En medio de las tensiones internas en el Frente de Todos por el futuro de la Hidrovía, el presidente Alberto Fernández tiene "a la firma" un Decreto de Necesidad y Urgencia que apunta a realizar cambios en esta vía navegable clave para el desarrollo del país por su importancia en el comercio exterior. Se le otorgará una concesión "corta" por un año a la Administración General de Puertos (AGP), se modificará su estructura y se la habilitará para el cobro de peaje a las navieras por el huso de la Hidrovía.

Según supo El Destape, el DNU saldrá publicado en el Boletín Oficial en las próximas horas, posiblemente el lunes. Uno de los artículos modifica la estructura de la AGP y le otorga por el plazo de 12 meses la concesión de la operación para realizar el dragado y el balizamiento. Luego, el propio organismo que depende del Ministerio de Transporte de Nación licitará las obras entre las dragadoras privadas. La concesión será a partir de que venza el plazo establecido por la resolución que extendió el contrato actual por 90 días a Hidrovía S.A., sociedad conformada por el grupo belga Jan de Nul y el holding argentino Emepa S.A..

El otro artículo que tendrá la norma tiene que ver con el cobre del peaje a las navieras el peaje por el uso de la Hidrovía. Hasta ahora el concesionario privado era el que cobraba la tarifa y con el nuevo DNU "se le otorga a Transporte la facultad para establecer la base tarifaria y el mecanismo de financiamiento por el sistema tarifa o peaje", señaló una fuente del área la cartera que dirige Alexis Guerrera El mismo será percibido por la AGP.

De esta forma, se cumple lo que Fernández había anticipado semanas atrás en una entrevista con Pedro Rosemblat. “Hoy en día lo que sería el peaje de la Hidrovía lo cobra el concesionario y después le rinde cuentas al Estado. Lo que podríamos hacer es cambiar esa regla: que el Estado cobre el peaje y después le pague al concesionario”, afirmó.

Asimismo, según supo este medio, existe otro borrador de un DNU que Fernández analiza y que tiene que ver con la creación de un órgano de control integrado por las provincias que integran el Consejo Federal de Hidrovía (Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe) además de los Ministerios de Transporte, Interior, y Desarrollo Productivo. La idea de este órgano nace como respuesta al proyecto de la senadora del Frente de Todos María de los Ángeles Sacnun de crear la Comisión Bicameral de Seguimiento Control de la Licitación y Funcionamiento de la Hidrovía y del sistema de Navegación Troncal argentino.

A la par de la concesión "corta" por el plazo de un año, se iniciará el diseño de una licitación de largo plazo para la explotación de esta ruta fluvial de 1.635 kilómetros y que constituye un cauce por donde sale el 80% de la exportación nacional. Esa licitación, según mencionan fuentes oficiales, apunta a realizar "obras estratégicas como ensanche del canal, radas, zonas de maniobra y la incorporación de nuevos servicios y mejor tecnología al mantenimiento". De esta forma, se hecha por tierra la pretensión de un sector del oficialismo que desde el Grupo 25 de Mayo pidieron estatizar la Hidrovía.

En ella se espera que el cobro del peaje siga en potestad del Estado. De esa forma, será un punto de equilibro entre los reclamos de las distintas partes del Frente de Todos. De hecho, en este punto coinciden tanto Fernández como el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. A los dichos del Presidente antes mencionados, Kicillof había asegurado en mayo que ”las vías navegables tienen que estar bajo el control del Estado" y que éste "tiene que tener el control, la fiscalización y el cobro de los peajes de la Hidrovía".

POR LUCAS BO