El juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Andrés Gallardo suspendió la semana pasada el sistema de reconocimiento facial en la Ciudad y allanó la sede del Ministerio de Seguridad y el Centro de Monitoreo porteño tras detectar la migración irregular de datos biométricos del Renaper de más de 7,5 millones de personas hacia CABA, incluidos el Presidente, la Vicepresidenta, jueves de la Corte Suprema y el CEO de Clarín.

 

Entre las personas cuyos datos fueron migrados forma ilegal del Renaper a CABA por parte de la gestión de Larreta, es decir se los robó, figuran los dirigentes más importantes del oficialismo, como el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y el diputado Máximo Kirchner; pero también integrantes del propio espacio del jefe de Gobierno porteño, como Patricia Bullrich, Gerardo Morales y Elisa Carrió.

 

Ahora, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta presentó un escrito de 33 páginas en el que planteó subsidiariamente que, para el caso de que no sea revocada directamente la decisión de Gallardo, se conceda una apelación con "carácter suspensivo". Es decir, que mientras se tramita el recurso el sistema de reconocimiento facial vuelva a cobrar vigencia.

 

En el mismo, el gobierno porteño sostuvo que "de tener sospechas de alguna irregularidad acerca de la razón por la cual se habrían encontrado datos biométricos de personas que no se encontraban prófugos, debió dar intervención a la justicia penal".

 

Según la presentación, el daño del espionaje ilegal son meras “conjeturas” de un juez que "no explica de qué forma la implementación del Servicio de Reconocimiento Facial de Prófugos incida de forma suficientemente directa o sustancial sobre ciudadano alguno".

 

"Los supuestos perjuicios que se invocan son meramente hipotéticos y conjeturales", sostuvo la presentación hecha por el apoderado del gobierno porteño, Diego Sebastián Farjat.

 

Según consignó Página 12, el texto denunció una supuesta "violación al debido proceso legal" y reclamó la "nulidad de los allanamientos llevados a cabo en el Ministerio de Justicia y Seguridad y en el Centro de Monitoreo Urbano". "El magistrado ha decidido suplir la actividad que le compete a los litigantes, confundiendo su rol de director del proceso con el de parte", añadió.

 

Agregó también que el ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo D´Alessandro, "explicó pormenorizadamente el funcionamiento del servicio" y Gallardo "pudo haber requerido las explicaciones que considerase pertinentes sobre las eventuales inconsistencias o errores en la utilización del sistema".