El gobierno de Barack Obama desconoció a la Corte Internacional de La Haya como el ámbito adecuado para tratar la disputa entre el gobierno argentino y los llamados fondos buitre.

No sólo eso. Lejos de aceptar la nueva estrategia de Cristina Kirchner y del ministro Axel Kicillof, la posición del gobierno demócrata coincidió con la que el juez Thomas Griesa viene exponiendo y ratificó ayer. En otra audiencia en la que volvió a ser crítico con el país, Griesa calificó una docena de veces de "falsas y engañosas" las afirmaciones que hizo el Gobierno en solicitadas publicadas en diarios norteamericanos. Según EE.UU., la salida es un acuerdo de pago con los ganadores del juicio.

El rechazo de Estados Unidos cierra la posibilidad anunciada por el Gobierno de abrir juicio en la Corte Internacional, con sede en la ciudad holandesa.

Dadas las características de la Corte Internacional de Justicia, el proceso no se abre hasta tanto ambas partes expresen su consentimiento de someterse a esa jurisdicción. Eso fue lo que ayer, sin sorpresas, negó el gobierno norteamericano. El rechazo no causó sorpresa en esta ciudad, donde casi todas las fuentes consultadas lo habían dado por seguro.

En todo caso, el dato llamativo que acompañó la confirmación de la noticia fue el hecho de que la cargada agenda del Departamento de Estado se haya tomado dos días antes de producir una respuesta formal. Un dato adicional pinta esa situación. Ayer, cuando la cuestión se planteó en la habitual rueda de prensa de esa cartera, los voceros ni siquiera lo tenían en agenda. "Tengo un pequeño asunto aquí. La Argentina parece estar denunciando a los Estados Unidos ante la Corte Internacional", planteó un periodista norteamericano. "No he visto eso. Déjeme chequear y luego le informo", contestó la vocera del Departamento, Marie Harf.

La respuesta llegó un par de horas después. Con apenas cuatro líneas que resumían la posición en estos términos: no se acepta la jurisdicción de La Haya para el asunto de los fondos buitre y la salida es la negociación entre partes. Junto con eso, la evidencia de que el debate "sobre lo que está ocurriendo en la economía internacional", que pidió la Presidenta el jueves, no generó aún respuesta en esta ciudad.

Así, la posición formal de rechazo a la idea de ir a La Haya quedó expresada en estos términos. "No consideramos a la Corte Internacional de Justicia [CIJ] como el foro adecuado para atender la situación de la deuda de la Argentina", sostuvo un vocero de la cartera de John Kerry. "Volvemos a exhortar a la Argentina a que negocie con sus acreedores para resolver los asuntos pendientes con los tenedores de bonos''. El portavoz, que pidió reserva de su nombre, es fuente oficial del Departamento de Estado.

De ese modo, la demanda contra EE.UU. ante el tribunal de La Haya agotó su ciclo vital apenas 48 horas después de haber sido anunciada por la Presidenta en la cadena nacional. Consultados, voceros del Ministerio de Economía argentino dijeron ayer que responderían una vez que hubieran recibido la notificación oficial.

La posición del Gobierno de cargar contra EE.UU. fue bajo el argumento de que su sistema judicial había incurrido en "violación de soberanía", a partir del fallo de Griesa, por el que se obliga al país a pagar a los acreedores. El fallo fue ratificado por todas las instancias competentes del sistema judicial norteamericano, incluida la Corte Suprema.

También en nuestro país numerosos analistas habían pronosticado el resultado adverso. Entre ellos, el ex fiscal ante la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo y el ex embajador en esta ciudad Diego Guelar. "Ahora Estados Unidos tendrá que decir si aceptan o no esa jurisdicción", había admitido la presidenta en su discurso. Tuvo que espera hasta la tarde de ayer para que se conociera formalmente la noticia del rechazo.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmó que en caso de producirse el desenlace ahora confirmado el gobierno norteamericano "estará en la obligación de indicar un medio de solución pacífica alternativo para resolver la presente controversia".

El Departamento de Estado pareció también dar respuesta a ese requerimiento con la afirmación de que la salida es "negociar" con los ganadores del juicio. De la posición conocida ayer en esta ciudad no surge ninguna otra alternativa complementaria.

En su acusación, la Argentina había reprochado a EE.UU. por "incurrir en violación de su obligación internacional de respetar la soberanía de la Argentina, en particular sus inmunidades soberanas". También de "violación de su obligación internacional de no aplicar o estimular medidas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado" y vulnerar "la obligación internacional de ejercer de buena fe y conforme a derecho las funciones judiciales que la República Argentina ha aceptado en el marco exclusivo del alcance de esta aceptación". En suma, señaló el Gobierno, "vulneran la determinación soberana de la Argentina de reestructurar su deuda externa"..