El “tractorazo” que congregó este sábado a miles de personas en Plaza de Mayo volvió a visibilizar la capacidad de movilización de los sectores agropecuarios. Aglutinó, una vez más, a un variopinto rejunte de dirigentes de Juntos por el Cambio y referentes libertarios, que coincidieron en las calles para apoyar la agenda rural y los reclamos sectoriales. Pero faltaron los actores institucionales de las entidades rurales. En la Casa Rosada, ese rasgo apareció como un flanco desde dónde golpear.

El Gobierno minimizó los alcances de la movilización y le dio un matiz partidario. “Lo que quedó claro es que fue una marcha de los sectores del campo que apoyan políticamente al PRO. De los dirigentes del campo, solo estuvo el ex ministro del PRO, Miguel Ángel Etchevehere y no adhirió la Mesa de Enlace. Eran todos opositores”, sostuvo a Infobae un alto funcionario de Casa Rosada y de diálogo permanente con Alberto Fernández.

En el Gobierno confiaban en que los convocantes de la movilización hacia el centro de la Ciudad de Buenos Aires no representaban orgánicamente a las entidades oficiales del campo. De la tarea de contener a la Mesa de Enlace, integrada por la Sociedad Rural Argentina, Coninagro, la Federación Agraria y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), está a cargo el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez. En las horas previas a la movilización, Domínguez subrayó y juró que el proyecto de impuesto de “ganancias inesperadas”, que busca gravar a las empresas que tengan rendimientos netos superiores los 1.000 millones de pesos, no impactará sobre los productores directos. Ya lo había aclarado antes, el ministro de Economía, Martín Guzmán.

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, esbozó la línea oficial cuando promediaba la tarde del sábado. Evitó confrontar con el campo y eligió como adversario a la oposición. “La movilización organizada alrededor de una caravana de tractores protestó contra un proyecto de ley que aún no conocen y que no los involucra, ya que no hay productores que hayan facturado más de mil millones de pesos el último año”, señaló a través de un hilo de tuits.

(Credito: Maximiliano Luna)

Cerruti acusó a la dirigencia de Juntos por el Cambio de “no contribuir a la convivencia democrática” y de encabezar una protesta que esbozaba, en su “documento final”, una caracterización del “Gobierno legítimamente elegido por el pueblo como ‘vándalos y usurpadores’ y a los gobernadores como ‘indigna alianza de vasallaje feudal’”. Así, la portavoz hizo referencia a la confrontativa proclama leída durante el #23A, que contenía pasajes críticos sobre la “receta del socialismo y el estatismo” y planteos contra el Gobierno por “no pensar un país con menos impuestos” y que “se gaste menos”.

“Esto demuestra claramente las motivaciones políticas, y la decisión de Juntos por el Cambio de defender unívocamente a un puñado de empresas que se benefició de manera inesperada con la guerra en Ucrania”, expuso Cerruti en las declaraciones públicas. Y cuestionó: “Una vez más, como siempre lo han hecho, promueven la concentración del ingreso en manos de unos pocos y en desmedro de millones de argentinos”.

Desde el mediodía, funcionarios, legisladores y referentes de la oposición se mezclaron entre la multitud para asistir de la movilización que había arrancado en avenida Del Libertador y Udaondo. La cúpula del PRO estuvo presente: Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Diego Santilli, María Eugenia Vidal. Algunos, como el jefe de Gobierno porteño, se subieron a los tractores. Por la Coalición Cívica estuvieron su presidente, Maximiliano Ferraro y el jefe de la bancada en Diputados, Juan Manuel López. También acudieron a respaldar a la protesta los economistas liberales, Ricardo López Murphy, José Luis Espert y Javier Milei. ¿Y el radicalismo? Pocos asistieron o lo hicieron notar públicamente. Al presidente del partido y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se lo vio en una cumbre partidaria en Villa Giardino, Córdoba.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en una muestra de apoyo al reclamo agropecuario

Con los tractores y las camionetas como protagonistas, miles de personas se acercaron desde el Momnumento a los Españoles hacia Plaza de Mayo, con banderas argentinas. Pasadas las 15, se empezó a concentrar la mayor cantidad de gente. Durante el sábado, en Casa Rosada siguieron la evolución de la protesta, pero no estuvieron muy pendientes de la magnitud de la convocatoria.

Tampoco hubo dificultades ni entorpecimientos, tras el revuelo que generaron las declaraciones del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en los días previos a la convocatoria. El Presidente había pedido descomprimir la tensión y que fuera claro en que se permitiría el derecho a manifestarse libremente. “Nos corremos”, graficó el jefe de las fuerzas federales de seguridad.

La conducción de las entidades rurales con mayor representación estuvieron ajenas a la jornada. La Federación Agraria votó en contra de la adhesión y Jorge Chemes, de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), planteó que existen “otros caminos”, al destacar el trabajo de “diputados, senadores y gobernadores”, indicó al portal Bichos de Campo. La Sociedad Rural, más afín a Juntos por el Cambio, tampoco respaldó de manera institucional, para avaló a aquellos que decidieran asistir de autoconvocada. Quienes conocen al sector rural señalan que hubo movilizaciones desde algunas filiales regionales. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, habló de la adhesión de más de 200 entidades en todo el país. La agrupación más activa fue Campo+Ciudad, una organización sectorial afin a Juntos por el Cambio.

La Casa Rosada intenta recomponer el vínculo con estas entidades agropecuarias desde que designó a Julián Domínguez en el gabinete. Resiste, así, los reclamos del kirchnerismo y la línea económica más confrontativa del Frente de Todos, representada por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, que exige la aplicación de una mayor alícuota en las retenciones a los granos y cereales y adjudican la altísima inflación a los distintos eslabones del complejo agroindustrial.

Con el objetivo político de no tensionar, los funcionarios de Alberto Fernández se cuidaron en no recaer en los planteos clasistas contra los productores agropecuarios, un lugar frecuentado en el kirchnerismo y que alcanzó su punto cúlmine en el conflicto bisagra por la Resolución 125, en 2008. Apenas el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, habló de las “quejas de quienes tienen la panza muy llena”.

En el Ministerio de Julian Domínguez esbozaron sus cuentas para defender la política sectorial. Destacaron los apoyos de las líneas crediticias lanzadas por el Banco Nación y el de la Provincia de Buenos Aires que aportaron “más de $600.000 millones a tasas subsidiadas al sector”. O mencionaron el Plan Ganadero, que supuso “una inversión de $100.000 millones a tasas subsidiadas para recuperar el stock ganadero y hemos facilitado la exportación de vacas categoría D y E porque es valor de reposición del productor”. También detallaron las gestiones que se realizan, por estos días, para “destrabar el ingreso de fertilizantes” en el Banco Central, a pedido de las entidades.

Por el momento, la Mesa de Enlace se mantiene ajena a la confrontación con el Poder Ejecutivo y sostiene los canales institucionales de “diálogo permanente”. Ahora bien, persisten las desconfianzas y ocasionalmente hay cortorcircuitos con los representantes agropecuarios. La base social del ruralismo parece estar inquieta, desde que se incrementaron 2,5 puntos las retenciones en marzo pasado a los subproductos de la soja para financiar el fondo de estabilización del precio del trigo.

Pese a los esfuerzos y las tácticas de acercamiento, probablemente el Gobierno nunca recupere una adhesión sustantiva de un sector rural que cuenta con una identificaciones políticas fuerte. En las elecciones legislativas de 2021, toda la zona núcleo agropecuaria le dio la espalda al Frente de Todos.