Martín Menem, el empresario proveedor del Estado que preside la Cámara de Diputados

Martín Menem, el empresario proveedor del Estado que preside la Cámara de Diputados

Alineado con Karina Milei, hizo parte de su fortuna como contratista. Las agencias de seguridad, foco de trabajo informal y experimento de fondo de cese.

 

Por Francisco Aristi

 

El perfil de contratista del Estado de Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, quedó expuesto con la preadjudicación del contrato del Banco Nación por casi $ 4.000 millones a Tech Security (TS), la firma de seguridad privada que fundó con sus hermanos Fernando y Adrián y que le facturó al Estado más $ 6.000 millones desde 2017.

 Menem ya aclaró que dejó de pertenecer a Tech Security el 6 de diciembre de 2023, cuatro días antes de su asunción como diputado en el recinto que actualmente preside. Un año después, el Estado le adjudicó a su antigua empresa un contrato de $ 1.318 millones para la custodia por seis meses del hospital Interzonal René Favaloro en el que ya prestaba servicios.

 

Tech Security es la empresa oculta del diputado Menem. Prefiere armarse un perfil de outsider, abogado y empresario exitoso recién arribado a la política. Para esto, eligió mostrar Gentech, su fábrica de barras proteicas de la marca Iron Bar, en la que es socio de Sergio Andrés Aguirre.

El relato es flojo: Aguirre es titular HTECH Innovation, otra empresa recién creada que también fue contratada por el Estado para brindar servicios informáticos a la intervención de la obra social de la Unión de Trabajadores Rurales (UATRE). Menem y Aguirre también crearon juntos TR Nutrition.

Actualmente, Tech Security presentó la mejor oferta en varios renglones de una licitación total de $ 472 millones que está en marcha para el servicio de vigilancia de las comisiones médicas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que ahora conduce Gustavo Morón, un contador que ocupó este cargo entre 2015 y 2021, cuando TS también obtuvo licitaciones.

“Me metí en política para que no le pongan más obstáculos al sector privado”, dijo el sobrino de Carlos Menem y Eduardo Menem cuando se presentó como candidato a diputado por la Libertad Avanza (LLA).

La SRT, una de las entidades oficiales a las que le provee servicios de seguridad la empresa de Martín Menem

Desde el sector privado ya era proveedor del Estado en servicios de seguridad y custodia. En 2023 quedó tercero en las elecciones para la gobernación de La Rioja y en 2027 quiere revancha, lo avala su primo Lule Menem y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Agencias de seguridad y vigilancia en la mira

Un abogado especializado consultado por Letra P dijo que las agencias de seguridad y vigilancia, como la que tienen los Menem, "ostentan los mayores niveles de informalidad, fraude laboral y registración defectuosa de los trabajadores” y para cumplir con los mínimos requerimientos legales "usualmente hacen contratos por seis meses para que terminen antes del período de prueba y los hacen trabajar 208 horas mensuales, para pagarles el salario básico del convenio, que exige 192 horas”, graficó.

El gremio que defiende a más de 250.000 personas del sector es la Unión Personal de la Seguridad de Argentina (UPSRA), que conduce Ángel Alberto García, quien, con su hijo Diego, manifestó su apoyo al Movimiento Derecho al Futuro (MDF) del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

UPSRA fue mencionada por el ministro Federico Sturzenegger como uno de los gremios, junto con gastronómicos y peones rurales, que quieren adherir al Fondo de Cese Laboral, la herramienta jurídica para eliminar las indemnizaciones, muy asimilable al sistema de los trabajadores de la construcción.

Otro problema del sector, son las cooperativas de trabajo que brindan servicios de seguridad, algo que está expresamente prohibido por la ley, aunque están operativas. El reclamo del personal es por el reconocimiento y el pago de las horas extras por parte de las empresas.

Martín Menem, el proveedor exitoso del Estado

El 2 de julio de 2024 a la empresa de los Menem la contrataron para un servicio de vigilancia privada para la SRT por $ 30,8 millones.

Según datos de la Oficina de Contrataciones de la Jefatura de Gabinete, el 28 de junio de 2024 ganaron la licitación de un servicio de vigilancia para las comisiones médicas y delegaciones de la SRT por $ 117,9 millones.

El 8 de junio de 2023, le adjudicaron la licitación por $ 37 millones para custodiar la Superintendencia y en abril otra de $ 15 millones, para la custodia del mismo objetivo. En noviembre ganaron la licitación para Seguridad Física de Museos del Interior por $ 56,3 millones.

El 11 de mayo de 2022, los hermanos Menem ganaron la contratación de un servicio de vigilancia para las comisiones médicas y delegaciones de la SRT por $ 70,1 millones. En marzo se quedaron con otra licitación por $ 2,1 millones para un servicio de vigilancia de las comisiones médicas y delegaciones de la SRT.

Tech Security también ganó la licitación por $ 146 millones para cubrir la seguridad en instalaciones de salud de la Municipalidad de Vicente López, del exintendente Jorge Macri.

El 2021 fue un gran año para los riojanos, en marzo ganaron la licitación por $ 45 millones, también para la SRT. El 15 de julio ganaron el servicio integral de seguridad para los museos pertenecientes al Ministerio de Cultura por $ 100,1 millones. También en Cultura, ese año, ganaron dos contratos de $ 13 millones.

Para custodiar la casa central de la Cultura Popular se alzaron con un contrato de $ 18,3 millones y se quedaron con el contrato por $ 89,7 millones para la seguridad en el Museo Nacional de Bellas Artes.

En 2019 ganaron el contrato para un servicio de Seguridad Física para 22 sedes administrativas del Ministerio de Cultura por $ 38.7 millones y otro por $ 11,3 millones.

En 2018 ganaron otro contrato por $ 1,8 millones para la seguridad de los edificios e institutos del Ministerio de Cultura; y el 25 de octubre de 2017 ganaron $ 18 millones por el mismo motivo. Y también la custodia del Belgrano Cargas en varios puntos geográficos, por $ 98 millones. En enero de 2018 ganaron un contrato de custodia de Fabricaciones Militares por $ 1.3 millones, pero fue rescindido.

TS también hizo la seguridad en el acto de presentación del libro del presidente Javier Milei en el Luna Park. En Tech Security es socio Pablo Vázquez, un ex jefe de Seguridad Privada en River Plate, el club que ahora es cliente de Tech Security, como Racing y otras instituciones deportivas. Barrios privados y artistas también contratan sus servicios.

Martín Menem y Nicolás Julián Hazaff

Martín Menem declaró ser socio en otras empresas como Insullow SRL, PGC SRL, Libertador Uno SRL, Mimada SA. No hay ninguna mención a Global Protection Service SA del grupo GPS, cuyo fundador tiene origen sirio como la familia Menem, Nicolás Julián Hazaff.

Las versiones periodísticas relacionan a Martín Menem y a su hermano Fernando Menem con Hazaff. No hay vínculo comercial probado. "No me consta que el diputado Martín Menem haya sido socio de Hazaff", dijo su vocero.

Ambos son egresados de la Universidad de Belgrano, según las referencias muy vagas que admite Hazaff en declaraciones periodísticas atribuidas a él. Son notas publicadas en medios, especialmente del interior del país, donde Hazaff es presentado como un abogado y empresario influyente, exitoso, pero nunca aparece una foto de su persona. Una vocación férrea por la discreción gráfica.

Hazaff es presidente de la Cámara Argentina de Servicios Aeroportuarios (CASA) y el gobierno autorizó a Global Protection Service SA, para explotar servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general en 16 aeropuertos nacionales.

La concesión es el fruto de la desregulación del sector aerocomercial. Y así se sumó a Fly Seg y Air Class Cargo para romper el monopolio de la empresa estatal Intercargo.

GPS Group (Global Protection Service) también tiene contratos millonarios por licitaciones públicas: custodiar el Teatro Cervantes por $ 600 millones, proveer la seguridad del Aeropuerto de Morón por $ 87 millones, con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) por $ 7,3 millones, con la Agencia de Discapacidad por $ 14 millones, con el Enargas por $ 289,6 millones y con el Incucai por $ 174 millones.

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