Por Hernán Cappiello

El presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, envió esta tarde una clara advertencia al Gobierno sobre las reformas judiciales. Básicamente planteó que solo van a funcionar aquellas modificaciones que tengan el consenso del Poder Judicial y que cuenten con la participación de los magistrados. También le recordó que ya fracasaron en los últimos tres años los cambios intentados por el oficialismo.

Al cerrar el XXII Encuentro de Jueces de Tribunales Orales celebrado en Catamarca, Rosatti expresó: “Creo que la reforma judicial profunda, que involucre aspectos sustantivos y aspectos que nosotros llamamos de superintendencia (administración e infraestructura), y aspectos procesales, va a ser la que cuente con el consenso del Poder Judicial, porque tenemos muchísimo para decir. Eso queremos desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Detrás de estas expresiones prima la idea de que la reforma judicial profunda necesita sí o sí el consenso del Poder Judicial y pareció sugerir que no se pude hacer una reforma sin el consenso del Poder Judicial y más aún, si se insiste con esta idea, nada va a funcionar. “En la medida de nuestras posibilidades y nuestra competencia vamos a llevar adelante las reformas que sean necesarias”, dijo el juez.

Y después cuestionó: “Hemos visto el fracaso de tanta reforma o proyecto de reforma que no se sanciona, o se sanciona y se demora, y no se aplica, y se suspende, y esta costumbre tan argentina de suspender algo o reformar para no cumplir y entonces se vuelve a reformar”.

Desde que asumió Alberto Fernández la Presidencia hace casi tres años, ya sea por iniciativa propia o empujado por las necesidades coyunturales de Cristina Kirchner, el Gobierno intentó diversas reformas judiciales que nunca se pusieron en marcha.

Por ejemplo, dio media sanción a una ley para reformar la justicia federal, que no pasó del Senado; dio media sanción a una ley para ampliar la Corte a 15 jueces, que no encuentra eco en Diputados; trato de reformar la manera de elegir al Procurador General de la Nación, pero no lo logró; no puso en marcha a pleno el nuevo Código Procesal Penal Federal.

Además llamó a especialistas para que hagan sugerencias de cambios en la Justicia, pero no presentó un proyecto de ley en ese sentido; no tuvo éxito en acordar una nueva ley para el Consejo de la Magistratura y así se sumaron las iniciativas estériles que ocuparon al Senado.

Rosatti, junto al vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, participaron del encuentro de magistrados que se enfocó en en los cambios que precisa el sistema judicial, la implementación del lenguaje claro y la perspectiva de género en el dictado de sentencias.

El presidente de la Corte reseñó los desafíos que atraviesan los tribunales del país, no solo en el plano jurisdiccional, sino también estructural y edilicio. Se refirió además al ataque a tiros ocurrido esta semana contra los tribunales federales de Rosario y condenó ese atentado.

“Estamos recorriendo el país para ver in situ las distintas realidades, las distintas necesidades, sobre la base de que ahora la Corte preside el Consejo de la Magistratura y esto permite aunar esfuerzos, tener una conducción unificada y asegurar que haya una estabilidad en la conducción”, señaló.

Desde el Consejo de la Magistratura, dijo, se está trabajando en tres cuestiones sustantivas: lenguaje claro, perspectiva de género y gestión de calidad. De cara a los destinatarios del servicio de Justicia, Rosatti hizo hincapié en la importancia de utilizar lenguaje claro e “incorporar la perspectiva de género en las sentencias judiciales, y no solo en las causas penales, sino también en cuestiones de familia, civiles y comerciales”.

Todo ello está orientado a “mejorar un servicio que ha cambiado”, en un marco en el que crece la exposición pública de los jueces y existe una creciente judicialización de los conflictos por la incapacidad de resolverlos sin la intervención de un tribunal, enumeró.

Asimismo, destacó que en los últimos años la Corte ha tratado de “federalizar y poner a disposición de todos los tribunales servicios que antes estaban circunscriptos fácticamente a la Ciudad de Buenos Aires, como los del cuerpo de peritos y del Cuerpo Médico Forense, con nuevos ingresos por encima del estándar”.

Rosenkrantz, por su parte, abrió el encuentro de jueces de Tribunales Orales. Estuvieron presentes los jueces del fuero federal catamarqueño Enrique Lilljedahl, Juan Carlos Reynaga, Federico Bothamley y Guillermo Díaz Martínez; el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz; la fiscal Federal auxiliar María Correa, magistrados y funcionarios federales de otras provincias.

Además asistió el vicegobernador Rubén Dusso, legisladores provinciales, y la ministra de la Corte de Justicia de Catamarca, Verónica Saldaño. Durante los dos días de trabajo se sucedieron diversos paneles sobre el funcionamiento de los tribunales y la administración de Justicia, el decomiso de activos provenientes del crimen organizado, la ejecución de la pena y la vigencia e implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal.