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JAVIER SLUCKI

Mientras el presidente, Javier Milei, ultima los detalles de un veto hecho a medida del Fondo Monetario Internacional (FMI), las cifras oficiales muestran que las leyes de aumento a los jubilados y declaración de la emergencia en discapacidad tienen un impacto fiscal menor que el que dice el Gobierno, y de hecho podrían aprobarse sin comprometer el superávit.

El 11 de julio pasado, el Senado convirtió aprobó tres proyectos: el aumento de las jubilaciones y del bono, la extensión de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad. Además, le dio media sanción a otros dos, impulsados por los gobernadores: la coparticipación de los aportes del Tesoro Nacional (ATN) y de los impuestos a los combustibles.

Desde antes del tratamiento de los proyectos, Milei ya había adelantado que vetaría cualquier ley que comprometiera el superávit fiscal para este año, algo que ratificó luego de la sanción. Incluso anticipó que judicializará las iniciativas si el Congreso logra rechazar el veto presidencial.

Por esos mismos días, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a decir que el paquete de proyectos tendría un impacto fiscal de 2,5% puntos del PBI. Una afirmación sobre la cual el Palacio de Hacienda evitó luego dar más detalles o aclarar si incluía también a los proyectos sobre coparticipación impulsados por los gobernadores.

El impacto fiscal del aumento de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad

La cifra de Caputo no es aleatoria. La estrategia del Gobierno es justificar los vetos en dos temas sensibles bajo el argumento de que comprometen la meta fiscal acordada con el FMI para 2025, que es de un superávit de 1,6% del PBI.

Sin embargo, los informes oficiales indican que el número mencionado por el ministro está sobredimensionado. La semana pasada, la Oficina de Presupuesto del Congreso actualizó sus previsiones de impacto fiscal en nuevos informes a pedido de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, a cargo del libertario Ezequiel Atauche.

La OPC determinó que, para el tramo agosto-diciembre de 2025, el aumento de un 7,2% en las jubilaciones tendrá un costo del 0,2% de PBI (un cálculo que no había aparecido en el informe previo elaborado por esta dependencia del Congreso, a fines de mayo).

Además, determinó que el aumento del bono previsional hasta los 110.000 pesos tendría un impacto fiscal de un 0,12% del PBI para el mismo tramo agosto-diciembre (un cálculo todavía más optimista que el del informe previo, que para el tramo junio-diciembre estimaba que el impacto fiscal de un bono menor, de 105.000 pesos, sería todavía mayor, de 0,14% del PBI). Es decir, para el resto del año el aumento jubilatorio del haber y del bono tendría un impacto del 0,32% del PBI en total.

En paralelo, la extensión de la moratoria previsional vencida en marzo pasado tendría, según la OPC, un impacto todavía menor, de solo 0,094% del PBI para su primer año de vigencia (una cifra un tanto mayor que la del informe de mayo, según el cual era de 0,084% del PBI).

En resumen, todo el paquete jubilatorio (de aumento del haber básico, aumento del bono y extensión de la moratoria previsional) tendría un impacto del 0,41% del PBI.

Por su parte, la sanción de la ley de declaración de la emergencia en discapacidad implica un costo fiscal de entre el 0,25% y el 0,48% del PBI debido a las nuevas altas en la PNC por Discapacidad. A ello se le suma el impacto menor, de un 0,03% del PBI, por la "compensación de emergencia a los prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral". En total, un costo de como mucho el 0,51% del PBI.

¿FMI o jubilados y discapacitados? el Gobierno ya eligió

En definitiva, las cifras oficiales del mismo Congreso indican que la promulgación de todo el paquete de leyes sancionada hace diez días tendría un costo de como mucho un 0,92% del PBI.

No solo es menos de la mitad de aquel 2,5% sugerido por Caputo. Además, si el Gobierno apunta a cumplir el 1,6% del PBI de superávit, podría implementar estas leyes de beneficio a los jubilados y discapacitados y aun así conservar un superávit del 0,68% del PBI.

El balance fiscal positivo para 2025 se conservaría incluso si entraran en vigencia los dos proyectos impulsados por los gobernadores para distribuir los ATN (que representan solo el 1% de los recursos coparticipables) y de los impuestos a los combustibles, los cuales por ahora tienen media sanción del Senado.

Según un informe privado elaborado por el IARAF, la coparticipación de los ATN tiene un costo del 0,05% del PBI, mientras que la distribución de los impuestos a los combustibles tendría un impacto fiscal del 0,18%.

O sea, la eventual promulgación de los cinco proyectos tratados por el Senado tendría un costo fiscal del 1,15%, todavía de menos de la mitad de lo estimado por Caputo, y con margen para un 0,45% de superávit en 2025.

De hecho, el costo sería todavía menor si se tienen en cuenta las fuentes de financiamiento que la misma ley de aumento de haberes y bono jubilatorio establece, por un total del 0,39% del PBI. Considerándolo, la sanción de las leyes previsionales y de discapacidad tendría un costo de solo el 0,53%, lo que dejaría margen para más de un punto de superávit en 2025.

En verdad, ninguna de estas cifras importan, porque el Gobierno ya tomó la decisión política de cumplir con la meta acordada con el FMI. Y demostrarle a los mercados internacionales, mientras pasa su momento más delicado frente a ellos, que está dispuesto a hacer lo que sea para no financiar al Tesoro con emisión.

Uno por uno, el impacto fiscal de las nuevas leyes, según la OPCLeyes previsionales:Aumento de un 7,2% en las jubilaciones: 0,2% del PBIAumento del bono jubilatorio a 110.000 pesos: 0,12% del PBIExtensión de la moratoria: 0,094% del PBITotal leyes previsionales: 0,41% del PBIEmergencia en discapacidad:Nuevas altas en la PNC por Discapacidad: entre 0,25% y 0,48% del PBICompensación de emergencia a los prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral: 0,03% del PBITotal emergencia en discapacidad: 0,51% del PBITotal paquete sancionado por el Senado (jubilados + discapacidad): 0,92% del PBITotal sumando coparticipación de los ATN e impuestos a los combustibles (IARAF): 1,15% del PBI