Hoy será la esperada cita en la corte del octogenario magistrado, quien deberá decidir si toma alguna medida por la emisión del título que vence en 2024 y que, considera, violó la cláusula pari passu, pese a haberse labrado bajo legislación argentina por unos 1.400 millones de dólares. Lo que sostienen los demandantes es que el bono forma parte de la deuda externa del país, por lo que se tendría que declarar “ilegal” y los intereses deberían ser embargados.

Desde el Gobierno dicen que no habrá un impacto directo sobre las emisiones que se realizaron este año, aunque abogados que siguen el tema de cerca aclararon a este medio que, en parte, dependerá de lo que se haya producido en el discovery con el Deustche Bank, la misma entidad que iba a asistir a la Argentina en la última tentativa de salir a los mercados internacionales.

Si bien se tocará el tema del Bonar 24, la citación fue para tratar la demanda “Puriccelli vs Argentina”. Es la causa en la cual Griesa quiso incluir a varios me too (los inversores que no entraron a los canjes ni estaban desde el inicio de la causa) de una forma que rechazó la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Esta corte, que criticó el método de armar la demanda colectiva del juez, calificó al fallo de “exasperante” y le pidió al tribunal de primera instancia que defina nuevos parámetros para las acciones de clase.

Lo que no podrá hacer ahora Griesa es incluir en la demanda a quienes compraron y ya vendieron los bonos en euros, algo que hizo en agosto y la Cámara consideró que se trató de una extensión inapropiada.

El ministro de Economía, Axel Kicillof, que consideró por estos días que el fallo muestra cada vez más contradicciones, no participará de la audiencia. Sí lo harán los abogados del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, que defienden al país. El economista fue parte de la comitiva que viajó a Nueva York encabezada por la presidenta, Cristina Fernández, en su última participación como jefa de Estado en la Asamblea General del Fondo Monetario Internacional.

Desde el entorno del titular del Palacio de Hacienda también critican a Griesa, aunque mantienen su postura de que no habrá nuevas relaciones con los buitres en los poco más de dos meses que les quedan al frente de la cartera de Economía. Es que, por un lado, consideran que lo que hace el magistrado va en contra de lo exigido por el Gobierno, que pidió más claridad en el tratamiento de los me too y que se aparte al Special Master Daniel Pollack, por considerar que no era neutral.

Pero, por otro lado, desde el kicillofismo sostienen que los litigantes prefieren esperar al cambio presidencial ya no por la apuesta de que gane Mauricio Macri, sino también por si el que vence es Daniel Scioli, que hoy lidera las encuestas.

Kicillof ya había dicho a periodistas en el anteúltimo almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) en el Hotel Alvear que los demandantes no van a sentarse a negociar si ven que un candidato con posibilidades de ganar sostenía que había que pagarles todo lo que exigían. Ese día lo dijo por el líder del PRO, pero en los últimos días en los pasillos del Ministerio también se vio que podían tener el mismo sentido las palabras del economista Miguel Bein. Es que el asesor del gobernador de la Provincia de Buenos Aires ya dijo en dos oportunidades que habría que ofrecerles a los fondos buitre un pago con una quita considerable (de entre el 30% y el 20%). Esa cifra no estaría lejos de la rebaja del 15% ya ofrecida por NML, de Paul Singer, según contó el mismo Kicillof en una entrevista hace tres meses.