Por Mariano Cuparo Ortiz

El Gobierno mantuvo fuerte el ajuste en subsidios, salarios de empleados públicos y obra pública destinadas a energía, educación y vivienda y logró sostener el superávit primario y fiscal durante agosto. De esa forma, logró acumular entre enero y agosto un positivo equivalente al 1,3% del PBI, lo que significó que ya cumplió la meta fiscal pautada por el FMI en el nuevo acuerdo. Hacia adelante, sin embargo, la recesión y su esperable impacto en los ingresos públicos, sumado a los reveses antiveto del Congreso, plantea dudas.

La Secretaría de Hacienda publicó el resultado fiscal de agosto, dato que hasta acá parecía alcanzar para convencer al mercado acerca de la capacidad del Gobierno de estabilizar desde lo nominal a la economía y de garantizar el pago de las deudas tanto en pesos como en dólares, dinámica que pareció empezar a torcerse desde las derrotas políticas tanto en el Congreso como en las urnas, con un correlato de fuerte suba del dólar, venta de divisas del BCRA y derrumbe del precio de los bonos soberanos. De cara a 2026 el Gobierno prometió en el proyecto de Presupuesto para el año que viene un superávit primario del 1,5% del PBI, menor al que 2,2% que marca el acuerdo con el FMI. El consenso acerca de que habrá una corrección cambiaria después de la elecciones, con su clásico impacto en la actividad, plantea además dudas de que el año que viene la recaudación tributaria ayude con más ingresos.

Desde el Grupo SBS remarcaron algunas amenazas que perciben hacia adelante para el equilibrio fiscal: “Mirando hacia lo que resta del año, destacamos que sigue habiendo puntos para mirar tanto en materia de ingresos como de gastos, que podrían representar desafíos. Respecto a ingresos, seguimos marcando como punto principal la debilidad que viene mostrando la economía, en un contexto de tasas reales ARS muy elevadas. El impacto de proyectos de la oposición sobre el gasto también deberá seguirse dado que ya ha habido vetos del Ejecutivo exitosamente revertidos por el Congreso”.

Este jueves, justamente, el Senado rebotó el vetó a la automatización en el reparto de ATN que, para el presidente del Iaraf, Nadin Argañaraz, tendrá un impacto fiscal anual del 0,04% del PBI, aunque para la consultora PxQ llega a entre el 0,05% y el 0,10% del PBI. Ahora Diputados deberá definir si lo convierte en ley. La próxima semana el mismo Senado deberá definir si rechaza los vetos al incremento presupuestario para universidades y al financiamiento del Garrahan, iniciativas que le agregan costos del 0,23% y del 0,016 del PBI, respectivamente, al fisco, según estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). El superávit fiscal financiero entre enero y agosto llegó a acumular un 0,4% del PBI. Estos vetos presidenciales con los que el Congreso deberá decidir qué hacer implicarían un costo de al menos 0,3% del PBI al año.

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo al respecto: “Frente a los intentos de parte del arco político de romper el equilibrio fiscal, el Gobierno continuará garantizando el orden en las cuentas públicas, ya que es condición necesaria para continuar mejorando la calidad de vida de los argentinos. Desde el año pasado, el orden fiscal ha sido un pilar fundamental para estabilizar la macroeconomía y reducir la presión tributaria”.

El desempleo se mantuvo estancado y siguió la precarización

El ajuste fiscal viene propiciando, junto con el ancla salarial, la incertidumbre cambiaria y la supertasa, la profundización del escenario recesivo. El desempleo se mantuvo estancado en el segundo trimestre, de la mano con la baja del 0,1% en el PBI (todos los datos son del Indec, junto con la caída del 1,1% del consumo de los hogares y la del 0,5% de la inversión productiva) aunque permanece 1,4 puntos por encima de los niveles del mismo período del 2023. Fue del 7,6%, nivel idéntico al del segundo trimestre del 2024, aunque eso implicó mantenerse alejado del 6,2% de hace dos años. El empleo, en cambio, cayó ligeramente al 44,5%, desde el 44,8% del mismo período del 2023. Hubo un incremento de la precarización, lo que viene marcando la vigencia de algunas lecturas que señalan que el trabajo ajusta más por calidad que por cantidad.

El sociólogo Daniel Schteingart detalló la dinámica que viene mostrando la pauperización: "Continúa la precarización del mercado laboral. El empleo informal pasó del 41,6% del total en 2024 al 43,2%. Tiene sentido: se viene destruyendo empleo asalariado formal y lo que más crece es el empleo asalariado no registrado y el cuentapropismo. Esta tendencia viene desde hace 10 años y se profundizó en el último año. El 44,9% de la población ocupada es hoy asalariada registrada (el resto es asalariada informal o no asalariada). La cifra es la más baja desde 2007. La precarización del mercado laboral viene desde 2015, cuando el empleo asalariado formal había llegado a ser el 51,3% del empleo total".

Y agregó. "Hubo un shock transitorio por la pandemia en 2020, producto de que se destruyó mucho más empleo informal que formal, no por motivos virtuosos. Si bien 2015 fue el pico, debe tenerse en cuenta que hasta 2011 el motor del empleo asalariado registrado era el sector privado, y entre 2011-2015 fue más que nada el público, en un contexto de estancamiento del privado".