Por Carlos Burgueño

 Al menos a los ojos del propio organismo financiero. Desde la sede de Washington se le comunicó el fin de semana a los interlocutores locales (que aún quedan, pero que probablemente se renovarán en días) que lo conversado la semana pasada con Silvina Batakis en Estados Unidos se mantiene. De lo que se deriva un mensaje doble. Por un lado, continuará la tregua temporal con el país, y se esperará hasta que se acomoden las nuevas autoridades plenipotenciarias en el Palacio de Hacienda para determinar la fecha clave de los próximos tiempos. Por otro, se sostendrá el acuerdo verbal (por ahora no firmado) por el que se determinará si el primer año del acuerdo vigente se cumple o no, cuando el ejercicio 2022 este concluido, y no durante este año.

Sobre lo primero, el FMI mantendrá su promesa de esperar algún tiempo para concretar la segunda misión del organismo, pactada para controlar los números del segundo trimestre del año con el fin de verificar los compromisos asumidos en la firma del Facilidades Extendidas aprobado el 25 de marzo. La organización del evento es fundamental para determinar si el país mantiene a flote el acuerdo, y si en consecuencia se liberan los fondos para pagar la próxima cuota. En definitiva, si Argentina sigue en pax con el mundo financiero o si la crisis arrastra al país al default. Algo que para evitarlo llegó Sergio Massa al gobierno. Según la cronología de las misiones, la segunda debería haber llegado al país en la última quincena de julio; un tiempo de turbulencias, donde cualquier control serio del FMI se hubiera llevado una visión distorsionada (y alarmante) de lo que pasa política y económicamente en Argentina.

En el momento del cambio de gestión de Martín Guzmán por Silvina Batakis, se prometió que se esperaría para dar una fecha, la que igualmente no se podrá extender más allá de agosto. Mientras tanto, el país deberá ordenar sus cuentas para que los visitantes (presenciales o virtuales) vean números y porcentajes razonables. Mientras este evento se concreta, desde el FMI no se emitirán opiniones ni sentencias (salvo las obvias, como bajar la inflación o mostrar solvencias macro), hasta que Sergio Massa y su gente se acomoden. Se supone que durante esa misión se aprobarán sin mayores cuestionamientos las metas del segundo trimestre, las que efectivamente se lograron según la visión que se tiene desde Buenos Aires, la que además recibió algún guiño desde Washington en los últimos días de gestión de Guzmán.

En la sede del Fondo siempre se creyó que las misiones deberían ser lo más rápidas posible una vez cerrado el período a fiscalizar, dadas las crónicas dificultades que muestra la economía criolla. Y que precisamente la próxima misión terminara los controles correspondientes al primer semestre del año, período en el cual se inauguran los controles del Facilidades Extendidas firmado el 25 de marzo pasado. Y que, en consecuencia, fuera necesario cerrar la primera etapa de las misiones con el tiempo suficiente como para comenzar a realizar la tarea más importante desde la aprobación del Facilidades Extendidas: discutir metas y objetivos con posibilidad cierta de incumplimiento, y las condiciones en las que el país pueda manejar su economía para cerrar 2022 aprobando el primer año del acuerdo.

Algo que, obviamente, las partes (incluyendo a Guzmán) ya consideraban a fines de junio muy difícil. Más bien, casi imposible. Y que sólo podría salvarse a partir de una seria negociación que debería comenzar una vez que la segunda misión del año haya culminado su faena. Esta promesa se mantendrá en Washington. Pero no mucho más allá en el tiempo. Terminado el tiempo de las treguas, el Fondo esperará definiciones.

Hay una realidad que Massa no podrá alterar. Durante todo el mandato que le reste a Alberto Fernández, el responsable de fiscalizar las misiones seguirá siendo Ilan Goldfajn. El director gerente para el Hemisferio Occidental fue designado en su cargo en febrero, con el explícito mandato (aceptado por él) de llevar detenidamente el caso argentino bajo su custodia.