El descongelamiento de precios que dispuso el Gobierno generó bastante más que una disputa por la forma en que se intenta encorsetar la inflación.

Por si faltaran grietas, esta medida dejó a la vista tres focos de conflicto importantes que tienen como protagonistas al propio Gobierno, las alimenticias y los supermercados.

Grieta 1. Gobierno- Alimenticias: Que la relación entre el sector alimenticio -aunque se podría hablar de buena parte del empresariado- no es la mejor, a esta altura no es una novedad. Las cosas no fueron bien durante el último año sobre todo debido a la negativa del Gobierno de eliminar el programa Precios Máximos, y el nuevo congelamiento no hizo más que ahondar las diferencias.

En primer lugar, porque la iniciativa oficial surgió de forma inconsulta y sorpresiva.

En segundo, porque cuando las empresas intentaron acercar posiciones y propusieron reuniones con varias de las empresas por separado, de modo de pulir algunos aspectos, el Gobierno solo atinó a decir que pretendía sacar la resolución cuanto antes, y que lo que no se acordaba en ese lapso, saldría directamente publicado en el Boletín Oficial.

En la previa de la última reunión entre el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, y el titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), el clima sin dudas no era el más propicio para llegar a un punto en común.

 

Supermercados se abren al diálogo y apuntan al "compromiso" de las alimenticias

"Los acercamientos realizados hasta el momento reflejan la falta de voluntad por parte de las autoridades para realizar un acuerdo con el sector", apuntó Copal en un comunicado emitido apenas antes del encuentro.

Si el Gobierno estaba apurado y su ánimo dialoguista no estaba al 100%, el escrito terminó por dilapidar cualquier chance de que algo mejorara.

Grieta 2. Alimenticias-Alimenticias: Las empresas alimenticias también sacaron a relucir sus diferencias.

Es cierto que en la determinación de que todo saliera sin acuerdo y tal como el Gobierno quiso mucho tuvo que ver el apuro y la necesidad del propio Gobierno por mostrar acción ante el avance de la inflación, aunque entre las compañías no había acuerdo total respecto de cómo avanzar.

Copal agrupa a las empresas del sector, aunque no todas tienen las mismas necesidades ni intereses.

En medio de las discusiones con el Gobierno, dentro de Copal también hubo intercambios de opiniones. Las compañías de mayor peso dentro del mercado eran las que estaban dispuestas a ser escuchadas a cualquier precio, incluso si eso significaba no cerrar un acuerdo.

Otras pretendían mantener abierta la puerta de las negociaciones -más allá de los plazos muy cortos que impuso el Gobierno para cerrar todo-, aunque se impuso finalmente la postura más dura.

En Copal ya estudia distintas variables para ir contra la resolución oficial, que van desde la presentación de un reclamo judicial hasta la activación de instancias judiciales

El Gobierno incluso tomó esto como personal, y mandó a un ejército de trolls a atacar a Arcor, a quien puso como cabeza visible de las firmas que se inclinaban por la primera opción.

Lejos de cerrarse, la grieta interna de las alimenticias hoy sigue viva, y la cuestión ahora pasa por cómo continuar esta historia. Judicializar o no, esa es la incógnita dentro de Copal.

En la entidad ya se estudian distintas variables que van desde la presentación de un reclamo judicial hasta la activación de instancias judiciales. Habrá que esperar para ver qué postura gana.

Los precios se meten en la campaña: el Gobierno, contra la oposición y sin plan claro para persuadir a las empresas

Grieta 3. Supermercados-Alimenticias: Los supermercado también quedaron dentro de las diferencias sectoriales y el viernes pasado dejaron ver algo de esto. Sin apuntar en forma explícita a las alimenticias, en un comunicado sostuvieron que harían todo lo posible para que la reglamentación oficial se cumpliera, aunque dejaron en claro que no están dispuestos a ser tratados nuevamente como parte de la cadena de culpables de que suba la inflación.

"En la última semana las cadenas de supermercados hemos trabajado para la implementación de la Resolución 1051/2021, dispuesta por el Gobierno nacional", afirmó el comunicado de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU).

En este sentido, apuntaron que "confiamos en el compromiso de nuestros proveedores para cumplir y mantener sus niveles de servicio", al tiempo que se volvieron a caratular como "el último eslabón de la cadena", por lo que dependen de ellos para determinar los precios de venta finales.

Para esto, los supermercados deberán también colaborar con el Gobierno en lo que tiene que ver con la fiscalización del cumplimiento de la normativa, tanto en lo que tiene que ver con los precios como con el normal abastecimiento. Saben que, sino, para el público en general pasarán a ser parte de la cadena de culpables.