Los aportes que el Estado nacional otorgó a sec­tores económicos, empresas públicas y fondos fiduciarios ascendieron en enero de este año a $23.451,9 millones, lo que representa un incre­mento de 501,1% respecto de igual mes de 2020, debi­do en gran parte a que doce meses atrás no se habían realizado transferencias al sector energético. En igual período del año pasado las transferencias habían sido inusualmente bajas al no concretarse giros a la princi­pal receptora, la Compañía Administradora del Mer­cado Mayorista Eléctrico (Cammesa), en tiempos de recambio presidencial. La información surge de un es­tudio de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap) y, más allá de la salvedad de tener como base de comparación un mes con transferencias menores a las ha­bituales, representa un toque de atención para el Ministerio de Economía, en su propósito de atenuar el volumen de los subsi­dios en el déficit fiscal.

Justamente, en estos días se encuentra en Estados Unidos el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, quien tiene previsto avanzar en las negociaciones -cara a cara- con el Fondo Monetario Internacional (FMI); en la antesala de esa gestión el funcionario se ha reunido con inversionistas a quienes les habría explicado las proyecciones y metas macroeconómicas del Gobierno del Frente de Todos. En ese marco, resaltó la necesidad imperiosa de bajar el déficit fiscal. Es la llave para abrir la puerta de cualquier acuerdo con el FMI. 

Sin embargo, a contrapelo de lo que marca el ma­nual, la administración del neokirchnerista Alberto Fernández sigue con el dispendio, los subsidios son un ejemplo. Y no solo los que sostienen a empresas de servicios, también los subsidios sociales. 

Al respecto, el Presupuesto prevé para 2021 un gasto total de subsidios económicos de $1.143.423 millones, un 44,9% más que los 789.248 millones desembolsa­dos en 2020, aunque debe advertirse que, al igual que la mayoría de las partidas presupuestarias, los gastos finalmente ejecutados superan ampliamente a los ori­ginales, principalmente por efectos de una inflación no contemplada en el proyecto oficial.

De los $23.451,9 millones del total de subsidios de enero, correspondieron a las transferencias para fi­nanciar gastos corrientes (subsidios propiamente di­chos) $22.920,7 millones, el 97,7% del total; en tanto, los $531,2 millones restantes fueron para el financia­miento de gastos de capital. Por ejemplo, las transfe­rencias a Cammesa (que vende la energía a las distribuidoras del interior, como la Dpec de Corrien­tes) fueron las que más aumenta­ron, se destinaron $15.786 millo­nes.

Ese monto se distribuyó entre $15.100 millones para Cammesa ($15.100 millones), $628,3 millo­nes para el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residen­ciales de GLP de sectores de bajos recursos y a la expansión de redes de gas natural. A su vez, los sub­sidios al transporte totalizaron $5.991,8 millones (+65,8%), de los cuales $5.787,1 mi­llones se destinaron al transporte ferroviario; acapa­rando $5.209 millones la empresa pública Operador Ferroviario Sociedad del Estado.

Por otro lado, las empresas públicas no vinculadas al transporte ni a la energía demandaron transferen­cias para sus gastos de funcionamiento de $1.077,8 millones, $877,8 millones más que en enero de 2020 (+438,9%), de las cuales $550 millones se destinaron a Acumar, $410 millones a Radio y Televisión Argentina S.A. y $115,8 millones a Télam.

Esta es la radiografía de gastos del Estado que casi nunca sale a la luz. Se solventa con el aporte de todos los argentinos y es la clave de porqué la caja no alcan­za y aumenta la presión fiscal.