Por Carlos Burgueño

A horas de la aprobación, con críticas, por parte del board del Fondo Monetario Internacional (FMI) del cumplimiento de las metas del primer trimestre del año pactadas dentro del acuerdo de Facilidades Extendidas, la mira del ministerio de Economía está ya puesta en la próxima misión del organismo; la que, si las cosas salen como se esperan en Buenos aires, se concretaría a fines de julio u agosto. Esto será, una vez que venza el segundo trimestre del año, cuando los números y porcentajes locales ya muestren cierto descalibramiento y se coloquen en un foco de desequilibrios generales.

El Gobierno reconoce esta realidad, pero confía en la promesa que desde Washington se le hizo al país: que cualquier alteración de las metas y objetivos por los incumplimientos criollos se resolverá a año completo. Dicho de otra manera, si el acuerdo se incumple, será evaluado por el organismo que maneja Kristalina Georgieva en el primer trimestre del 2023. Y no en el segundo semestre de este ejercicio, lo que implicaría problemas extras para el país.

Es con la confianza sobre esta presunción, que desde el Palacio de Hacienda se informó un déficit fiscal primario en mayo de unos $162.412 millones, impulsado por un incremento del gasto de 90%, revirtiendo además un superávit de $ 25.714 millones en el mismo mes del 2021; período en el que operó de manera positiva en la recaudación el Aporte Solidario y Extraordinario, por unos $80.234 millones, dinero que este año, de todas maneras, no hubiera servido para terminar los ingresos y gastos en azul. En términos reales, los ingresos del fisco nacional cayeron un 1,3%, mientras que el gasto primario subió un 17,2%. Según aclara Economía, el déficit fiscal acumulado entre enero y mayo alcanza hoy el 0,56%; mientras que si se repitiera el panorama este mes, el dato final se acercaría al 1% en el primer semestre del año.

 

El ministerio de Economía afirma que pese al crecimiento, la proyección para el 2022 aún mantiene el equilibrio con la pauta de un déficit primario final de 2,5% sobre el PBI según lo pactado con el FMI; y que no debería haber alarmas en la relación con el organismo. Y, en consecuencia, en la aprobación de la meta pactada con el Fondo. Sabe sin embargo Economía que esto dependerá de que el FMI mantenga su visión sobre el primer trimestre, y no considere como inválidos la contabilización como ingresos de las rentas de propiedad por emisiones primarias y rentas de deuda pública. Según la mayoría de los analistas privados estos ingresos corresponden a una “contabilidad creativa” y no a recaudación real.

Sin embargo, el FMI aprobará mañana los números fiscales argentinos contabilizando esos recursos como válidos, convalidando la meta de 0,3% correspondiente al período enero-marzo 2022. Si el FMI mantuviera esta actitud en el segundo trimestre del año, no habría problemas en dar por aprobada la meta pactada con el Fondo para el período. Si cambiara de criterio de análisis, se desaprobaría todo el período. Se abre entonces un tiempo de lobby y negociación entre Argentina y el principal deudor histórico del FMI. Según lo firmado, el gobierno de Alberto Fernández se comprometió a ser anfitrión de al menos siete misiones del FMI. La que culminó el viernes pasado fue la primera. Le restan seis mas.

Luego, para la administración que suceda a la actual, se descarta que habrá que llamar a una renegociación. Probablemente durante todo el mandato de Alberto Fernández, el responsable de fiscalizar las misiones sea el brasileño- israelí Ilan Goldfjan.

El director gerente para el Hemisferio Occidental fue designado en su cargo en febrero, con el explícito mandato de llevar detenidamente el caso argentino bajo su custodia. Y desde el primero momento, Golfjan le dejó en claro a los hombres y mujeres de Buenos Aires que es el máximo responsable ante el board del organismo del éxito o fracaso del Facilidades Extendidas aprobado (con muchas dudas) el 25 de marzo. El director había afirmado en la reunión de Primavera del FMI y el Banco Mundial de Washington, que ese compromiso sería cumplido a rajatabla, y que sería duro en la fiscalización. Y que esa tarea incluiría la recalibración de números y porcentajes para evaluar y descartar potenciales waivers.