatrienio por la petrolera argentina, y reconoció que "existe un déficit energético serio, y si no hacemos algo, la situación en el futuro va a empeorar".

En ese acto Galuccio ratificó el anticipo en exclusiva de Infobae de que el convenio se regirá por la legislación de Nueva York y el tribunal de controversias con sede en Francia, como es la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). Asimismo, ratificó que "se establecieron cláusulas de garantía, como es usual en este tipo de convenios" de largo plazo.

Y casi un mes después, YPF logró seducir a Dow, pero con un compromiso sustancialmente menor para el desarrollo de un proyecto piloto en el bloque "El Orejano", en el yacimiento de Vaca Muerta en Neuquén, que permitirá incrementar la producción de gas en el país. El acuerdo fue anunciado por el presidente y CEO de YPF y Jim Fitterling, vicepresidente ejecutivo de Dow, por una inversión total de u$s188 millones.

Inversores esperan un cambio de las condiciones económicas

Probablemente, los inversores potenciales esperen un cambio de las condiciones macroeconómica a partir de mañana, con un tratamiento más favorable para la inversión extranjera, el pago de dividendos a los accionistas del exterior y el levantamiento de las restricciones para las importaciones de insumos y equipos claves para no afectar la ejecución del programa de explotación de riesgo, más allá del que caracteriza a esta actividad y de la volatilidad de los precios internacionales.

También se buscó seducir a la inversión de las empresas extranjeras, tras el fracaso del blanqueo de moneda extranjera con un acuerdo en la segunda semana de octubre con cuatro empresas en el marco del tribunal de arbitraje del CIADI: Blue Ridge Investments L.L.C, CC-WB Holdings LLC, Vivendi Universal Sociedad Anónima y Compañía de Aguas del Aconquija Sociedad Anónima y Azurix Corp. La propuesta consistió en la cancelación de las citadas acreencias exclusivamente con títulos de deuda pública interna, por montos que suponen, por un lado, una quita importante sobre las sumas reclamadas y un plazo razonable de repago.

Como contrapartida, las empresas mencionadas se comprometieron a realizar inversiones "en instrumentos de deuda pública" e ingresar al programa de Bonos Argentinos de Ahorro para el Desarrollo Económico (Baade), lanzado por el Gobierno para captar más dólares y reforzar las castigadas reservas del Banco Central. A partir de ahí, Economía logró que se liberaran créditos del Banco Mundial por u$s3.000 millones para los próximos tres años.

No obstante, se trata de convenios de reducida gravitación, habida cuenta de que involucra a menos de u$s1.000 millones de reclamos, sobre un total de litigios por más de u$s15.000 millones, mientras no cambian las restricciones de fondo, como la falta de agilidad para importar insumos, pagar dividendos y tener libertad de precios.

Finalmente, y apremiado por un nuevo accidente ferroviario, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, anunció el miércoles 23 de octubre que la línea de ferrocarril Sarmiento "no tendrá más gerenciamiento privado" y que "los conductores serán sometidos a los mismos estudios que los pilotos de aviones comerciales". Desde entonces, la gestión pasó a la Sociedad Operadora Ferroviaria y a la Administración de Infraestructura Ferroviaria.

En consecuencia, no se advirtió en los últimos 77 días un cambio hacia una política articulada que devuelva confianza a los inversores y ahorristas, a través de acciones correctivas que pongan freno al desbordado ritmo de crecimiento del gasto público, el cual es el principal responsable de la firmeza de la alta inflación.

Ese fenómeno no sólo fue haciendo estragos en la actividad exportadora, sino que también ha comenzado a erosionar el consumo, no ya por el lado de los salarios nominales, sino efectivos, al generalizarse las suspensiones de personal en las ramas automotriz y también en las economías regionales, provocando una disminución del ingreso neto en muchos hogares.

Sólo la búsqueda de refugio de valor de los ahorros a través de la compra de bienes dolarizados al cambio oficial, como la compra de automóviles importados o de gastos de turismo en el exterior o de compras electrónicas con un recargo de 20% a cuenta de impuestos, muy inferior a la brecha de más de 70% respecto del cambio libre, posibilitó mantener activos esos sectores.