Por Maira López.

Mientras el Senado Nacional se prepara para dar tratamiento al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei, el debate excede largamente el marco de las relaciones de trabajo. En las provincias —y particularmente en Salta— la discusión se ancla en un punto sensible: la distribución de los recursos, el deterioro de las transferencias automáticas y el impacto fiscal que tendría una eventual modificación del Impuesto a las Ganancias sobre la coparticipación.

El telón de fondo es un inicio de año marcado por números en rojo. Según el último informe de la consultora Politikon Chaco, las transferencias automáticas de recursos de origen nacional a provincias y CABA cayeron un 6,7% interanual real en enero, convirtiéndose en el segundo peor enero desde 2017. La coparticipación federal —que representa el 92% de esos envíos— mostró una baja aún más pronunciada, del 8% real, explicada principalmente por la caída del IVA (-11,8%) y de otros impuestos coparticipables.

En ese mapa general de retracción, Salta aparece con una particularidad, ya que fue una de las provincias donde la caída fue menor (-4,3% real), aunque lejos de representar una buena noticia. En términos absolutos, la provincia recibió en enero $220.572 millones, contra $174.758 millones del mismo mes del año pasado, una suba nominal que queda rápidamente licuada por la inflación. Es decir, el alivio relativo no alcanza para compensar un esquema fiscal cada vez más ajustado, con mayores demandas sociales y obras paralizadas.

La reforma laboral y el reclamo de los gobernadores

Recientemente se conoció que el oficialismo acordó modificaciones al proyecto de reforma laboral con el respaldo de más de 40 senadores —según aseguraron en la Casa Rosada—, pero que por el momento mantienen bajo reserva. Desde el Ejecutivo insistieron en que los cambios acordados son “jurídicos” y no alteran el corazón de la iniciativa, que incluye nuevas modalidades de contratación, cambios en el régimen indemnizatorio y la creación de un Fondo de Asistencia Laboral.

El capítulo que mantiene en alerta a los gobernadores es el tributario. Allí se inscribe la posible reducción del Impuesto a las Ganancias a sociedades, una medida que impactaría de lleno en la masa coparticipable a partir de 2027. “Si no les damos algo, esa parte del articulado no sale”, reconocieron puertas adentro en Nación, mientras evalúan esquemas de compensación paralelos, como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

En ese contexto, Gustavo Sáenz fue anfitrión la semana pasada de una reunión en la Casa de Salta, junto a sus pares Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), y el ministro del Interior, Diego Santilli. Pero el vínculo entre el gobernador salteño y la Casa Rosada no se agota en ese gesto político, puesto que el lunes 19 de enero, Santilli selló un acuerdo con Sáenz para respaldar la reforma laboral en el Congreso, que será tratada en sesiones extraordinarias entre el 2 y el 27 de febrero. Si bien el acompañamiento está, el salteño tuvo que expresar que el NOA no está dispuesto a resignar recursos. “Desde el norte argentino trabajamos de manera conjunta, defendiendo el federalismo y los recursos que le corresponden a cada provincia”, sostuvo.

Sáenz advirtió que la reducción de la alícuota de Ganancias “golpearía fiscalmente” a las provincias y condicionó cualquier acompañamiento legislativo a la existencia de mecanismos de compensación. Aun así, el gobernador decidió respaldar el proyecto del Ejecutivo nacional. Según lo acordado con el ministro del Interior, Salta aportará tres votos en la Cámara de Diputados y uno en el Senado, la cantidad de legisladores que responden de manera directa al mandatario provincial. “No resignaremos fondos de las provincias; si eso se entiende, acompañaremos”, afirmó Sáenz, sin embargo, marcando una línea política que combina diálogo con advertencia.

Números que explican la resistencia

Los datos de Politikon Chaco aportan una clave para entender el planteo. Aunque Ganancias mostró en enero un crecimiento marginal del 0,2% real interanual, el resto de los tributos coparticipables cayó con fuerza. La merma del IVA, ligada al desplome del consumo, y la baja en impuestos internos y otros tributos, achican una torta que ya no alcanza.

En paralelo, las leyes y regímenes especiales y la compensación del Consenso Fiscal mostraron subas reales, pero insuficientes para revertir la tendencia general. Es decir, el esquema se sostiene con parches, mientras el núcleo de los recursos se debilita.

Para Salta, que además enfrenta el deterioro de las rutas nacionales, emergencias climáticas recurrentes y una estructura productiva con alta dependencia del gasto público, el margen es mínimo. “Nos bajó la recaudación con el IVA porque el consumo no aumenta y si se vuelve a reducir la alícuota con la reforma laboral, coparticiparemos menos ganancias”, sintetizó Jaldo.

Royón y la posición salteña en el Senado

La senadora nacional por Salta Flavia Royón ratificó en declaraciones a Salta/12 que tiene diferencias con el proyecto oficial. “Ya firmé el dictamen en disidencia en diciembre”, afirmó.

La frase adquiere mayor peso en la antesala del tratamiento en el recinto, cuando desde la Casa Rosada aseguraron contar con el respaldo de más de 40 senadores para blindar la ley con modificaciones consideradas “jurídicas”. En ese esquema, no está claro si Royón integra ese número que el oficialismo exhibe como garantía de aprobación. Formalmente, su antecedente de disidencia la coloca fuera de una adhesión plena.

Sin embargo, en el tablero político nadie descarta escenarios intermedios, ya que Gustavo Sáenz es considerado por el Gobierno nacional como uno de los mandatarios dialoguistas, con capacidad de negociación y construcción de acuerdos, lo que abre la posibilidad de apoyos condicionados o votos acompañados en general, atados a compensaciones fiscales concretas para las provincias.

Esa ambigüedad —entre la advertencia pública y la negociación en curso— evidencia la postura de Salta, que se inscribe en una lógica que no rechaza de plano la modernización laboral, pero que cuestiona un esquema que traslada el ajuste a las provincias.

Sáenz ya lo viene expresando al sostener que la discusión no puede reducirse a una pulseada sólo entre Nación y trabajadores. “Es una mesa de cuatro patas: los trabajadores, las empresas, los representantes de los trabajadores y los gobernadores”, dijo, y advirtió contra las posturas “fundamentalistas o intransigentes”. Con los gobernadores preparando una cumbre en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) centrada exclusivamente en la recaudación, la reforma laboral se convierte en una pieza más de una negociación mayor, principalmente por la discusión sobre cómo se reparte el ajuste y quién absorbe el costo político y social.