Por: Alfredo Zaiat.

El clavo más reciente en el ataúd para enterrar varios sectores industriales corresponde al acuerdo marco de las relaciones comerciales con Estados Unidos. Imagen: IA ChatGPT.

Javier Milei había prometido poner el último clavo en el ataúd del kirchnerismo en las últimas elecciones de medio término. No pudo y sigue siendo el deseo de él y de un sector amplio del mundo empresarial. En cambio, sí está logrando poner clavos a una velocidad asombrosa en el ataúd de la industria nacional. A diferencia de la disputa política que todavía sigue presente, gran parte de los industriales participan con entusiasmo del propio velatorio.

El clavo más reciente sobre el cajón para enterrar varios sectores industriales corresponde al acuerdo marco de las relaciones comerciales con Estados Unidos.

Juan Gabriel Tokatlian, profesor del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella, lo resumió en forma brillante: “Es difícil creer que el llamado acuerdo marco entre Estados Unidos y la Argentina fue resultado de una negociación; se trató de una dinámica sólo explicable como el producto del establecimiento, ahora formalizado, de una situación de ‘dependencia consentida’ por un gobierno y su élite en un momento histórico dado. Juan Carlos Puig (abogado y diplomático, destacado teórico de la relación entre la dependencia y la autonomía de los países periféricos; en 1973 fue ministro de Relaciones Exteriores del presidente Héctor Cámpora) se refería a tal condición dependiente cuando un Estado acepta voluntariamente una relación de subordinación a una potencia. Lo hace porque percibe beneficios de corto plazo (protección, estabilidad económica, apoyo político). El costo es la renuncia a grados importantes de autonomía en su política exterior, económica y estratégica. No es una dependencia impuesta por fuerza directa, sino una dependencia asumida como opción política, que a la larga perpetúa el rezago y limita la capacidad de decisión propia”.

En términos del impacto en el entramado industrial, el ministro de la Producción bonaerense, Augusto Costa, explicó que “el acuerdo profundizará el perfil primarizador de la economía y va a comprometer mucho la industria, el desarrollo tecnológico, la posibilidad de agregar más valor, de continuar con la tradición industrial”. Para agregar que “los lineamientos que presentó Estados Unidos implican que la Argentina irá hacia una relación bilateral con un país con el que compite en varios sectores de la economía, a cambio de algunos accesos de productos primarios y particularmente recursos naturales. Nosotros les estamos garantizando acceso preferencial a productos industriales tecnológicos que van a poner en riesgo seriamente a gran parte de nuestra industria”. 

El acuerdo comercial con Estados Unidos es un eslabón más del experimento económico regresivo de Javier Milei que está lanzado a otro ciclo de desindustrialización, con la característica de que lo realiza a una velocidad mayor que los tres anteriores (los de la dictadura militar, de Menem y de Macri). Lo está haciendo en menos de dos años de gestión, cuando las otras etapas de apertura y ajuste demoraron de cuatro a diez años. 

Esta desindustrialización acelerada tiene escasa resistencia de los propios afectados, tanto industriales como trabajadores.

Desde noviembre de 2023 hasta ahora, aparecen tres datos que describen el tamaño de este golpe demoledor sobre la industria:

- El primero es el desplome de la producción industrial. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en 2024 la producción manufacturera cayó alrededor de 10% en promedio interanual, con leve recuperación en lo que va de 2025. El saldo en lo que va del gobierno de Milei es un retroceso de casi 7%. La utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en 61,1% en septiembre de este año, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), nivel inferior al registrado en el mismo mes de 2024, cuando este indicador había alcanzado el 62,2 por ciento.

- El segundo dato es la destrucción del tejido empresarial. Entre noviembre de 2023 y julio de 2025 cerraron 18.032 empresas, un promedio de casi 30 por día. El informe de CEPA, elaborado a partir de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, muestra que se trata sobre todo de pequeñas y medianas firmas, pero con un impacto muy fuerte en el empleo que generan las empresas más grandes. Dentro de ese universo, la industria se lleva un daño específico: los gremios industriales agrupados en la Confederación Sindical de la Industria de la República Argentina (CSIRA) informaron el cierre de casi 1.500 empresas manufactureras desde noviembre de 2023, además de más de 1.600 de la construcción, lo que configura un deterioro estructural del entramado productivo.

- El tercer dato es el empleo. En este mismo período, se perdieron más de 253.728 puestos de trabajo registrados en el conjunto de la economía, de los cuales unos 170.000 corresponden al sector privado. En la industria manufacturera se destruyeron más de 43.000 empleos formales, y si se suman construcción y minería, suman 130.000 puestos menos vinculados directamente a sectores productivos.

Los presidentes Donald Trump y Javier Milei definieron un acuerdo marco de las relaciones comerciales con un notable desequilibrio a favor de Estados Unidos.El modelo “industricidio exprés”

El reciente informe de la consultora Vectorial resume un panorama desolador: la industria profundiza su deterioro —tercer mes consecutivo de caída, capacidad instalada en mínimos históricos y sectores como textiles desplomados—, mientras la importación de bienes de consumo continúa desplazando producción local.

A diferencia de otros momentos de apertura comercial en la historia reciente —la última dictadura, los años de convertibilidad o la experiencia macrista—, el programa de Milei combina dos ingredientes al mismo tiempo: recesión y apertura acelerada.

La recesión se observa en varios indicadores de la demanda interna: caída del salario real, desplome del consumo masivo, debilidad en la construcción privada, paralización de la obra pública. La industria no reacciona porque la demanda doméstica está destruida.

El último documento del Foro Economía y Trabajo destaca que el salario real privado se redujo 21% respecto de 2015 y se ubica en el mismo nivel que hace dos décadas, mientras que el salario público cayó 36% en diez años. La pérdida salarial implica una transferencia de más de 57 billones de pesos (acumulado 2023–2025) desde los hogares y sindicatos hacia el capital concentrado. 

En paralelo, el gobierno avanzó con una batería de medidas de liberalización del comercio: reducción de aranceles, eliminación de licencias no automáticas, flexibilización de canales de importación, desarme de medidas antidumping y un discurso oficial que reivindica la apertura como un fin en sí mismo.

La fundación Fundar analiza que esta reforma de la administración del comercio exterior pone en riesgo 431.452 empleos, de los cuales el 65 por ciento corresponde a la industria manufacturera, con especial exposición de sectores como textil-indumentaria, calzado, madera, productos metálicos y electro-electrónica. Advierte, además, que el impacto es mayor en un contexto de tipo de cambio atrasado.

La combinación dólar barato + apertura importadora + recesión no es un accidente, sino una política económica deliberada, cuya manifestación es la desindustrialización.

La avalancha china y la voz de Rocca

El dato más gráfico de esta estrategia es el aumento extraordinario de las importaciones desde China. Entre enero y septiembre de 2025, las compras argentinas al gigante asiático sumaron 13.091 millones de dólares, un salto del 66,2% interanual. China ya concentra más de una quinta parte de todas las importaciones argentinas y el intercambio bilateral arroja un déficit de 6.572 millones de dólares en nueve meses.

Paolo Rocca, presidente del Grupo Techint y figura central del establishment industrial, expresó preocupación por la “ola importadora” y la amenaza del acero chino, y dejó una frase que revela el núcleo del problema: “Si hay recuperación de los ingresos y la actividad, por más tenue que sea, no sirve que sea para que la gente compre productos chinos”. En su exposición en la 31ª Conferencia Industrial de la UIA, informó que las importaciones mensuales de lavarropas crecieron de 5.000 a 85.000 unidades en un año, y las de heladeras pasaron de 10.000 a 80.000. Esto, dijo, obliga a muchas empresas a decidir entre seguir produciendo o convertirse en simples distribuidoras de productos importados. Vale advertir que las chapas para la producción nacional de heladeras y lavarropas son vendidas en el mercado local por Techint.

Rocca reclama una política industrial y advierte por sectores como el acero ante la posible entrada de insumos chinos para grandes proyectos de minería y energía. Pero al mismo tiempo avala el orden macroeconómico liberal-libertario. En esencia, su crítica no es al modelo mileísta, sino solamente al impacto que tiene en su negocio siderúrgico. Así arrastra al resto hacia el industricidio.

El poder de Rocca en la Unión Industrial Argentina (UIA) y en la conducción política del poder económico termina neutralizando la resistencia de industriales que, por temor o por cuestiones ideológicas, avalan el desmoronamiento de su actividad.

Medido por el PIB industrial per cápita, la Argentina fue uno de los países que más se desindustrializó en los últimos 50 años: entre 1970 y 2023, ese indicador cayó 8%.

La UIA en modo “queja administrada”

La UIA no puede fingir que no ve el desastre. De hecho, en varios documentos recientes reconoce la recesión, la caída de la producción y el aumento de las importaciones. Observa que avanzar solo con políticas de apertura comercial está teniendo consecuencias negativas, especialmente sobre las PyMEs y el empleo.

En su último informe de coyuntura, reconoce que el empleo registrado del sector privado industrial se encuentra en su nivel más bajo de los últimos tres años. Sin embargo, esa constatación no se traduce en un cuestionamiento frontal al programa oficial, sino en una lista de “reclamos clásicos”: bajar impuestos, reducir el costo laboral, flexibilizar regímenes laborales y mejorar la infraestructura. O sea, es lo mismo que nada para la supervivencia del entramado industrial.

Las críticas son muy tibias para el tamaño de la crisis y se pueden esquematizar por las siguientes razones:

- Afinidad ideológica: buena parte de la conducción empresarial comparte el credo antiestatal, antisindical y promercado del gobierno de Milei. Además, es profundamente antiperonista.

- Miedo a las represalias: Milei ha construido un poder político que se alimenta de la confrontación. Los dirigentes empresarios no quieren convertirse en el próximo blanco de sus ataques en las redes sociales.

- Especulación de negocios: las grandes empresas exportadoras y los grupos con espalda financiera aspiran a capturar los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), de la rebaja impositiva selectiva y de la reforma laboral, aunque la industria local se achique. En este tablero, las PyMEs industriales son piezas sacrificables.

- Fragmentación interna: la UIA representa sectores con intereses contradictorios. Para algunos, el dólar barato y las importaciones son un problema; para otros, son una oportunidad para abaratar insumos o reconvertirse en importadores y dejar de producir.

El resultado es una UIA que denuncia síntomas pero acepta el diagnóstico oficial: si hay empresas que cierran y se pierden empleos es porque “no eran competitivos” en el mundo liberal-libertario de Milei.

La desindustrialización acelerada de Milei tiene escasa resistencia de los propios afectados, tanto industriales como trabajadores. Imagen: IA ChatGPT.

Desindustrialización récord

El proceso actual se monta sobre una historia de otros procesos de desindustrialización. Fundar la documenta al mostrar que, medido por el PIB industrial per cápita, la Argentina fue uno de los países que más se desindustrializó en los últimos 50 años: entre 1970 y 2023, este indicador cayó 8%, mientras que en Estados Unidos aumentó 79%, en Brasil 44% y en Corea del Sur más de 5.600%.

Fundar indica que, pese a ello, la industria sigue siendo un sector central de la economía nacional: explica alrededor del 19% del PBI, más de 2,5 millones de empleos, cerca del 57% de las exportaciones y algo más de la mitad del gasto empresarial en investigación y desarrollo. Es también, en promedio, un sector que paga salarios formales superiores a la media del sector privado.

No se trata, entonces, de un sector marginal que pueda sacrificarse sin consecuencias. La destrucción de la capacidad industrial no solo impacta en el empleo presente, sino también en la posibilidad de crecer en el futuro, diversificar exportaciones, impulsar innovación y sostener una estructura tributaria que financie bienes públicos básicos.

La reforma comercial impulsada por Milei pone en riesgo 431.452 empleos, de los cuales el 65 por ciento corresponde a la industria manufacturera.

Ajuste sin red

Otra de las paradojas de este proceso es que se produce a contramano de la tendencia internacional. En los últimos años, Estados Unidos, la Unión Europea y Brasil —por citar algunos casos— reforzaron sus políticas industriales, denunciaron prácticas desleales de comercio de China y recuperaron instrumentos de protección selectiva para sectores considerados estratégicos: desde la transición energética hasta la industria de semiconductores.

Mientras tanto, la Argentina de Milei desarma lo poco que tenía y se lanza a abrir la economía sin paracaídas. No hay esquema de compensaciones territoriales, ni planes de reconversión para trabajadores desplazados, ni una estrategia de desarrollo que articule la política comercial con la cambiaria, la tributaria y la productiva. El resultado es un proceso que se parece a una terapia de shock sobre la estructura productiva más que a un programa de modernización. 

No se trata de idealizar cualquier industria ni de defender a cualquier régimen de promoción. Se trata de algo más elemental: entender que un país que se resigna a ver cómo se achica su base industrial, mientras aumenta su dependencia de importaciones baratas y de préstamos caros, está renunciando a una parte central de la posibilidad de construir desarrollo.

La pregunta que deja este proceso no es solo cuánto tiempo más puede resistir la estructura productiva. Es también cuánto más puede seguir haciéndose la distraída la dirigencia empresarial que dice preocuparse por el futuro del país mientras aplaude, con tímidos reparos, una política económica que lo está dejando sin industria y sin trabajadores.