El presidente Alberto Fernández le respondió al procurador interino Eduardo Casal a través de una carta y aseguró que sus expresiones relativas al fiscal Diego Luciani fueron "en el marco del derecho a la libertad de expresión".

En una misiva que el hizo llegar este jueves, Casal consideró que los dichos del jefe de Estado en una entrevista periodística son "una clara perturbación en el ejercicio de sus funciones”.

“Esas expresiones no solo importan un menoscabo a la independencia y autonomía de este Ministerio Público Fiscal, sino que constituyen una injerencia indebida en el tramite de un proceso por cuya legalidad esta misma Institución tambien debe velar (art. 120 de la Constitución Nacional), y que al mismo tiempo afecta el principio republicano de división y respeto de poderes”, afirmó.

Frente a estas consideraciones, el jefe de Estado le indicó al Procurador "dichas expresiones en modo alguno pueden ser interpretadas en el sentido de querer condicionar el accionar de un funcionario".

"Ello queda claro toda vez que fueron vertidas cuando el Fiscal de la causa ya había finalizado su alegato en el proceso", justificó Fernández.

El presidente remarcó, sin embargo, que el Poder Judicial, sus magistrados y funcionarios "no están ni podrán estar exentos de críticas y opiniones en una sociedad democrática".

Eduardo Casal, procurador

Por tal motivo, trajo como ejemplo el caso del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien "fue encarcelado y condenado injustamente, y por lo tanto proscripto para participar de las elecciones presidenciales".

Ese proceso, señaló Fernández, "fue en verdad una persecución judicial, mediática y política" con el objetivo de impedir que el brasileño fuera candidato.

Posteriormente, la Justicia del país vecino encarceló al líder del Partido de los Trabajadores pero "para ese entonces las elecciones ya habían ocurrido".

"Resulta de suma importancia que las opiniones que alertan sobre los peligros que pueden acechar a las democracias sean formuladas a tiempo y en forma pública porque el Estado de derecho no exime de críticas a los miembros del Poder Judicial", insistió.

Con esa aclaración, el presidente sostuvo que sus dichos estuvieron enmarcados en el "derecho a la libertad de expresión garantizado en la Constitución Nacional y sin infringir los límites establecidos en el artículo 109".

"Mis declaraciones constituyen una expresión de lo que observa una gran parte de la ciudadanía: que, a la hora de actuar, muchos magistrados y/o funcionarios de la Justicia Federal prestan más atención de determinados intereses fácticos y/o políticos que a las normas vigentes, y que esta situación hiere a la democracia que tanto esfuerzo y dolor nos costó conseguir a argentinos y argentinas", argumentó el primer mandatario.

Más incisivo, le sumó a su respuesta que al procurador "no le ha preocupado" el encuentro que mantuvo el expresidente Mauricio Macri recibió en la casa al policía Luis Chocobar "mientras transcurría el juicio en el que terminó condenado".

"Tampoco llamó la atención del Sr. Procurador" que Macri "instruyera a su Ministro de Justicia para que iniciara juicio político al juez Alejo Ramos Padilla y advirtiera al Consejo de la Magistratura sobre la necesidad de destituirlo.

"Esta doble vara para medir hechos institucionales y esta sistemática asimetría en las posturas adoptadas por parte de algunos importantes magistrados y funcionarios de la justicia federal e incluso del propio Sr. Procurador Adjunto frente a los distintos actores políticos, tornan aún más necesario que se abran estos debates para cuidar la salud de la democracia y para que en la región no vuelva a ocurrir la afectación de los procesos electorales y de la vida democrática de la sociedad por la actuación de la justicia con intereses políticos y/o fácticos".