Puede haber llegado el momento, a 14 meses de las elecciones presidenciales, de poner foco en “el relato empresario”. Mientras hay pronósticos de recesión, pérdida de empleosy caída del poder adquisitivo, en el 50 Coloquio de IDEA se registraron este jueves reveladoras chicanas “de alta peluquería” entre encumbrados ejecutivos y abogados de prestigio. En el hotel Sheraton de Mar del Plata, más de 800 empresarios se dieron cita para fijar como todos los años la temperatura de las compañías en el último trimestre. El evento termina este viernes con algunos candidatos a jefe de Estado para el año próximo.

En la apertura, el titular de IDEA, Miguel Blanco, había resumido que el Gobierno quiere reformar la Constitución a través de cambios parciales en la legislación, como en la recienteley de abastecimiento. Y exaltó al Foro de Convergencia, como espacio multicámara opositor. Blanco sorprendió a varios referentes al hacerlos parar para que fueran aplaudidos por sus pares por su valentía de haber fijado “bases para el futuro”, luego de años de silencio. Los dichos generaron críticas del Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y luego dardos desde el “contracoloquio” que se realizó también en Mar del Plata con el titular de la Confederación General Empresaria, Ider Peretti, y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, como protagonistas, y unos 200 militantes en el teatro Melany.

Pero el combate de esos cambios legales no consiguen aún correlato en los hechos. Muy relajado en el lobby del hotel, el constitucionalista Daniel Sabsay acusó al Grupo de los 6 (G6), de usar la judicialización de la ley como pieza de negociación de diversos temas con la Casa Rosada, y repitió el argumento de la “precarización laboral” al que las entidades querrían someter al mundillo de los abogados. “No quieren pagar lo que corresponde por la tarea que implica llevar adelante este litigio”, dijo indignado uno de los juristas de consulta del establishment. “Me pagan un 10% de lo que empresas que forman las cámaras me han pagado, y lo mismo ofrecieron al resto de los abogados”, disparó. Hace unas semanas, Sabsaydenunció en diario PERFIL que el G6, que reúne a financistas (Bolsa), los bancos privados nacionales (Adeba), la construcción (Camarco), el comercio (CAC), chacareros (Sociedad Rural) e industriales (UIA), había hecho una oferta económica “ridícula” tanto a él, como a sus colegas Jorge Vanossi y a Juan Carlos Cassagne. “Si no quieren litigar realmente, ¿para qué nos usan?”, disparó. El abogado hablará este viernes. “Va a arder troya”, prometió, aunque no aseguró si se referirá al tema.

El dilema del “uso de los constitucionalistas” y la vaquita insuficiente para pagarles recalentó el debate por la ley de abastecimiento justo cuando Peugeot fue multada como resultado de la aplicación de leyes de Defensa de la Competencia. Los referentes del G6 presentes en el evento, lo negaron enfáticamente y acusaron Sabsay de “no tener códigos”. “Lo que es seguro es que a Sabsay no lo queremos, porque eligió hablar con la prensa, poné eso”, disparó Héctor Méndez, de la UIA, ofuscado. “No tendríamos que pagarles nada, porque esto es puro prestigio”, se defendió. El martes próximo, adelantó, el propio Cassagne irá a la UIA “para cerrar un acuerdo” que negocia el abogado laboralista y vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja. El titular de la SRA, Luis Miguel Etchevehere, había dicho que ya habían contratado a Cassagne. “Es mentira, Cassagne dijo que si no está Sabsay no agarra”, indicó el propio constitucionalista, que sugiere que en G6 está haciendo circular que ya agarró para presionar al letrado. Jorge Vanossi había dicho que no tomó el caso, sin dar detalles, y Cassagne no respondió al cierre de la nota.

La ley de abastecimiento fue aprobada el 18 de septiembre. Desde antes de su sanción, los empresarios venían asegurando que irían a la Justicia por artículos que le dan al Estado la potestad de intervenir en precios y rentabilidad, aunque otros remueven penas de cárcel ya vigentes. A un mes y una semana, todavía no pasó nada. En reuniones con diversas cámaras, el ministro de Economía, Axel Kicillof, dio a entender que no habría una aplicación inmediata e instó a fumar la pipa de la paz. En el G6 surgieron diferencias entre presentar la ley en abstracto o esperar un caso puntual. En varias cámaras, además, los equipos técnicos aconsejaron no litigar, “por que hay otras prioridades”, alentando la tesis “negociadora” de Sabsay. “Nosotros vamos a presentarnos en la Justicia, el tema está avanzando“, insistió Etchevehere, enfático en afirmar que “no se frenó nada”, y en negar diferencias con Sabsay. En cambio, Méndez asegura: “Si me dicen que no se puede presentar nada, no lo presentamos, y hay que ver qué dicen las demás entidades”.

Frente a un cierre de año con caída de actividad y pronósticos de que, en el mejor escenario,habría estancamiento hasta 2016, el tema puede parecer menor, aunque revela la distancia que el mundo empresario transita del dicho al hecho tras surfear el kirchnerismo sin crítica. Esa brecha se reflejó hace unas horas, cuando en un panel interactivo los empresarios respondieron si era censurable que se pagara una coima para “facilitar” una habilitacióncuando el Estado la retiene de forma maliciosa. El 53% dijo que “siempre” es censurable, y un 28% que no lo es si se dan “casos extremos”. El ex secretario de Cultura, José Nun, los desafío: “Se puede reformular la pregunta de la siguiente manera: ¿es censurable que un empresario vaya a actos oficiales para obtener beneficios que si no fuera no conseguiría?”. Hubo aplausos.

Por Jairo Straccia, Editor de Economía de Diario Perfil | Twitter: @JairoStraccia