Conmocionado por la muerte del ministro de Transporte Mario Meoni, el presidente Alberto Fernández y su administración afrontan una semana decisiva en múltiples frentes. El Ejecutivo presentará su descargo ante la Corte Suprema por el DNU que suspendió las clases presenciales en el AMBA y objetó la Ciudad; además, se define la actualización del salario mínimo; apura un nuevo acuerdo de precios y delinea las nuevas restricciones ante el avance de la segunda ola de coronavirus.

La coyuntura política, económica y sanitaria no da respiro. Este lunes, en la fecha límite, el procurador del Tesoro Carlos Zannini presentará ante el Máximo Tribunal los argumentos del Gobierno para defender el decreto presidencial vigente que suspendió las clases presenciales en el AMBA y que la Ciudad no acató.

Trabajan en la estrategia judicial del Gobierno, además del jefe de los abogados del Estado, la secretaría Legal y Técnica que conduce Vilma Ibarra y la jefatura de Gabinete. La Casa Rosada argumentará que el DNU vigente se dictó para resguardar el sistema sanitario en el medio de la emergencia nacional declarada por la pandemia. “A la Corte se le va a hacer complicado decir que las normas nacionales en el marco de una emergencia sanitaria nacional no se pueden aplicar. Viene de decirle a Formosa que no puede tomar medidas más estrictas que las que definió la Nación”, le dijo a Clarín uno de los funcionarios consustanciados con la estrategia gubernamental.

Insisten en que el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta aplicó durante todo 2020 los DNU nacionales en materia sanitaria, incluidos aquellos que prohibían la presencialidad en las aulas. Un resultado adverso podría debilitar al Ejecutivo que descarta en sus pronósticos ese escenario. En la Ciudad, en cambio, creen que el máximo Tribunal podría dictar un fallo salomónico y darles la razón a los dos, pero destacan que el Gobierno fue inteligente al blindar el decreto en el Congreso.

La tensión con Rodríguez Larreta está en aumento. Los delegados del Presidente y del jefe de Gobierno no descartan un acercamiento con reuniones para definir las restricciones en el AMBA a partir del 30 de abril. En la Casa Rosada insisten en que para eso sería necesario antes que el jefe de Gobierno tuviera un gesto en esa dirección, tan público como lo fue su rechazo al cierre de las escuelas porteñas.

Aunque en el entorno de Fernández insisten en que las puertas de Balcarce 50 están abiertas para todos los gobernadores, desde el Gobierno minan los ya lesionados puentes de diálogo. “Rodríguez Larreta tendrá que hacerse cargo de los muertos”, señalan. Esperan que el jefe de Gobierno imite al senador radical Luis Naidenoff, que después de realizar manifestaciones contra Gildo Insfrán le presentó por escrito, y en personas sus recomendaciones para aplicar en Formosa.

El Gobierno terminará de definir las nuevas medidas entre el miércoles y jueves, cuando ya tenga un diagnóstico actualizado del impacto de las restricciones vigentes. Destacan que la la Ciudad no ponderó que la opinión pública es híper volátil en tiempos de pandemia, porque pasa del hartazgo al temor y la obediencia ante el alza de casos. “Nosotros también tenemos que recalcular, porque nos obliga la realidad”, conceden.

Antes, el martes, será un día de marchas en la Ciudad: el Consejo del Salario se congregará para actualizar el nuevo haber mínimo, que hasta hoy es de $21.600 frente a una canasta básica arriba de los $60 mil. El aumento no solo sirve como termómetro para el resto de las paritarias; también sirve para actualizar el salario social complementario -la mitad del salario mínimo- que cobran 870 mil trabajadores de la economía popular.

El Gobierno buscará aplicar la misma pauta que bajó a fin de año (aunque en público diga que no pone techos a las negociaciones): en 2021 los salarios deben ganarle a la inflación. El acuerdo -en tres tramos- estaría por lo menos 3 puntos por encima de la inflación anual, que el Gobierno proyecta en los papeles en un 29 por ciento. La condición, claro, mientras las proyecciones muestran un alza de precios para fin de año cercano al 50% es que el Consejo del Salario se vuelva a reunir en 6 meses. Como publicó Clarín el salario mínimo experimentó en los últimos 15 meses una pérdida del 15% del poder adquisitivo y respecto de fines de 2015 retrocedió un 36%. Así y todo, Gobierno, empresarios y sindicatos confían en que habrá acuerdo y que no será necesario el laudo del ministro de Trabajo.

Los 4.8 puntos de inflación de marzo cayeron como una bomba en el Gabinete económico, donde al mismo tiempo respiran por el aumento de la recaudación que tracciona la exportación de soja. El Ejecutivo avanzará en los próximos días con el plan para congelar precios, en especial de la canasta de alimentos, por seis meses. En los despachos más importantes de la Casa Rosada despotrican contra los empresarios. “Los sindicatos cumplieron; los empresarios, no”, señalan y prometen aplicar la ley de abastecimiento. En la UIA señalan el “costo covid”, en materia laboral (20%) y logísticos (35%); además de la inflación general.

Hacia el fin de semana, el Ejecutivo avanzará con el plan -ya definitivamente consensuado con la oposición- para postergar las elecciones. El ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro visitará el jueves a la Cámara Electoral y un día después la cámara de Diputados. El calendario -con fecha límite para el 10 de mayo- obligará a un acuerdo y a una votación veloz en el Congreso.

 

Por Guido Carelli Lynch