Tras divulgarse una segunda foto de la celebración de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez junto al presidente Alberto Fernández y amigos, referentes de Juntos por el Cambio en Diputados abrieron la posibilidad de presentar un pedido de juicio político.

Según un borrador al que pudo acceder PERFIL, un grupo de integrantes del frente opositor comenzaron a bocetar dicho pedido y justificaron su poder para hacerlo basándose en lo expuesto por el artículo 53 de la CN, con respecto a la Cámara de Diputados 

En el mismo, precisa: "sólo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos...".

Acto seguido, el escrito firmado por Jorge Enríquez, Waldo Wolff, Luis Petri, Gabriela Lena, Gonzalo del Cerro, David Schelerth, Pablo Torello, Fernando Iglesias, Francisco Sanchez, Adriana Caceres, José Patiño y Héctor Stefani, aclara los motivos de la solicitud. Según comentaron a PERFIL fuentes de la oposición, los legisladores Omar De Marchi y Luis Juez también se sumarían a las firmas.

"Es en ejercicio de esta facultad que vengo a proponer a este cuerpo el inicio del proceso institucional de juicio político contra el Presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, por las causales de mal desempeño en la gestión de la pandemia", expresa.

Junto a ello, suma "la comisión de un delito común, pero de extrema sensibilidad para los argentinos, de violación de las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la propagación de una epidemia"; en relación a las visitas a Olivos.

A continuación, el documento de ocho páginas reitera que "el Presidente de la Nación ha incurrido en mal desempeño en la gestión de la Pandemia producto del Covid-19. No se trata de una política más de su gobierno, sino que la protección de la vida".

Y precisa: "Corresponde mostrar el mal desempeño de la política de salud, que después de la cuarentena más larga del mundo cuenta con más de 5.050.000 de personas contagiadas y más de 108.000 muertos, revelando con absoluta y mortificante realidad".

Hechas las anteriores aclaraciones, proceden a enumerar los delitos en los que habría incurrido el Presidente de la Nación y que, justamente, desembocarían en "el mal desempeño en la gestión de la Pandemia producto del Covid-19":

Implementación de un vacunatorio VIP: el mismo presidente recibió la vacuna “saltándose la fila”, cuando ni los médicos estaban vacunados. El Presidente de la Nación minimizó el hecho, afirmando que se trató de un hecho puntual y asegurando "que los medios han montado un escenario mediático de escarnio público”.

Utilización política de la vacuna: no sólo por medio de su inoculación a la “militancia” sino en la conversión de unidades básicas en vacunatorios sin ningún protocolo. Numerosos municipios de las provincias de Buenos Aires y Santa Cruz fueran inmunizados con las dosis reservadas prioritariamente para las personas en situación de riesgo.

Falta de vacunación: principalmente de los menores con comorbilidades, mal planeada y todavía no ejecutada.

Opacidad en las contrataciones del Estado: con la excusa de la confidencialidad que obviamente no puede cubrir los detalles relativos a otra cosa que no sean las fórmulas de las vacunas.

Especulación política de la compra de vacunas: según lo admiten públicamente sus funcionarios y consta en documentos que comprometen al Estado argentino frente a la comunidad internacional, indicando que hubo otras razones para evitar la compra de vacunas Pfizer por cuestiones ideológicas.

Inexistencia de una política de testeos: tampoco exigió, que se instalara un sistema de supervisión del cumplimiento del Plan de vacunación

Visitas a Olivos: acaba de exponerse ante la opinión pública la situación de que mientras se exigía a la población una cuarentena estricta durante el año 2020, con prohibición de reuniones familiares de todo tipo, inclusive de velorios, el Presidente de la Nación y la Primera Dama celebraban cumpleaños y recibían gente de manera presencial en la Quinta Presidencial.

En los últimos tramos del escrito, sentencian: "Ha conculcado gravemente los derechos y garantías reconocidos a los habitantes de nuestro país en la Constitución Nacional, en especial al haber perjudicado el acceso a la salud de la población".

Y concluyen: "Por todo lo expuesto, considero configurada la causal de mal desempeño que habilita la apertura del procedimiento en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a efectos de investigar y, en el caso, avanzar con el proceso de destitución".

En simultáneo, el precandidato a Senador por Juntos, Mario Negri, aseguró que las visitas a Olivos fueron "la gota que rebalsó el vaso" y que se encuentra trabajando de manera independiente en un presunto segundo pedido de juicio político.

"Hoy vemos que la gota rebalsó el vaso. Estamos trabajando en el pedido de juicio político al Presidente. Hablé recién con Cristian Ritondo y me dijo que está de acuerdo en acompañar”, adelantó Negri en diálogo con LN+.

“Tengo la decisión tomada porque, aunque sé que no tenemos número, porque se precisan dos tercios y el kirchnerismo bloqueará todo, queremos que el Congreso debata esto. Que se den explicaciones", culminó el precandidato a Senador.

Juntos por el Cambio condenó la "violación a la cuarentena del Presidente" 

Previo al difundirse el borrador antes desglosado, La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio expresó su "absoluto repudio al incumplimiento por parte del Sr. Presidente de la Nación, Alberto Fernández, de la cuarentena obligatoria dictada él mismo".

Exigió que "en forma urgente se le brinden a toda la sociedad argentina las explicaciones que justifiquen esta conducta". Los referentes de la coalición sostuvieron: “Los argentinos que no cumplían con el aislamiento eran perseguidos y sometidos".

"Mientras tanto, el Presidente participaba de festejos y encuentros sociales en la Residencial Presidencial de Olivos violando los decretos de necesidad y urgencia dispuestos por el mismo Poder Ejecutivo que él encabeza", agregaron.

Y concluyeron: “Estamos hablando de una conducta que no puede ser pasada por alto. Es una clara muestra de cómo algunos dirigentes políticos actúan como si pertenecieran a una casta privilegiada y una irresponsabilidad que merece ser condenada”.