La convocatoria a sesiones extraordinarias, realizada por la presidenta Cristina Fernández, permitirá que los diputados sancionen la ley que modifica la norma que pena la trata de personas. El debate se realizará el próximo miércoles y ya cuenta con el respaldo, además del Frente para la Victoria; del PRO, el FAP y los radicales. La UCR anticipó críticas y la necesidad de realizar modificaciones al proyecto, algo que es prácticamente improbable que ocurra.

La decisión presidencial se conoció a través del Boletín Oficial, que prevé un período de sesiones extraordinarias que se desarrollará entre el 18 y el 31 de diciembre. En este lapso, las Cámaras sólo pueden ser convocadas por el Poder Ejecutivo, que además es el que determina cuáles son las normas que se pondrán a discusión.

La inclusión del proyecto de la ley de trata de personas se produjo apenas unas horas después del fallo de la justicia tucumana que absolvió a los 13 acusados del caso Marita Verón y que generó una amplia conmoción social en todo el país.

Anoticiado de la novedad, el bloque oficialista comenzó preparar la agenda que prevé una reunión de tres comisiones para el martes y al día siguiente la sesión desde el mediodía. La decisión del bloque oficialista es firme y no habilitará correcciones como lo reconoció el presidente de la comisión de Legislación Penal, Oscar Albrieu.

"Debemos dar una mensaje fuerte a la sociedad y no podemos postergarla", reconoció el diputado rionegrino quien será el responsable de coordinar la reunión conjunta de la comisión que preside y las de Presupuesto y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. El dictamen será rubricado ese mismo día. "Si son necesarias otras correcciones siempre hay tiempo para realizarlas durante el próximo período legislativo", reconoció Albrieu.

La inclusión de la comisión de Presupuesto, que conduce Roberto Feletti, se debe a que el texto normativo prevé la creación del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, que debe diseñar la estrategia destinada a combatir la trata y explotación de personas, y formación de un Comité Ejecutivo, que debe contar con una partida para su funcionamiento.

En tanto y durante una conferencia de prensa realizada en el mediodía de ayer en Diputados, representantes de los bloques opositores reconocieron la necesidad de sancionar la norma y se mostraron proclives a aprobarla. Sin embargo, entre los radicales, que fueron parte de esa conferencia, hay críticas tanto a la ley como la oportunidad en que se decide que llegue al recinto.

"No ha habido políticas estatales referidas en materia de trata, narcotráfico y corrupción, cuestiones vinculadas entre sí", afirmó el presidente del bloque radical, Ricardo Gil Lavedra olvidando, quizá, que ya existen políticas coordinadas entre varios ministerios en cuanto al combate y prevención de la trata de personas.

Más duro se mostró Miguel Bazze, quien afirmó que "el proyecto de la ley de trata no se debatió hasta ahora porque el oficialismo lo impidió".El diputado de la Unidad Popular del FAP, Claudio Lozano se sumó a ese argumento al decir que el llamado a sesión es "oportunista" luego de haber mantenido "cajoneado" el proyecto.

Si se mira el almanaque, hay un dato que podría poner en duda los argumentos de ambos diputados porteños. La media sanción que se debatirá el miércoles fue aprobada el 31 de agosto de 2011 en el Senado, cuando el entonces Grupo A controlaba la Cámara Baja y fueron los legisladores de la oposición quienes no incluyeron la iniciativa en los temarios de las sesiones que se concretaron hasta el 30 de noviembre de ese año, cuando se renovaron las bancas y el oficialismo recuperó la mayoría.

Recién en la última semana de noviembre, cuando se realizó la última sesión ordinaria del año, el radicalismo presentó modificaciones al proyecto. Por otro lado, es verdad que hay diferencias entre los diputados pero que abarcan a todos los bloques. Por caso, tanto en el FPV como en el radicalismo, hay quienes consideran que el proyecto debería incluir penas para los clientes.

Entre las quejas que expresaron algunos legisladores está la modificación en la forma que las víctimas de trata prestarán sus testimonios en los procesos judiciales. A partir de ahora declararán a través de la Cámara Gesell con la asistencia de un psicólogo y las partes del juicio, que incluye a los abogados de los acusados, podrán interrogar pero siempre a través del psicólogo.

Algunos diputados consideran que esto puede estar violando los derechos de los acusados. "Esto es absolutamente constitucional y no conculca ningún derecho", afirmó la diputada Diana Conti.

La legisladora, a la sazón presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, afirmó que "con esta normativa penal los jueces contarán con instrumentos idóneos para combatir el flagelo de la trata", y aclaró que "promover la prostitución, reducir a servidumbre y la trata serán delitos no excarcelables". Un punto que, curiosamente, fue considerado como "polémico" por Gil Lavedra.

Por último, el jefe de los diputados kirchneristas, Agustín Rossi, precisó la importancia de las modificaciones que se realizan sobre la legislación actual: "La primera es la que dice que no importa que haya consentimiento o no de la víctima sino que la red responsable es igualmente juzgable; y la segunda es que se genera un programa de asistencia médica, psicológica y asesoramiento jurídico." «