Si avanza la moción de censura y el Poder Legislativo fuerza su remoción, nada impide al Presidente volver a nombrarlo. La lupa en la comisión y en los tiempos.
Por Sebastián Iñurrieta
No hay plan B para la eventual salida de Guillermo Francos, salvo el mismo Guillermo Francos. La Casa Rosada le prende velas a la comisión para que la moción de censura contra el Jefe de Gabinete, por no aplicar la ley de emergencia en Discapacidad (refrendada tras el veto), llegue al recinto de la Cámara de Diputados, donde descuenta que no tendrá los votos necesarios para evitar su remoción. El Senado también lo dan por perdido.
Al igual que la figura del jefe de Gabinete, el mecanismo para que el Poder Legislativo pueda obligar al Ejecutivo a sustituirlo fue plasmado con la reforma constitucional de 1994. En treinta años nunca fue utilizado. "Es insólito", se defienden en la planta baja de Balcarce 50, donde el ministro coordinador sigue manteniendo su despacho (nunca se mudó al primer piso). Por lo bajo, acusan a la oposición de sembrar un clima destituyente. Francos se subió al ring así: "Si ellos remueven al jefe de Gabinete, tendrán que explicar el fundamento y quedan sujetos al escrutinio de la opinión pública".
El oficialismo detectó un supuesto vacío legal: como no hay reglamento para cumplir la moción de censura (sí para aprobarla), en el Gobierno lanzan como desafío que Javier Milei podría volver a nombrarlo, si el Congreso lo obliga a echarlo.
El artículo 101° de la Constitución es el que establece que el jefe de Gabinete debe concurrir "al menos" una vez al mes al Congreso para brindar su informe de gestión (una periodicidad impracticable, por lo que nadie la ha respetado a rajatabla) y establece que "puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura". "Por supuesto, estoy dispuesto a ir al Congreso de la Nación si me convoca para una interpretación", avisó Francos este martes.
En el glosario de la página web de Diputados, María Susana Dri, asesora y docente en Derecho Constitucional, Parlamentario y Técnica Legislativa, explica que la moción de censura "no implica responsabilidad política, sino solo sustitución; no tiene más alcance que ello". Y agrega. "Nada impide que el Presidente de la Nación vuelva a nombrarlo".
La bomba atómica de Javier Milei
"Sería detonar todos los puentes con el Congreso", grafican cerca suyo la potencial (y bélica) alternativa. "No creo que Guillermo acepte volver a asumir en ese caso", arriesga un funcionario que lo conoce bastante, aunque no habló del tema con él. Aunque siempre hay un pero, más en el gobierno libertario: en este caso, apunta, Francos lo pensaría dos veces si se lo pidiera el Presidente.
Ante ese escenario, surgen las voces componedoras dentro de la administración violeta: rechazar dos veces el deseo del Congreso (no aplicar la ley, a pesar del rechazo al veto; y renombrar al funcionario apartado) sentenciaría la declaración de guerra definitiva. El ala dialoguista de la Casa Rosada sigue soñando con convencer a un grupo de gobernadores "afines" (como los llamó el propio Francos) para avanzar en las reformas prometidas por Milei al Círculo Rojo para el segundo tramo de su mandato: la fiscal y la laboral lideran el podio de demandas empresariales.
Lo cierto es que el Milei empoderado modelo 2024, si llega a resurgir entre sus cenizas el 26 de octubre, tomaría la idea en consideración, sin importarle demasiado las consecuencias. Hay otra herramienta que el Congreso podría usar contra el jefe de Gabinete (o hasta el Presidente si la pulseada escala): el juicio político.
El calendario de Guillermo Francos
Los tiempos que podrían definir el futuro de Francos son claves. Como contó Letra P, para aprobar la moción de censura, debe pasar por comisiones en ambas cámaras y se aprueba en los recintos por mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno del cuerpo (129 diputados y 37 senadores). En varios temas, la oposición viene juntando dos tercios. El Gobierno apuesta a frenarla en comisión, para que no llegue a los recintos. Es trabajo para Martín Menem, dicen en Balcarce 50, donde al presidente de Diputados le endilgan varias derrotas legislativas. De Victoria Villarruel ni hablan, pero es cierto que Francos es uno de los pocos funcionarios que ha hablado con la vice desde el divorcio político del exbinomio presidencial.
En la Casa Rosada estiman que todo el proceso podría demorarse entre un mes y un mes y medio, lo que agendaría la última instancia para remover a Francos pasadas las elecciones de octubre. El Gobierno espera el 26-O salir revitalizado (para dejar atrás definitivamente la crisis cambiaria a la que este miércoles Donald Trump y Scott Bessent le tiraron un balde de agua fría) con un número global que lo ubique entre 35 y 40 puntos a nivel nacional. Bordear los 30 sería considerada apenas una victoria pírrica, que difícilmente ahuyente los fantasmas.
Cerca del ministro coordinador descartan que las posibilidades de que el Congreso lo pusiera contra las cuerdas haya sido abordado en una charla con Milei. La semana pasada, después de desestimar la judicialización de la emergencia en Discapacidad con la que había amenazado el mismo Presidente si el Congreso revocaba su veto (dicen que por consejo de María Ibarzabal Murphy, la secretaria de Legal y Técnica, por una cuestión jurídica, no política), la Casa Rosada sabía que la ley se promulgaría, pero no se aplicaría. El diputado Esteban Paulón (Encuentro Federal) apuró al Gobierno con una denuncia penal por (a su entender) demorar su publicación en en el Boletín Oficial. No esa un expediente que llegó a preocupar a la Jefatura, como sí lo es la moción de censura.
El porqué para no aplicar la ley se sabía, tal como se asentó en el decreto: que el Poder Legislativo no especificaba de dónde sacar recursos para afrontar el costo fiscal, amarándose que la ley de administración financiera sólo permite al jefe de Gabinete reasignar el 5 % de las partidas. El tema era el cómo y se decidió salir del laberinto por arriba con la suspensión de la ley. Es la prueba piloto: por delante quedan más vetos que el Congreso planea rechazar y, además, lo que más preocupa a la Casa Rosada y que no toca el superávit fiscal: que avance el proyecto para delimitar el uso de los DNU.
La vieja danza de rumores
Con el aire fresco que está disfrutando el Gobierno, cortesía del endorsement de Trump, la potencial salida de Francos no generó aún intrigas palaciegas. Desde que reemplazó al eyectado Nicolás Posse, los rumores han circulado alrededor del ministro coordinador. Hace unos meses, supuestamente, tenía destino de embajador en Reino Unido; en otro momento, que el karinismo quería ese lugar para Manuel Adorni; misma ambición que exhibió en un punto Santiago Caputo (el asesor controla varias dependencias del Ejecutivo); o que en su silla podría sentarse un PRO violeta.
Por ahora, luego de haber sido reivindicado al sentarlo en las mesas armadas por Milei post-paliza electoral del 7-S, el único plan B para Francos es el propio Francos.
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